El Consejo de Europa de 40 naciones ha dado el paso, sin precedentes, de llamar a 15 de sus naciones miembros de Europa Central y del Este, para montar un amplio operativo en contra del lavado de dinero. Un informe emitido en junio pasado por el Comité Selectivo de Expertos sobre la Evaluación de Medidas Antilavado del Consejo otorgó pobres calificaciones a los esfuerzos antilavado de Andorra, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, República Checa y Rumania.
El Consejo prescribe extensas mejoras legislativas y reguladoras, incluyendo la prohibición de cuentas anónimas o numeradas que cinco de estos países ofrecen. También recomienda ampliaciones a los requisitos de reportaje de actividad sospechosa a negocios no bancarios, como corredores de valores, compañías de seguros, agentes de bienes raíces y otros profesionales. Además, el Consejo recomienda a varios gobiernos capacitar a sus fiscales sobre cómo deben manejar los casos de lavado de dinero.
El informe deriva de una serie de “evaluaciones mutuas” realizadas por el Consejo de Europa con la asistencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera, en inglés “Financial Activities Task Force” o “FATF”) con sede en París, que lo emitiera como parte de su Reporte Anual 1999-2000 (agosto 2000).
Contrario a la “lista negra” emitida por el GAFI en junio pasado, el informe del Consejo de Europa no propugna o propone sanciones contra ninguna de las 15 naciones. Sólo Liechtenstein fue incluida entre las 15 mencionadas por el GAFI por “serios sistemáticos problemas (antilavado)” (julio 2000).
A continuación, detallamos el resumen de los resultados más importantes y sus recomendaciones:
Andorra
Sus regulaciones, emitidas en 1995, establecen un sistema de controles antilavado para bancos que incluyen la identificación del cliente, el mantenimiento de registros y la información voluntaria sobre cualquier actividad sospechosa. Una ley antilavado criminal con alcance extraterritorial prohíbe transacciones involucrando los ingresos de una pequeña lista de delitos. El informe urge a Andorra a eliminar sus cuentas bancarias numeradas y extender sus regulaciones a todas las instituciones financieras.
Bulgaria
Su ley antilavado de 1997 prohíbe las transacciones con los ingresos de todo delito, incluyendo aquellos cometidos fuera del país. Las regulaciones emitidas en 1998 imponen el deber de información de actividad sospechosa a bancos, aseguradoras, empresas de inversión, corredores de valores, auditores, contadores y otros. El informe sostiene que la Unidad de Inteligencia Financiera de Bulgaria “necesita analizar más detenidamente las razones de la no-información (de actividad sospechosa) en ciertos sectores y crear mejores relaciones con aquellos sectores que no lo están haciendo”.
Croacia
Un comprensivo sistema antilavado establecido por Croacia en noviembre de 1997 obliga a un amplio rango de instituciones financieras y no financieras a implementar controles que incluyan la identificación del cliente, el mantenimiento de registros, la información de actividad sospechosa y la capacitación antilavado. La ley criminal antilavado de Croacia, que fuera sancionada en enero de 1998, es aplicable a los ingresos por la mayoría de los crímenes que llevan una pena de prisión de 5 años. Al momento de la evaluación, no había nadie condenado bajo esta ley. El informe sostiene que los fiscales croatas necesitan “guías claras y consistentes” sobre el nivel de prueba necesario para un enjuiciamiento por lavado de dinero.
Chipre
El reporte elogia el sistema de controles antilavado chipriota como “significativamente adelantado” respecto de aquellos de sus países vecinos. Su ley antilavado tipifica el lavado doloso o con intención y aquél que se realiza a través de la “ceguera intencional”. Se aplica también a transacciones que involucren los ingresos de crímenes puramente extranjeros. La ley chipriota requiere, también, el informe de actividad sospechosa, el mantenimiento de registros, la identificación del cliente y la capacitación antilavado. El informe urge al gobierno a educar al sector financiero sobre los deberes de información de actividad sospechosa.
Eslovaquia
Su código criminal prohíbe las transacciones por ingresos de todo tipo de delito, incluyendo las evasiones tributarias y crímenes extranjeros. El gobierno está preparando una enmienda a su ley antilavado de 1994 que requerirá que los bancos informen actividades sospechosas e implementen programas antilavado. En la actualidad, se permite que los bancos mantengan cuentas anónimas para nacionales y extranjeros. El informe sostiene que Eslovaquia debería imponer deberes de control sobre los corredores de valores, compañías de seguros, agencias de bienes raíces, remesadoras de dinero, casas de cambios y casinos.
Eslovenia
Una ley de 1995 prohíbe las transacciones realizadas dolosamente o con intención, o por negligencia, con ingresos de “considerable valor” generados por cualquier crimen doméstico o internacional. El gobierno está considerando una enmienda que extendería su aplicación a los ingresos de “evasión tributaria pasiva”. El sector financiero está sujeto a los deberes de información de actividad sospechosa, la identificación del cliente, el mantenimiento de registros y la capacitación antilavado. El informe urge una supervisión más estricta de la industria de valores mobiliarios, la que no ha registrado un informe de actividad sospechosa en los tres años en que se encuentra vigente este régimen, y otras instituciones financieras no bancarias.
Estonia
Su ley antilavado de 1999 prohíbe las transacciones con los ingresos de cualquier crimen, impone deberes de información de actividad sospechosa a instituciones financieras y crea una unidad de inteligencia financiera. El informe sostiene que la falta de supervisión sobre las uniones de créditos, casas de cambios y casinos representa serias amenazas a los esfuerzos de control antilavado del país. “El Banco Central debería iniciar inmediatamente inspecciones completas de cumplimiento antilavado”, dice.
