Por Brian Monroe.
Las divergencias en las listas internacionales de delitos de lavado de dinero han dificultado la lucha contra los delincuentes financieros, según un informe elaborado por el gobierno australiano.
Entre las regulaciones antilavado de dinero (ALD) de los nueve países estudiados por el Instituto Australiano de Criminología, existen “grandes diferencias” en los tipos de delitos vinculados al lavado de dinero que han creado barreras para el intercambio de datos entre gobiernos, dijo la organización. Las distinciones confunden los esfuerzos internacionales para hacer uso de los tratados de asistencia jurídica mutua (MLATs, su sigla en inglés) y extraditar sospechosos, comenta el instituto en el informe, difundido este mes.
El instituto comparó cómo Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Hong Kong, Singapur, Taiwán, el Reino Unido y Estados Unidos cumplen con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que acaba de emitir cambios en sus recomendaciones en contra de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Las variadas listas de delitos pueden ser un gran obstáculo para los investigadores de Estados Unidos, de acuerdo con Linda Candler, abogada de Los Ángeles y ex directora asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La mayoría de los MLATs requieren que la presunta violación objeto de la investigación sea considerada delito en ambas naciones, explicó.
Incluso las pequeñas diferencias en las listas de delitos puede significar retrasos en las investigaciones y aumento de los costos. “Hay que mirar la conducta subyacente, la base subyacente de hechos del caso en una jurisdicción y ver si, por lo menos, eso coincide con la conducta” en la jurisdicción extranjera, comentó Candler.
Diferencias sobre los ROS
El informe también indica “grandes diferencias” en los límites regulatorios que ameritan la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS). Los informes reglamentarios presentados por abogados, contadores y comerciantes de metales preciosos son, en ciertos casos, inexistentes, dijo el instituto.
“El bajo nivel de reporte de empresas que están fuera del sector financiero crean dudas sobre la eficacia del régimen para alcanzar estas industrias (…) El Fondo Monetario Internacional ha sugerido que los bajos niveles de supervisión son una explicación del bajo número de reportes”, señala el informe.
Funcionarios del GAFI tienen una difícil tarea por delante para lograr que las jurisdicciones unifiquen más sus reglas. “Estamos entrando en un tema de soberanía. Cada país establece sus propias normas, su propia legislación y su jurisprudencia”, dijo Candler.
