Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma legislativa que establece sanciones más severas para las casas de cambio y de envío de divisas que permitan la legitimación de capitales ilegales.
La modificación de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que regula y sanciona a las casas de cambio o transferencias de divisas, establece sanciones que van desde el cierre del establecimiento comercial hasta cargos penales, para aquellas personas naturales o jurídicas que actúen como casa de cambio o entes transmisores de dinero sin estar registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Los legisladores precisaron que las casas de cambio deberán cumplir con la normativa ALD / CFT en materia de prevención, detección de actos, omisiones u operaciones que promuevan o faciliten los delitos. Asimismo, le otorga facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para implementar medidas orientadas a combatir el lavado (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT).
De igual forma, la modificación prohíbe el uso de cualquier método publicitario para promover servicios de casa de cambio o envío de dinero por parte de los negocios o personas no autorizadas por los reguladores.
Algunos expertos consideran que las casas de cambio son uno de los vehículos más utilizados por el crimen organizado para lavar el dinero procedente de las actividades ilegales. Tal es el caso de Ken Rijock, consultor sobre delitos financieros de la consultora World Check de Londres, quien afirma que El dinero ingresado en México por contrabando a menudo es “pitufeado” o estructurado en sumas por debajo de los montos mínimos sujetos a reporte y proviene de casas de cambio corruptas, y es enviado a los Estados Unidos o a inversiones en el exterior.
Muchas instituciones financieras estadounidenses, incluidos el Wachovia Bank, el Harris Bank y el Zions Bank, han optado por dejar de presentar servicios a las casas de cambio mexicanas como consecuencia del escándalo ocurrido en mayo de 2007, cuando las autoridades estadounidenses congelaron US$11 millones en bienes de Casa de Cambio Puebla S.A. de C.V., un negocio de servicio monetario mexicano. Los fiscales aztecas posteriormente presentaron cargos contra la casa de cambio por ayudar a movilizar dinero para los carteles de la droga.
Por otra parte, la Cámara de Diputados mexicana también aprobó la semana pasada el proyecto de decreto que les exige a las instituciones de crédito contar con lineamientos y políticas tendientes a identificar y conocer a sus clientes, así como para determinar sus objetivos de inversión respecto de las operaciones con valores.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) podrá emitir disposiciones para definir y precisar las actividades que se consideren ilegales por parte de las instituciones de crédito.
