Por Carla Valero
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Los casos de corrupción, narcotráfico y lavado pueden generar mucho dinero para los países involucrados en las investigaciones y operaciones. Para mantener las cuentas claras, EE.UU. mediante el Departamento del Tesoro y Justicia firmó con muchos países el tratado de “repartición de bienes confiscados”.
Es así como una vez condenados los narcotraficantes fundadores del cartel de Cali en los tribunales de Nueva York y Miami en noviembre, Colombia no hizo sino inmediatamente reclamar lo que le pertenece: una parte de los US$2.100 millones confiscados.
Una comisión de fiscales colombianos encabezada por Sara Magnolia Salazar, jefe de lavado de activos de la fiscalía general de Colombia, se desplazó hasta Washington para entrevistarse con el vice fiscal de EE.UU., Donald Roberts para solicitar al gobierno norteamericano que devuelva parte del dinero que la justicia de dicho país incautó a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
En septiembre, los capos de la droga se declararon culpables de cargos menores de narcotráfico ante el juez del Distrito Federal Federico Moreno en la ciudad de Miami y prometieron entregar US$2.100 millones al Departamento de Justicia de EE.UU. provenientes de la venta de droga que ingresaron y que lavaron a través de compañías farmacéuticas entre 1990 y 2002.
“El gobierno de Colombia también ha aportado su cuota de sacrificio y sangre en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la batalla contra las operaciones de los hermanos Orejuela”, dijo Salazar a los medios luego de la reunión.
Según Salazar, el gobierno de Colombia realizará las mismas peticiones en países como España y Ecuador donde los hermanos Orejuela también tienen cuentas bancarias ya que hay 5.000 millones de pesos colombianos que quieren recuperar del exterior.
Las reglas del juego de la repartición
A través de las leyes de EE.UU. 18 U.S.C (981 i), 21 USC (881 e) (1) (E) y 31 USC (9703 h(2)), los departamentos de Justicia, del Estado y del Tesoro han buscado intensamente animar a gobiernos extranjeros a cooperar en investigaciones conjuntas de narcotráfico y lavado de dinero, ofreciendo la posibilidad de compartir los bienes confiscados.
Mediante los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT’s), estipulados en las regulaciones, se establecen una serie de acuerdos que permiten el intercambio de evidencias e información en asuntos criminales. Los MLAT’s son muy útiles en casos de lavado de dinero ya que permiten obtener archivos y otras documentaciones bancarias de los países aliados, los cuales son negociados por el Departamento de Estado en cooperación con el Departamento de Justicia.
EE.UU. tiene acuerdo de repartición de capitales procedentes del narcotráfico con países como Ecuador, Jamaica, México, las Islas Caimán, Reino Unido y Colombia.
Además del acuerdo de repartición con EE.UU. Colombia también tienen un acuerdo de Intercambio de Información Financiera (FIEA’s), el cual facilita el intercambio de datos acerca de transacciones entre el Departamento del Tesoro de EE.UU. y otros ministerios de finanzas de otros países.
Desde 1989 hasta diciembre de 2005, el programa de partición de bienes administrado por el Departamento de Justicia, compartió mas de US$ 230 millones entre los diferentes gobiernos extranjeros que cooperaron en las investigaciones
Fin de la era Rodríguez Orejuela
Quince años y cientos de miles de horas de trabajo es lo que ha costado atrapar y castigar a los capos del cartel de Cali, líderes del grupo de tráfico de drogas y lavado de dinero más notorio y amplio del mundo, quienes se calcula ingresaron más de 250 toneladas de cocaína a EE.UU. desde la década del 70.
Los hermanos, que alguna vez controlaron el 80 por ciento del mercado de cocaína del mundo, llegaron a un acuerdo con los fiscales federales de Miami y Nueva York para declararse culpables de los cargos de lavado de dinero. Así, en noviembre un juez sentenció a cada uno de ellos a más de siete años detrás de las rejas, un término en prisión que corre concurrente con la sentencia de 30 años recaída sobre ellos en septiembre por tráfico de cocaína.
A cambio, el Departamento de Justicia acordó no procesar a seis familiares con cargos de lavado de dinero y obstrucción de la justicia. En otro acuerdo, 28 familiares aceptaron renunciar a sus derechos e intereses de todas las entidades pertenecientes a los Rodríguez Orejuela en todo el mundo. Una vez que renuncien a estas propiedades, el Departamento del Tesoro acordó sacarlos de su lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNTs en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC). El acuerdo les permite conservar activos y bienes que no han sido adquiridos con dinero de la droga.
En 1995, un jurado federal de Miami acusó a 59 miembros del cartel de Cali—incluyendo los hermanos Rodríguez Orjuela, los líderes José Santacruz Londoño y Helmer Herrera-Buitrago; nueve gerentes, 10 abogados, entre otros—de importar 200 toneladas de cocaína y lavar US$ 2.100 millones, mayoritariamente en valijas, entre 1983 y 1995. Otro jurado federal en Miami acusó a otros 39 miembros del cartel en 1996 de lavar dinero de la droga a través de negocios en Colombia.
