Por Matt Squire
Un juez federal decidió que ciertas disposiciones de la Ley USA Patriot son inconstitucionales, porque permiten a agentes de cumplimiento legal realizar allanamientos y vigilancia sin demostrar la existencia de una causa probable.
La Jueza Ann Aiken de la Corte Federal de Distrito en Portland, Estado de Oregon, resolvió que ciertas disposiciones de la Ley Patriot que ampliaron el alcance de las órdenes de allanamiento de la Ley de Vigilancia de Información Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) violaron las normas de la Cuarta Enmienda contra los allanamientos y decomisos irrazonables.
Las órdenes bajo FISA, que generalmente son emitidas para monitorear o detener a individuos que están siendo investigados por actos de terrorismo internacional contra Estados Unidos, pueden ser utilizadas por los agentes de cumplimiento legal para obtener acceso a registros bancarios.
La decisión fue la segunda en un mes que declaró inconstitucionales a las normas de la Ley Patriot que ampliaban los poderes de cumplimiento legal.
El caso fue iniciado por el abogado de Portland, Brandon Mayfield, quien fue identificado incorrectamente por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como sospechoso en 2004 en los ataques con bombas perpetrados en Madrid que mataron a 191 personas. Mayfield fue arrestado y su casa y oficina fueron allanadas y se realizaron escuchas telefónicas en las mismas.
Mayfield concilió el caso con el gobierno federal en la suma de US$2 millones, pero cuestionó a la Ley Patriot en lo que se refiere a allanamientos y decomisos de ciertos “materiales derivados” incluidos los discos rígidos de computadoras, actividades financieras, conversaciones personales y registros bancarios personales y profesionales.
“La retención continua por parte de las agencias gubernamentales de este material constituye un perjuicio de hecho real y constante a los demandantes”, escribió Aiken en su fallo.
“Lo que el tribunal está diciendo es: esto no es una investigación de información extranjera, esto es una investigación criminal y usted está aprovechando esta posibilidad que la Ley Patriot creó para emitir órdenes de allanamiento FISA. Usted no puede hacer eso”, dijo Greg Baldwin, socio de la firma de abogados Holland & Knight en
La defensa del gobierno de EEUU presentada en el caso “es pedirle a la corte, en esencia, que modifique la Declaración de Derechos, dándole una interpretación que le restaría cualquier significado real”, dijo Aiken en su fallo. “Esta corte rechaza hacer eso”.
El 9 de septiembre, el Juez Federal de Distrito Víctor Marrero, anuló algunas disposiciones de la Ley Patriot que autorizaban a las autoridades de cumplimiento legal a emitir cartas de seguridad nacional (NSL, por sus siglas en inglés) para obligar a las entidades comerciales a entregar documentación sobre clientes sin una aprobación judicial.
Un informe de la Oficina del Inspector General del FBI publicado en mayo de 2007 encontró que algunas compañías que habían cumplido con las NSL habían entregado excesiva información sobre los clientes al FBI, mientras que algunos agentes obtuvieron órdenes judiciales antedatadas para justificar esta información.
Baldwin dijo que es más probable que los bancos enfrenten una NSL que una orden FISA. Ello se debe a que los bancos no pueden divulgar a sus clientes que éstos son sujetos de una NSL, pero podrían informarles que se ha emitido una orden FISA, dijo Baldwin.
“Si yo tuviera a mi cargo un caso, realmente no quisiera utilizar una orden FISA para ir a un banco. Usaría una orden FISA para ir a la casa y obtener los registros bancarios. De esa forma tendría involucrada a la menor cantidad de gente que tendría conocimiento de qué está pasando”, dijo