Hungría
Nunca ha habido alguien condenado bajo las leyes antilavado de 1994 de Hungría, que prohíben transacciones con los ingresos de cualquier delito que conlleve penas de cinco o más años de prisión. Los bancos húngaros, a los que se les permite mantener cuentas de ahorro anónimas para sus ciudadanos y extranjeros, están sujetos a deberes obligatorios de información de actividad sospechosa. El informe urge a Hungría a revisar sus procedimientos de inspecciones antilavado bancarias, los que se describen como “extremadamente pasivos”, y a identificar por qué su sistema de información de actividad sospechosa “no funciona en forma efectiva”.
Liechtenstein
Su ubicación geográfica, su “altamente desarrollado” sector financiero y estrictas leyes de confidencialidad lo convierten en un “atractivo centro” para el lavado de dinero, sostiene el informe. Una ley de 1996 penalizó el lavado de los ingresos provenientes de cualquier delito que conlleve una pena de al menos, tres años en prisión. Un amplio rango de instituciones financieras y profesionales están sujetos a deberes de “debida diligencia”, los que incluyen la información de actividad sospechosa e identificación del cliente. El informe sostiene que la falta de protección de “puerto seguro”, significando la inmunidad sobre consecuencias legales, puede inhibir a las instituciones financieras el cumplimiento de sus deberes de información de actividad sospechosa.
Lituania
El informe enuncia que su sistema financiero, que inició su conversión hacia un mercado libre en 1990, está amenazado por un creciente problema de lavado de dinero. Una ley de julio de 1997 tipificó el lavado de ingresos de todo delito doméstico y extranjero. Las regulaciones requieren la información de actividades sospechosas, la identificación del cliente y el mantenimiento de registros de ciertas transacciones. El informe urge a sus reguladores y agencias de control a que inicien “programas de capacitación y concientización antilavado… en todos los sectores de la industria financiera, para el personal a todo nivel”.
Macedonia
El informe dice que las instituciones financieras, casas de cambios y casinos en la ex República Yugoslava de Macedonia “parecen no estar muy preocupadas por la necesidad de desarrollar (controles antilavado)”. Macedonia penalizó el lavado de dinero, en relación con los ingresos de todos los delitos en 1996, pero aún no ha iniciado un solo proceso judicial. El informe urge a la promulgación de una ley que requiera una amplia gama de controles a las instituciones financieras, incluyendo la identificación del cliente y la obligatoriedad de los deberes de información de actividad sospechosa.
Malta
Una ley de 1994 enmendó la ley antilavado con ingresos provenientes de drogas, para cubrir, también, los ingresos provenientes de una pequeña lista de delitos no relacionado con las drogas. Las regulaciones emitidas en 1994 imponen amplios deberes de identificación de clientes, mantenimiento de registros, capacitación y deberes de información de actividad sospechosa para las instituciones financieras. El informe urge la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera para capacitar a las instituciones financieras sobre sus deberes y para concientizar a las instituciones sobre sus esfuerzos de control.
Polonia
Su sistema de control antilavado, que de acuerdo al informe, se ha desarrollado en forma “lenta e incoherente” desde 1992, establece deberes de información de actividad sospechosa a los bancos y corredores de valores pero deja virtualmente sin tocar a las instituciones financieras no bancarias. Un proyecto de ley de 1999 extendería los deberes de identificación de clientes, el mantenimiento de registros e información de actividad sospechosa a casinos, casas de cambios, compañías de seguros y notarios. La ley antilavado criminal, aplicable a los ingresos de una amplia gama de delitos, no ha generado aún condena alguna. El informe sostiene que Polonia “necesita urgentemente algunos enjuiciamientos exitosos para ayudar a quebrar cualquier noción de impotencia entre la policía y los fiscales”.
República Checa
La República Checa fue descrita en el informe como una encrucijada para el crimen organizado en Europa del Este, no penaliza aún el lavado de dinero. La legislación condena el lavado de dinero bajo ciertas normas que prohíben “recibir y manipular” bienes robados. Existen algunas regulaciones que requieren que las instituciones financieras mantengan programas antilavado e informen transacciones inusuales. El informe urge a la creación de leyes comprensivas que traten sobre todos los aspectos del lavado de dinero y recomienda la gradual eliminación de las más de 9 millones de cuentas anónimas existentes en los bancos checos.
Rumania
El reporte dice que el naciente sistema de controles antilavado de Rumania, iniciado en abril de 1999, “contiene ciertas potencialmente serias anomalías y ambigüedades, que necesitan tratarse”. La ley requiere a un amplio sector institucional y profesional la obligación de informar cualquier actividad sospechosa, si la institución informante encuentra firme evidencia de lavado de dinero. Una ley penal de abril de 1998 prohíbe transacciones con los ingresos de una amplia gama de delitos, pero no es aplicable a casos de “ceguera intencional”. El reporte sostiene que la Unidad de Inteligencia Financiera de Rumania necesita “urgentemente” dar capacitación al sector financiero. El informe recomienda la gradual eliminación de más de 9 millones de cuentas bancarias anónimas mantenidas por los bancos checos.
Polonia
El Consejo de Europa señala que “necesita urgentemente juicios exitosos para quebrar cualquier noción de impotencia entre oficiales de policía y fiscales” El informe urge una más estricta supervisión de la industria de valores mobiliarios, la que no ha registrado informes de actividad sospechosa durante los tres años desde que se encuentra vigente.
