Desde que Alvaro Uribe asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2002, el país sudamericano, silenciosa pero consistentemente, ha sumado dos armas claves en la lucha contra el narcotráfico: la extradición de ciudadanos colombianos para enfrentar procesos judiciales en otras jurisdicciones y la expropiación de bienes adquiridos con dinero sucio.
La guerra contra los narcotraficantes y lavadores colombianos, está alcanzando mayor intensidad y su extradición está creciendo a pasos agigantados: en 2001 y 2002 Colombia extraditó a un total de 66 personas. Ahora, tan sólo el año pasado “se realizaron 143 extradiciones de colombianos hacia otros países”, señala la portavoz Capitana Doris de la Policía Judicial de Colombia. “La mayoría se debió a delitos de narcotráfico, pero algunas combinan el narcotráfico con el lavado de dinero”.
Otra de las herramientas para combatir el narcotráfico que está utilizando en toda su capacidad el gobierno colombiano es la confiscación e incautación de los bienes adquiridos por las organizaciones criminales con dinero obtenido de actividades ilícitas. Esta figura en Colombia se denomina extinción de dominio.
Durante el año 2005, esta importante herramienta jurídica de extinción del derecho del dominio y contra el Lavado de Activos, se aplicó sobre 1.657 bienes valorados en su totalidad en unos US$400 millones, lo que significó un aumento del 50% en comparación con los 1.150 bienes confiscados e incautados de 2004, informó la Policía Judicial de Colombia.
“En el gobierno de Uribe la extinción del derecho del dominio es una herramienta a la que se ha recurrido muy frecuentemente con la que se busca debilitar económicamente a los grupos criminales”, señala la portavoz de la Policía Judicial.
La Unidad Nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos de la Fiscalía General de Colombia investiga los bienes de los grupos armados ilegales para establecer si fueron adquiridos con dinero ilícito. Lo bienes lícitos que recibieron dinero sucio quedan viciados y pasan a ser considerados ilícitos.
Hasta el momento la Fiscalía General de Colombia ha declarado la extinción de dominio de propiedades en poder de funcionarios corruptos, narcotraficantes, secuestradores y grupos armados ilegales. También ha iniciado los trámites de extinción contra miembros del grupo guerrillero FARC y de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia.
