Por Colby Adams.
Las características claves de la estrategia contra el lavado de dinero iniciada por las autoridades mexicanas para combatir a las organizaciones de tráfico de drogas pudieran verse afectadas por la falta de acuerdo entre los legisladores. Si bien gran parte del grupo de disposiciones en contra del lavado de dinero (ALD), propuestas por el gobierno del presidente Felipe Calderón en agosto de 2010, han sido aprobadas por el Senado de México, los planes se han estancado en gran medida en la cámara baja del Congreso de la Unión, advirtieron algunos asesores del sector.
La propuesta gubernamental incluye criminalizar la no presentación de reportes de operaciones sospechosas y el establecimiento de normas de cumplimiento ALD para los desarrolladores de bienes raíces, notarios, profesionales contables y otros. “Las discusiones políticas en estos momentos se encuentran en los temas más convencionales, como las cuestiones presupuestarias, por lo que en realidad en estos momentos no están centrados en el antilavado”, dijo Alberto Avila, ex asesor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.
“Los congresistas están más preocupado por lo que va a ser una bandera política y no por la aprobación de una ley técnica”, dijo el experto, quien advirtió que las consideraciones de las medidas antilavado probablemente se estanquen, debido a las próximas elecciones presidenciales y legislativas del país.
Teniendo en cuenta el cabildeo de la industria y otros temas, “no se puede decir todavía qué cosas importantes serán dejadas por fuera cuando se termine la ley”, dijo Salvador Mejía, ex director adjunto de los procedimientos legales del Servicio de Administración Tributaria de México (SAT). El gobierno de Felipe Calderón ha fallado en transmitir a los legisladores la importancia de las leyes, considera Mejía.
La estrategia, publicada por el gobierno de Calderón en agosto de 2010, fue diseñada junto a la implementación de límites a los depósitos en dólares estadounidenses en los bancos mexicanos y al intercambio de divisas. La normativa, aprobada en junio de 2010, limita los depósitos corporativos e individuales a US$ 350 por día, excepto en las zonas turísticas designadas y áreas de la frontera México-Estados Unidos.
Bajo una propuesta pendiente de aprobación, los oficiales de cumplimiento que no notifiquen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero pudieran ser sentenciados hasta 16 años de prisión. Pero ese plan puede ser desechado por completo, debido a la oposición de la industria y a las dificultades para probar la negligencia deliberada en estos casos, dijo Mejía.
Según Frank Collins, asesor legal mexicano, las sanciones más fuertes para las fallas de cumplimiento son una mejora necesaria en el régimen antilavado de México. “Como otros sectores de la economía, la industria bancaria es vulnerable ante la corrupción y el soborno para ‘mirar hacia otro lado’ y dejar que el dinero se mueva”, indicó Collins.
“Las sanciones son severas, pero sin esos reportes de operaciones sospechosas los fiscales no podrán iniciar nuevas investigaciones”, agregó el experto.
El gobierno de Calderón también está tratando de crear una unidad de análisis financiero de la Oficina del Fiscal General que presente informes anuales al Senado en las finanzas ilícitas y dar a los fiscales una línea directa con los reportes de transacciones sospechosas.
Pero el progreso en los planes se ha visto obstaculizada por las batallas jurisdiccionales entre los comités judiciales y de hacienda de la Cámara de Diputados, dijo Mejía, quien asesoró a la Fiscalía General en varias de las propuestas. Los legisladores también han de ponerse de acuerdo sobre una cambiante lista de industrias que es vulnerable al lavado de dinero, dijo.
En respuesta a las críticas formuladas por funcionarios del Ministerio de Finanzas sobre la fuerte oposición hecha por los notarios contra las normas propuestas, la Asociación Nacional del Notariado Mexicano dijo en un comunicado publicado en su página web el 02 de octubre que la función de los notarios no es investigar las fuentes de dinero con que una entidad compra propiedades. “Eso, más bien, es una función de la autoridad fiscal [SAT]”, dijo el grupo, que representa a 3.000 notarios públicos en México, en el comunicado. Un portavoz de la organización no devolvió las llamadas y mensajes de correo electrónico buscando comentario de cierre de esta edición.
