Por el Departamento Editorial.
Al margen de la consternación política que impera en Guatemala luego de la renuncia y posterior detención del expresidente Otto Pérez Molina, las instituciones financieras nacionales e internacionales deben tomar ciertas medidas para analizar el impacto que puede generarles la crisis guatemalteca.
Los casos de corrupción pública suelen presentar enormes desafíos de cumplimiento por estar asociados a grandes cantidades de dinero, al uso de empresas nacionales y extranjeras, a la presencia de testaferros, al uso de entes oficiales y a la emisión de documentos falsificados, entre otros.
En el caso de Guatemala, la crisis se ha desatado por el presunto pago de sobornos que supera los US$ 300 millones a través de una red denominada “La Línea”, en la que presuntamente participaron altos funcionarios públicos, encabezados por Pérez Molina.
Impacto sobre el cumplimiento
Cuando se habla de una investigación que involucra a más de 100 individuos -varias de ellas personas expuestas políticamente (PEPs)- y muchos millones pagados en sobornos a funcionarios públicos, los bancos e instituciones financieras tanto de Guatemala como de otras jurisdicciones deben implementar planes de contingencia que les permita identificar el nivel de exposición de la empresa en relación al caso investigado por las autoridades.
En tal sentido, una medida recomendable sería la realización de una revisión retrospectiva para determinar si han sido utilizadas o si tienen como clientes a los involucrados en el escándalo de corrupción.
El reconocido experto Miguel Tenorio, socio director de la consultora internacional BST Global Consulting S.A., explica que “la prudencia es la mejor consejera ante la inminente solicitud de información por parte de los jueces. En los casos en que se involucra el aspecto jurídico y también el escrutinio público, el riesgo por no haber atendido con debida diligencia (o no tener la seguridad de que se actuó con ella) puede ocasionar serios riesgos reputacionales para las entidades financieras de cualquier país”.
En tal sentido, es fundamental determinar:
a) Si su institución ha sido utilizada para mover dinero relacionado a los sobornos.
b) Si sus procesos de control y el monitoreo están funcionando adecuadamente.
c) Si tiene en su cartera de clientes a personas acusadas o señaladas de participar en el esquema de corrupción.
d) Si fueron presentados reportes de operaciones sospechosas asociados a las transacciones ilícitas denunciadas públicamente
e) ¿Cuál es el posible impacto legal y reputacional sobre la institución si su nombre surge en las investigaciones?
“Las instituciones financieras, considerando que son el eslabón más débil, deben cumplir cabalmente con las obligaciones y siempre analizar las consecuencias secundarias de reportar o no las operaciones sospechosas asociadas a Personas Políticamente Expuestas”, precisó Tenorio, quien agregó que en el caso de los bancos de otras jurisdicciones deben implementar un cumplimiento adecuado, “aun cuando esta acción los deje al margen de los grandes negocios producto de la corrupción del grupo político en turno. Los bancos e instituciones internacionales son menos vulnerables a la presión política y al control sobre la presentación de ROS, que es una situación que desafortunadamente existe en algunas jurisdicciones del mundo”.
Antecedentes del caso
En abril de este año, la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es un organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desarticularon a la red que recibía sobornos de empresarios importadores que buscaban evadir impuestos.
Según informaron los fiscales, la organización delictiva estaba dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la entonces vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti. Por su parte, el expresidente Otto Pérez Molina “tuvo conocimiento y colaboró con la organización y recibió un porcentaje de los sobornos”, según informó el Ministerio Público en la audiencia realizada en el Juzgado B de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.
Pérez Molina renunció a su cargo el 02 de septiembre y fue apresado de forma preventiva el siguiente día acusado de asociación ilícita, defraudación tributaria y cohecho pasivo, en los que habría incurrido entre el 8 de mayo de 2014 y el 16 de abril de 2015.
Campañas políticas
Para complicar aún más la labor de cumplimiento, todo el escándalo de corrupción y la renuncia del primer mandatario se efectúan en el marco de las elecciones presidenciales. Como es sabido en el mundo del cumplimiento, los procesos electorales son considerados de alto riesgo debido a los enormes montos de dinero asociado a al financiamiento de las campañas.
En Guatemala, el Partido Líder ha sido acusado de sobrepasar el monto permitido por las leyes para financiar las campañas electorales. El vocero del partido, Fridel De León, aseguró pocas horas antes de las elecciones que “no se ha podido aclarar la situación. (Los señalamientos) se han basado en monitoreos que encargaron a empresas privadas. El techo de financiación no está acorde a la realidad de cada partido”.
En un trabajo publicado en febrero de este año en Lavadodinero.com, un vocero que pidió el anonimato explicaba que “las personas condenadas o vinculadas con el narcotráfico y otros hechos delictivos, suelen tejer redes para desaparecer del espectro público, no solo para lavar dinero sino para tener incidencia en el poder gubernamental a través de contrataciones, suministros y hasta repercusión en los cuerpos policiales”.
En los últimos tiempos, la mayoría de los países del mundo que se atienen a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) concentran sus esfuerzos en reformas en sus legislaciones donde se distingue a las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y partidos políticos entre los sujetos obligados con mayores responsabilidades en función del ALD y CFT.
En 2014, el director del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO por sus iniciales en inglés), Marin Mrčela, aseveró que “en la mayoría de los casos, la situación refleja la dificultad y muchas veces la imposibilidad para alcanzar un acuerdo viable con los partidos políticos para mejorar la transparencia en el financiamiento político (…) Es necesario hacer más para que la prevención de la corrupción sea una prioridad en la vida política”.
