Como complicado calificó el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO por sus iniciales en inglés), el proceso de implementación de medidas para lograr una mayor transparencia de los fondos políticos en las naciones que integran la Unión Europea.
En su reporte anual emitido la semana pasada, GRECO expresó su preocupación mediante un comunicado en el que critica los limitados avances logrados por un número significativo de países europeos en las recomendaciones anticorrupción emitidas por el organismo.
“En la mayoría de los casos, la situación refleja la dificultad y muchas veces la imposibilidad para alcanzar un acuerdo viable con los partidos políticos para mejorar la transparencia en el financiamiento político (…) Es necesario hacer más para que la prevención de la corrupción sea una prioridad en la vida política”, aseveró el director de GRECO, Marin Mrčela.
Durante 2013, los técnicos de GRECO visitaron 10 países para preparar reportes de evaluación sobre los niveles de prevención de la corrupción incluyendo a parlamentarios, jueces y fiscales. El ente ha emitido 9 reportes y otros 29 reportes de seguimientos sobre la criminalización de la corrupción y la transparencia de los fondos de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Cuestión global
A medida que se incrementan y profundizan los controles, se debaten metodologías y se promueve la información a nivel mundial en relación al combate de delitos como el lavado de dinero y financiación del terrorismo, el crimen organizado a su vez “trabaja” buscando las vías más convenientes para blanquear el dinero proveniente de sus actividades delictivas, el cual suele encontrarse en el vacío dejado por las legislaciones de determinados países con controles débiles, ambiguos y a veces hasta inexistentes.
Frecuentemente se confirma la relación entre PEPs y criminales, quienes realizan aportes y ofrecen recursos para financiar campañas políticas; sin embargo, en muchos países todavía se debate sobre la necesidad de señalar a los políticos o funcionarios públicos como “clientes de alto riesgo” a quienes se les debería prestar especial atención a la hora de investigar el origen de los fondos que utilizan para realizar cualquier tipo de actividad que implique el movimiento de dinero.
Se observa la ausencia de un criterio universal sobre las categorías que abarca el término PEP (persona expuesta políticamente), que se incluye en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como toda aquella persona que ejerce o ha ejercido cargos públicos y sus familiares directos, ante los que se deben tomar medidas reforzadas de prevención del lavado.
El debate se centra en cómo identificar a un PEP y es ese el punto en donde los países a la hora de actualizar sus legislaciones, en muchas ocasiones no logran ponerse de acuerdo, generando así una especie de vacío legal que deja una puerta abierta al crimen organizado. A esto se le suma la oportunidad, para los delincuentes, de “asociarse” con determinados políticos a través del aporte de importantes sumas de dinero para obtener su protección gracias al lugar de poder que ocupan. Estas “asociaciones” han generado no pocas investigaciones y escándalos en América Latina en los últimos años.
