El panameño Luis Pinto, capturado en El Salvador acusado de lavar varios millones de dólares proveniente de unos 25 países a través de agencias de Western Union, fue encontrado culpable la semana pasada de lavado de dinero. Fue condenado a 7 años de prisión y a pagar una multa de US$15.000.
“Todo mundo sabe que el lavado de dinero es uno de los delitos más complejos, es uno de los hechos delictivos donde no puede haber una prueba directa”, dijo el juez presidente del Tribunal 4 de Sentencia de San Salvador, Manuel Edgardo Turcios.
La fiscalía había solicitado una pena de 15 años, pero el tribunal determinó que no se podía aplicar la pena máxima ya que Pinto sólo sirvió de intermediario para lavar el dinero (ver “Auditorias de agencias remesadoras pueden ayudar a revelar lavado”). Si la fiscalía hubiera probado que el dinero lo obtenía directamente de un delito para luego introducirlo al sistema financiero, la condena podría haber resultado en los 15 años.
“Pinto había ingresado a El Salvador con la única intención de utilizar exclusivamente el sistema de transferencia de fondos” para sus actos delictivos, dijo Rolando Monroy, fiscal Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de El Salvador. “Pedimos 15 años porque entendimos que toda su conducta iba desplegada a lavar dinero, no era algo que le hayan propuesto sino que era una idea que traía cuando ingresó a El Salvador. Sin embargo, estamos conformes con los 7 años”.
Pinto formaba parte de una red de personas que utilizaron los sistemas de envío de remesas de la compañía estadounidense Western Union en agencias locales –Agencias de Viajes Morales y Remesas y Más—para mover unos US$15 millones utilizando muchas veces nombres inventados y personas inexistentes en El Salvador y otros países centroamericanos.
Con el objetivo de transferir el dinero sucio a través de remesas, se contactaron a Jaime Arturo Morales –dueño de la Agencia de Viajes Morales—y entre junio y diciembre de 2004 lograron mover US$10,8 millones utilizando su agencia, y luego entre enero y junio de 2005 crearon la agencia Remesas y Más por donde se movieron US$4,4 millones. Morales se encuentra actualmente detenido en El Salvador.
Falla de las instituciones financieras
Según la fiscalía salvadoreña, una vez que el dinero ingresaba a El Salvador se movía por Centroamérica a través de instituciones financieras salvadoreñas y regionales tales como Banco Salvadoreño, Banco Promérica y Banco Cuscatlán.
La fiscalía estima que si las instituciones financieras hubieran contado con serios y sólidos mecanismos y controles antilavado habrían podido detectar al menos algunas de las transacciones sospechosas.
Durante el juicio, la defensa de Pinto intentó demostrar que la actividad que su defendido desarrollaba eran las apuestas, pero el tribunal estableció que no pudo comprobar que en El Salvador existieran personas que se dedicaran a las apuestas internacionales y concluyó que la prueba presentada por la Fiscalía General de la República superó la defensa material del imputado.
Un testigo clave de la fiscalía fue el contador de la Agencia Morales César Augusto Reyes. El se convirtió durante cinco años en el hombre de confianza de Jaime Arturo Morales, y testificó que parte de su trabajo era elaborar los cheques, estados financieros y pagar fuertes sumas de dinero de hasta US$60.000 a Pinto, así como a los costarricenses Jorge Córdova y Randall Zúñiga, vinculados a la red internacional según la Fiscalía salvadoreña. Pero Córdova y Acosta no cuentan con una orden de captura en su contra.
Según Monroy, El Salvador está estudiando decretarles a Córdoba y a Acosta una detención administrativa para que sean requeridos por medio de la INTERPOL.
Durante el juicio, la fiscalía salvadoreña logró determinar que Pinto, sin ser empleado de la ex agencia de Western Unión, tuvo en su poder una enorme cantidad de comprobantes de remesas de dicha empresa y acceso total a los mismos programas que utilizaba la agencia para transferir los pagos de remesas.
Remesas para gente inexistente
Una auditoría contable, concluida en junio de este año y ordenada por la justicia salvadoreña, confirmó que los emisores o receptores del dinero transferido eran en su gran mayoría personas ficticias. De los más de 16.000 comprobantes encontrados en la oficina de Pinto, unos 15.000 aún tenían la copia del cliente, es decir, del emisor o receptor de remesa que no habían sido entregados a la otra persona.
La investigación contra el panameño se inició con un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Inicialmente, el informe sostenía que se ingresaban a El Salvador aproximadamente US$75.000 por día utilizando este método.
