La nueva ley contra el Delito de Lavado de Activos que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional de Honduras, incorpora la obligación de hondureños y extranjeros de declarar el dinero que transportan en las aduanas del país, sean aéreas, terrestres o marítimas.
La finalidad de la medida es que los viajeros demuestren el origen lícito del dinero que transportan, ya sea en efectivo o electrónico, y es aplicable a cantidades mayores a los diez mil dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas, tal como establece el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en sus recomendaciones.
“Todo viajero nacional o extranjero que entre o salga del país a través de las aduanas aéreas, marítimas y terrestres, está obligado a presentar en formulario que, para tal efecto proporcionará la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), una declaración en la que notifica si transporta o no dinero en efectivo o electrónico, valores o instrumentos negociables o cualquier otro título valor de convertibilidad inmediata, igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional o extranjera” – establece el artículo 34 de la nueva ley.
La nueva ley busca la adecuación de la política ALD/CFT hondureña a los estándares internacionales fijados por el GAFI, para evitar que el país sea incluido por el organismo en la lista de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Al mismo tiempo con la nueva ley, se busca dar complemento a leyes sancionadas con anterioridad en el país, como es el caso de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de los Bienes de Origen Ilícito y la Ley Sobre el Uso Indebido de Tráfico de Drogas.
Otras medidas incluidas en la nueva ley
Entre los aspectos fundamentales que aborda la nueva ley, se encuentran:
– Autonomía de la acción penal por lavado:
La acción penal contra los delitos tipificados como lavado de activos será ejercida por los órganos jurisdiccionales competentes en forma autónoma de cualquier otro ilícito penal contenido en el ordenamiento jurídico del país.
Hasta el momento, el delito de lavado de activos venía asociado con el de narcotráfico, con lo cual, el país no registra antecedentes de una acción penal directa por lavado.
– Establecimiento de penas:
La nueva ley contempla sanciones en base a proporcionalidad de las penas dirigidas al autor del delito y que van de seis a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20 años de reclusión.
– Decomiso de bienes
Se fijan las medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes que han sido incautados en la lucha contra el delito de lavado de activos y en ese sentido, la nueva ley no sólo establece las sanciones por esa conducta sino que se crea una comisión interinstitucional contra ese delito así como la prevención del delito del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo.
– Incorporación de nuevos delitos asociados al lavado de activos:
En esta nueva legislación en el delito de lavado de activos, se incluyen toda la gama de delitos del crimen organizado y se incorporan los delitos contra la administración pública, la extorsión y el impuesto de guerra.
A cualquier persona que se le suponga responsable de cualquiera de esos ilícitos más otros, se les podrá seguir por el delito de lavado de activos y debido a que la pena es de 15 a 20 años, si la comete un funcionario público se le incrementa en un tercio, que antes solamente era acusado por enriquecimiento ilícito.
– Incorporación de nuevas figuras para la investigación por parte del Ministerio Público:
Se incluyen la figura del informante, la entrega vigilada, el agente encubierto y la intervención de llamadas privadas.
– Enjuiciamiento a terceras personas:
Se permitirá enjuiciar a terceras personas que estén involucradas en ese ilícito con penas que van de 15 a 20 años de prisión. Esas penas serán para quienes incurran en el ilícito de lavado de activos en los recursos que provengan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro extorsión, financiamiento al terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos.
Se establece el delito de testaferrato con penas severas si el delito va arriba de los 120 salarios mínimos donde la sanción irá de 15 a 20 años de reclusión y lo mismo ocurre con la asociación ilícita para el lavado de activos y el encubrimiento.
Para hacer efectiva la ley, se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF), que será encabezada por el presidente de la República a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Dicha comisión elaborará las políticas públicas de prevención y combate a este delito para lo cual trabajarán interdisciplinariamente entes y organizaciones que especialistas en el tema y se hará un mantenimiento de los registros para que tengan de manera completa y diligente los reportes y requerimientos que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)
De manera complementaria al tratamiento de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, el congreso hondureño aprobó en la última semana la Ley de Supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, con la que se le dan nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), para poder supervisar diferentes sectores productivos de Honduras.
El objetivo de la ley recientemente aprobada es la regulación y el control de las empresas y asociaciones que deberán mantener un registro real que será supervisado por la CNBS, detallando sus transacciones y movimientos financieros para evitar que actúen como “empresas de maletín”.
Bajo esta supervisión se incluye a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la administración y manejo de recursos, valores u otros activos de su cliente, manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores, organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o administración de sociedades mercantiles, constitución, extinción función, operación y administración de personas jurídicas o vehículos corporativos incluidos del fideicomiso y la compra y venta de entidades mercantiles e incluye también a los notarios que otorguen poderes.
Asimismo, se incluyeron otros grupos como las importadoras, arrendadoras, compra y venta de vehículos terrestres, marinos o aéreos y prestación de servicios para la contratación de espectáculos públicos como conciertos musicales y se mantiene el límite del monto de 10 mil dólares.
Guía de Investigación Financiera
La voluntad del gobierno hondureño de reforzar su compromiso con la lucha internacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, se hizo visible también en la última semana, con el lanzamiento en conjunto con el gobierno de Estados Unidos de una guía de investigación financiera con el objeto de aportar nuevas herramientas para la investigación del dinero sucio del crimen organizado.
Según manifestaron las autoridades, la Guía de Investigación Financiera y Contable de Honduras, será una herramienta de gran aporte en las investigaciones de fiscales y analistas financieros con los más altos estándares internacionales.
El manual que fue creado con base en las leyes hondureñas y enseña las mejores prácticas para las investigaciones financieras, será incorporada en el plan de estudio de la Escuela Judicial de Honduras y estará lista para los fiscales e investigadores del Ministerio Público, así como de los policías que trabajan en investigaciones financieras complejas.
Asimismo, el proyecto contará con la asesoría de especialistas norteamericanos que brindarán capacitación técnica para el uso de la guía.
“El gobierno de los Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos de Honduras en la aplicación de la ley para llevar ante la justicia a aquellos involucrados en crímenes financieros, tal y como lo estamos haciendo con el narcotráfico” – aseguró al respecto el embajador estadounidense en Honduras, James Nealon.
