Por Verónica Moyano

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) es la institución pública encargada de brindar protección a los trabajadores de ese país en relación a la salud, brindando servicios y coberturas por enfermedad, maternidad, pensiones, vejez y muerte, hoy se investigan los presuntos protagonistas de todo un entramado de empresas de maletín que supuestamente prestaban servicio a este organismo.  

     El Ministerio Público de ese país centroamericano investiga a los funcionarios que se encontraban al frente de la institución, quienes presuntamente habrían utilizado a la misma para realizar negocios fraudulentos, cuyo dinero luego habrían lavado a través de empresas de maletín radicadas en distintos países extranjeros.

     Según la investigación, los exfuncionarios habrían creado una red de “empresas de maletín” con las que firmaban contratos fraudulentos por la compra de insumos o el pago de servicios inexistentes. Las empresas identificadas por el MP son Sumimed, Impromeh y Compromed.

     Los contratos que firmaron estas compañías no se cumplieron, pero el dinero de pagos del IHSS sí llegó a sus arcas, las que para justificar su mala procedencia usaron los recursos para instituir  compañías en Estados Unidos y así tender una segunda cortina de humo sobre los millones de lempiras mal habidos.

     Según las pesquisas del Ministerio Público (MP), la sociedad fundada en Estados Unidos con recursos del IHSS es una empresa que se dedica al suministro de insumos médicos. También esta compañía se dedica al negocio de bienes raíces y distribución de computadoras y equipos informáticos.

     Asimismo, Sumimed, Impromeh y Compromed son las mismas empresas que también transfirieron los pagos de Seguro a empresas de bienes raíces en Honduras para que estas después compraran millonarios inmuebles.

     Por otra parte, y para complicar todavía más el entramado, las empresas de maletín creadas utilizaban los nombres de empresas debidamente constituidas. Por tal motivo, la investigación apunta a empresas que, bajo el mismo nombre, operen en México, Venezuela y Colombia para saber si tenían alguna relación con las utilizadas por los defraudadores.

     Los cerebros de este mecanismo de lavado de dinero en Estados Unidos eran el exjefe de Compras y Suministros del IHSS, José Rojas, y el gerente administrativo, José Ramón Bertetty, según las investigaciones. 

     Mientras tanto, las autoridades buscan dar con el paradero del ex Director del IHSS Mario Zelaya, quien se encuentra prófugo de la justicia por un caso de compra sobrevalorada de boletos de avión. 

     El Ministerio Público ha incautado 29 propiedades, entre lujosas residencias y lotes, valoradas en 165 millones de lempiras (7 millones de dólares aproximadamente) que fueron adquiridas por empresas de bienes raíces que recibieron dinero de las “empresas de portafolio” que estafaron al IHSS.

La corrupción, constante factor de riesgo

     En lo referente a los delitos precedentes de lavado de dinero, la corrupción pública pudiera erigirse como el que más daño está generando a las economías de los distintos países en los que se desarrolla, originando fraudes y pérdidas de miles de millones de dólares todos los años.

     En este sentido, el sector de salud se presenta como un área especialmente vulnerable para la corrupción y el lavado debido a la complejidad relacionada con insumos (medicamentos, maquinaria de alta complejidad, etc.), contratación de servicios y prestaciones que fácilmente pueden ser “dibujadas” con sobrefacturaciones, licitaciones apócrifas y diversos mecanismos de difícil detección para los entes reguladores.

     Según el documento publicado en el año 2012 por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) “Factores de riesgo específicos en el blanqueo del producto de la corrupción”:

“El sector de la salud es un objetivo atractivo para la corrupción, con un estimado de USD 5.300 millones gastados en servicios de salud cada año y un valor global del mercado farmacéutico de aproximadamente USD 750 millones

Otros factores que pueden conducir a un mayor riesgo de corrupción en la industria de dispositivos médicos y farmacéuticos incluyen el hecho de que las entidades de atención de salud en muchos países son entes gubernamentales, y los que dirigen estos centros pueden ser considerados funcionarios públicos”.

Los casos del GAFI

     El Grupo de Acción Financiera también incluyó un par de casos de estudio relacionados a la corrupción y el lavado de dinero en el sector de la salud pública:

Caso de Estudio 1: El contratista y el funcionario público corrupto se confabulan para hacer compras de equipos médicos a precios considerablemente inflados. El esquema puede ser detectado por un análisis de flujos de dinero resultante de la transacción. En este caso, el contratista inmediatamente (o a través de un intermediario) divide el pago del contrato en dos corrientes: la primera corriente consiste en los fondos destinados a la compra del equipo por parte del fabricante o distribuidor al precio más bajo posible, y la segunda corriente de dinero comprende los fondos restantes, que se encuentran depositados en una institución financiera, parte de la cual el funcionario corrupto recibirá como pago una vez que el dinero ha sido lavado.

Caso de Estudio 2: Este sistema utiliza dos intermediarios afiliados en el suministro de equipos médicos de alto valor fabricados en el extranjero: la primera parte es una empresa nacional que actúa como contratista y la segunda es una sociedad offshore, a través del cual se realiza la compra de equipos a un precio real del fabricante. Una vez que el contratista recibe el pago, la mayoría de los fondos se transfieren a la cuenta de la empresa offshore. El importe transferido a la empresa offshore, que es controlada por el funcionario corrupto, es la diferencia entre el precio del contrato y el precio real de los equipos. Una parte de esta cantidad constituye el ingreso ilícito. En concreto, los fondos pueden ser transferidos a cuentas en el extranjero pertenecientes al funcionario corrupto, individuos y organizaciones afiliadas bajo su control, o para otras personas relacionadas con el funcionario corrupto, sus asociados y organizaciones.