Por Brian Monroe
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La inminente directiva de la Comisión Europea para el sector de pagos de servicios podría provocar el cierre de los transmisores de dinero europeos u obligarlos a operar desde la clandestinidad.


Muchos temen que la regulación propuesta—que crearía un régimen de licencias que abarcaría a toda la Unión Europea y nuevos requisitos de reportaje para transacciones por encima de los 50.000 euros (US$63.680) — dejaría a los negocios de servicios monetarios en la misma difícil situación que sus pares en Estados Unidos. Allí, grandes bancos están cerrando las cuentas de estos negocios y obligándolos a cerrar operaciones. De esta forma logran capturar una porción del negocio global de US$100.000 millones al año.


“Es muy severa y eso preocupa”, dijo Olga Maitland, presidenta de International Association of Money Transfer Network y ex miembro de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, sobre la regulación propuesta. “Algunos negocios se derrumbarán u operarán desde la clandestinidad”.


La Comisión Europea propuso la directiva en diciembre de 2005 para fusionar el mercado de negocios monetarios en un solo mercado y, finalmente, mejorar la competitividad y eficiencia de la región.


Los distintos sistemas electrónicos de transferencia de fondos en su comienzo fueron construidos para proveer servicios a los mercados domésticos, procesar pagos de uno a tres días, dependiendo el país. Esta fragmentación es una carga pesada para la economía local ya que añade demoras artificiales de fondos y costos de 2 al 3 por ciento del producto bruto interno de cada país, escribió la Comisión en su propuesta.


Dado que la mayoría de los giros en Europa – un 97 por ciento – son enviados dentro de países miembros, la comisión escribió, los negocios existentes no tienen incentivos para invertir en tecnología compatible para las demás transacciones. Y dado que los giros internacionales se envían por lo general a través de bancos y sus relaciones corresponsales, esos bancos se hacen cargo de un tercio de esos costos.


La directiva intenta bajar esos costos y crear una competencia más justa entre bancos y transmisores de dinero porque, como dice el Departamento de Tesoro de Gran Bretaña: “el existente monopolio de los bancos deja fuera del mercado a creativos jugadores”.


Los bancos europeos pueden generar 10.000 millones de euros por año si los costos de las transacciones bajan a un 20 por ciento por encima de la tasa más baja de la región, señala un estudio de McKinsey Global Institute.


‘Costos desproporcionados’


“Están tratando de crear lo que llaman un juego justo, pero requiere el equivalente a una licencia bancaria”, dijo Maitland. “El problema es que los transmisores de dinero no son bancos—ellos no guardan ni invierten dinero”.


La directiva también busca unificar los irregulares regímenes de licencias y regulatorio de los servicios de pago entre los 25 estados miembros, una región tan fragmentada como Estados Unidos, donde si bien todos los negocios de servicios monetarios deben registrarse ante FinCEN, también deben obtener licencias individuales de los estados en donde operan. Algunos de estos estados cuentan con requisitos muy estrictos mientras que otros tienen muy pocos.


Igualmente, mientras algunos transmisores de dinero en Francia deben contar con licencias, en Gran Bretaña sólo deben estar registrados en el Departamento de Rentas y Aduanas.


“En Gran Bretaña, es muy fácil ser un transmisor de dinero”, dijo Maitland. “Se pagan 60 libras esterlinas y se llena el formulario de Rentas y Aduanas. Si tienen una licencia por lo menos sabemos quiénes son y lo que están haciendo. Pero el pequeño operador puede quedar fuera del sistema”.


Si bien el gobierno británico comparte las preocupaciones de la Comisión, tiene otras preocupaciones propias.


“La propuesta puede acarrear un costo desproporcionados para Gran Bretaña”, señaló el Tesoro en documento de julio de 2006. “Existen cerca de 2.200 pequeñas compañías de transferencias de dinero registradas en Gran Bretaña que podrían dejar de opera u operar en el mercado negro si se las obliga a cumplir con todos los requisitos” de la directiva.


Más del 70 por ciento de esos negocios, que provee servicios a trabajadores inmigrantes de países en vía de desarrollo, facturan menos de 1 millón de libras esterlinas al año, según el Departamento del Tesoro de Gran Bretaña.


“Vemos que la propuesta trae grandes beneficios para Gran Bretaña”, señala el Departamento del Tesoro. “Grandes compañías de transferencia y algunos operadores de cajeros automáticos reciben con agrado el acceso que les daría a otros mercados europeos”.


Sin embargo, el Tesoro también criticó la directiva y sugirió que la Comisión busque alternativas, tales como iniciativas nacionales y soluciones basadas en los mercados.


Actualmente, los negocios de servicios monetarios de Gran Bretaña están sujetos a las regulaciones antilavado, pero no a otros estrictos criterios que se aplican a bancos. En la mayoría de los casos la directiva afectaría a instituciones de crédito, emisoras de dinero electrónico, transmisores de dinero, operadores de cajeros automáticos, compañías que ofrecen servicios de pagos de facturas, y en algunos casos compañías de teléfonos celulares y cooperativas. Esos negocios pueden enviar sus comentarios al Tesoro de Gran Bretaña antes de septiembre.


“Hay mucha presión para hacer que el comité en Bruselas tome conciencia de las preocupaciones y realidades de los transmisores de dinero”, dijo Maitland.