Por Brian Monroe.
Decenas de miles de prestamistas no bancarios residenciales que operan en Estados Unidos aún no están en conformidad con las normas de la Ley de Secreto Bancario, a pesar de que hace más de cinco meses se venció la fecha límite dada por el Departamento del Tesoro.
La Red de Control de Crímenes Financiera (FinCEN por sus iniciales en inglés) advirtió en febrero de 2012 que los prestamistas tenían hasta agosto de ese año para poner en práctica los controles antilavado de dinero (ALD), incluyendo un sistema para reportar operaciones sospechosas y auditar su programa de cumplimiento.
Este mandato aplica sobre aproximadamente 31.000 prestamistas no bancarios, incluidas las empresas sin fines de lucro que son que participan de forma “razonable” en el procesamiento de préstamos residenciales.
“Hay un número significativo de empresas que no están cumpliendo, tantos que estoy un poco sorprendido de que se divulgue el número tan alto”, señaló Richard Zack, socio de la firma de investigaciones de cuello blanco Pepper Hamilton LLP.
En particular, los prestamistas no bancarios están “luchando para capacitar a los empleados, a pesar de que existe cierta superposición de la formación para aseguramiento y control de calidad crediticia”, dijo.
“Estas empresas tienen que darse cuenta de que no pueden designar como oficial de cumplimiento a un verificador con otras seis funciones. La persona debe tener la experiencia acorde al perfil de riesgo de la compañía, lo cual puede ser mucho dinero si tienen que contratar a alguien de afuera de la empresa”, advirtió Zack.
En una encuesta realizada por una empresa que provee una base de datos de la industria para los controles de debida diligencia, más del 70% de los prestamistas no bancarios señaló que para el mes de enero aún no habían aplicado controles ALD, de acuerdo con Greg Schroeder, presidente de la firma Comergence, que gestiona la base de datos.
“Muchos de los prestamistas todavía no son conscientes de que tiene que crear un programa ALD, mientras que otros tienen la mentalidad que se ocupará del ALD cuando sean atrapados”, aseguró el empresario.
FinCEN, que emitió un “aviso importante” en agosto recordando a la industria la fecha límite, ha estimado que el costo para el sector de las empresas pequeñas será “relativamente mínimo“. Las funciones adicionales de cumplimiento significarán tan sólo tres horas de trabajo adicional por año, estimó la oficina.
Sin embargo, las empresas temen que si se centran en el cumplimiento se distraerán de hacer ventas, dijo un individuo representante de una asociación que agrupa a docenas de prestamistas no bancarios.
“Durante mucho tiempo, el sector de crédito no bancario ha existido con una cultura de ventas”, explicó la fuente, que pidió permanecer en el anonimato. “Les toma un poco más tiempo entender la importancia de lo que es una cultura de cumplimiento y cómo se aplican a su industria”. Las normas pesan más principalmente sobre los prestamistas más pequeños, dijo la persona.
“Las pequeñas empresas están pasando por un difícil período de transición en lo que respecta a la creación de programas ALD. Ellos están teniendo que capacitar, aumentar el personal al contratar a una persona de cumplimiento, delegar elementos del programa a varias personas o fusionarse con otras empresas” para contar con el personal suficiente y los recursos para absorber las obligaciones añadidas.
Los prestamistas que tienen la esperanza de ser tratados con suavidad cuando los examinadores del Servicio de Rentas Internas (IRS, su sigla en inglés) lleguen a inspeccionarlos probablemente serán decepcionados. alertó Frank Mayer, un socio en el grupo de práctica de servicios financieros de Pepper Hamilton.
“El IRS ha agrupado sustancialmente sus recursos para las inspecciones de los sistemas AML con respecto a los prestamistas no bancarios”, indicó el experto, quien agregó que aunque se han realizado pocas inspecciones, las auditorías que se están realizando son exhaustivas. “Los examinadores fueron saliendo con cajas y cajas de documentos”, dijo Mayer.
