A partir de hoy y hasta el 31 de agosto de 2009 comienza formalmente el plazo de implementación del proceso de legitimación de capitales no declarados que se encuentran en el exterior, según lo establece la Ley de exteriorización patrimonial y blanqueo aprobada por el congreso argentino el pasado mes de diciembre.
Según lo establecido en la ley, aquellos capitales que sean repatriados e invertidos en la compra o construcción de inmuebles nuevos, inversiones agroganaderas, industriales, en el sector del turismo o de servicios pagarán una alícuota del 1% sobre el monto. Sin embargo, la ley establece que esas propiedades e inversiones no podrán ser traspasadas en un plazo de dos años.
También se ofrece un estímulo impositivo a los inversionistas que utilicen el dinero repatriado para comprar títulos públicos, ya que sólo pagarán un 3%, aunque si los papeles son vendidos antes de 24 meses deberán pagar un impuesto adicional de 5%. Aquellos beneficiarios que no realicen las inversiones estipuladas antes del 31 de agosto de 2010, deberán pagar todos los impuestos exonerados mediante el blanqueo, como IVA y Ganancias, por lo exteriorizado a las alícuotas generales y normales, más los intereses.
Los voceros del gobierno argentino afirman que esta ley no atenta contra los controles y leyes antilavado vigentes, y aseguran que las entidades financieras que reciban el dinero del exterior deberán cumplir con todos los procesos establecidos en sus programas de cumplimiento para reportar operaciones sospechosas.
Mediante esta iniciativa el gobierno argentino busca estimular el retorno y la reinversión de millones de dólares que se encuentran en el exterior para reactivar la economía nacional.
Durante una entrevista difundida por una emisora radial bonaerense, el Ministro de Justicia Argentino, Aníbal Fernández, explicó que desde el 2001 de “la Argentina se perdieron US$14.000 millones de reserva; y en billetes, por la fuga de capitales, se perdieron US$22.500 millones. Todos esos capitales fueron frutos de la sensación negativa que el propio sistema bancario genera, y que seguramente se trasladaron o a cajas de seguridad o a cuentas en el exterior o abajo del colchón, como decimos en la Argentina”.
Fernández también aseguró que este proceso ya se ha usado en otros países: “No inventamos nada: lo hizo Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, Grecia, Reino Unido, Rusia, México, Sudáfrica, Estados Unidos, Irlanda, Canadá… No estamos inventando nada. Estamos viendo una medida, una decisión de una política pública de los argentinos parangonada más o menos con la que se ha tomado en algunos lugares del mundo de relevancia, y que tiene que ver en nuestro caso con mucho cuidado respecto de la lucha contra el lavado de activos y de financiamiento de terrorismo”.
Las personas que tienen sus capitales dentro de Argentina, pero fuera del sistema bancario formal, también podrán ajustarse a l plan de blanqueo y perdón moratorio del pago de impuestos, siempre que inviertan los capitales en los rubros exigidos por el gobierno.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, informó a medios locales que el proceso de blanqueo también se apunta a recuperar entre 12.000 y 14.000 millones de dólares guardados en cajas de seguridad en el país, según estimaciones de bancos locales.
El pasado mes de febrero el Ministro de Justicia Argentino defendió la ley ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en una reunión realizada en Paris. Justamente sobre esa reunión en París el embajador de los Estados Unidos en la República Argentina, Earl Anthony Wayne, señaló que “claramente había una satisfacción en GAFI sobre las reglamentaciones en Argentina”. También dijo que Argentina “ha sido un socio sólido en los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.
