Por Brian Monroe.
El pago que tendrá que hacer el HSBC Bank USA como parte de los convenios civiles y penales que negocia con las autoridades estadounidenses por las deficiencias antilavado de dinero puede ser los US$ 1.500 millones o “significativamente más”, según un documento proporcionado por la entidad bancaria este lunes.
El cálculo duplica los US$ 700 millones que la institución tenía preparados para resolver la investigación adelantada por el Departamento de Justicia de EE.UU., la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN). En julio, el Subcomité Permanente sobre Investigaciones (PSI) del Senado también recomendó medidas reglamentarias contra el banco.
Si el monto de los acuerdos alcanza la cifra estimada por el banco, sería la mayor sanción pagada por un banco por deficiencia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). En diciembre de 2009, Credit Suisse pagó US$ 536 millones como parte de los acuerdos más costosos logrados por una entidad, debido a sus deficiencias ALD y CFT. Por su parte, ING Bank, NV pagó US$ 619 millones en el mayor acuerdo logrado por violaciones estrictamente relacionadas a las sanciones impuestas por Estados Unidos a las naciones designadas.
HSBC indicó –al presentar el formulario 10-Q- que no sabía aún si el total de US$ 1.500 millones cubriría todos los costos relacionados al acuerdo definitivo con las autoridades.
“Hay un alto grado de incertidumbre en torno a esta estimación y es razonablemente posible que la cantidad cuando finalmente sean determinada pudiera ser mayor, posiblemente mucho más alta”.
Un acuerdo de US$ 1.500 millones “reverberará a través de la industria, por lo que económicamente es más sensato para los bancos realmente invertir en control”, dijo una persona familiarizada con las investigaciones del banco. El gobierno de EE.UU. quiere que los bancos “dejen de poner su dinero en bonos y se centren más en los controles financieros”, advirtió el individuo que habló bajo condición de anonimato.
Ese pago de HSBC podría superar otras estimaciones posibles que surgieron desde mayo de 2011, cuando le dijeron fuentes de ACAMS MoneyLaundering.com que “lo que se estaba discutiendo” con el banco estaba alrededor de US$ 1.000 millones. Varias personas cercanas a las negociaciones aseguraron en ese momento que el banco probablemente pagaría la cantidad como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido, citando fallas sistémicas de cumplimiento.
Al lograr un acuerdo, probablemente el banco se comprometa a solventar los problemas de cumplimiento señalados en una orden de “cesar y desistir” emitida en 2010 por la OCC, que le exigía al banco mejorar su gestión de los riesgos de cumplimiento en sus operaciones en Estados Unidos.
En su informe de julio, PSI citó una carta de 2010 de la OCC que señala que HSBC Bank USA no logró monitorear efectivamente US$ 60.000 millones anualmente en transferencias cablegráficas, algunas de los cuales fueron procesadas en México o en otras jurisdicciones de alto riesgo.
El informe, que también alegó que el banco eludido los controles de las sanciones y de las cuentas controladas por un banco con sede en Arabia Saudita vinculado a financistas del terrorismo, dijo que HSBC Bank USA había aceptado US$ 7.000 millones de dólares de la sucursal de México en un año, a pesar de los indicios de que el dinero podría estar vinculado a los cárteles de las drogas y otros delincuentes.
