La ampliación y diversificación de los ámbitos de acción de las organizaciones criminales para el lavado de dinero es directamente proporcional a la preocupación de las autoridades de los países que no alcanzan a cubrir, al ritmo impuesto por los delincuentes, todos los vacíos presentes en las diversas actividades de la economía en cuanto a legislación, recursos, capacitación, etc. que pudieren estar propiciando tal crecimiento y expansión.
En este sentido es que se acrecienta la preocupación en Perú por el avance del crimen organizado y la delincuencia en sectores tales como el inmobiliario, el comercio exterior y otros en donde tal delito va en aumento como es el caso de la minería ilegal. Así lo manifestó en la última semana el Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, en reunión con la prensa extranjera: “Existen grupos especializados con experiencia en lavado de dinero que se mueven en todo el país y se involucran en comercio exterior, inmobiliaria, minería ilegal, cooperativas, entre otros”.
Entre los principales factores que propician esta situación, Espinoza destacó el poco ordenamiento que existe en sectores como el inmobiliario y la informalidad y la falta de controles imperante en otros.
Meses atrás, el mismo funcionario había anticipado el problema creciente que se presenta en el país en el sector inmobiliario y de la construcción, donde existe la costumbre de crear una empresa y construir un edificio, para posteriormente cancelarla generando un círculo donde se crea otra empresa para construir otro edificio y así sucesivamente. Tal situación, según la visión de Espinoza, plantea el problema del seguimiento que se torna de difícil implementación, aunque destacó también el aumento en los casos investigados por la fiscalía.
En relación a la minería ilegal, Espinoza destacó la importancia de que la UIF se concentre en el seguimiento de la ruta del oro donde se viene evidenciando la actuación de grupos criminales desde la extracción, pasando por el procesamiento, para luego comercializarlo por canales ilegales. Tal seguimiento presenta obstáculos que tienen que ver con la identificación de la partida a la que pertenece el metal que puede haber salido del país debidamente identificado para luego ser fundido en otro país desde donde retorna por canales subterráneos volviendo al mercado local, perdiéndose en el camino la identificación original.
Otro de los obstáculos que se presentan para la toma de acciones por parte de las autoridades es la “protección” que se les pudiera estar ofreciendo a las organizaciones criminales que se dedican a la minería ilegal en regiones de escasos recursos que se ven “beneficiadas” económicamente por tal explotación en donde, por lo general, confluyen organizaciones terroristas armadas financiadas por la actividad.
En lo referente a las medidas que se han tomado en relación a la minería ilegal, cabe destacar el acuerdo firmado a fines de noviembre entre el Ministerio del Ambiente (Minam) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a través del cual el Minam se compromete a proporcionar a la SBS acceso a la información proveniente de sus órganos de línea, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la Procuraduría Especializada sobre temas ambientales y/o vinculados a la minería ilegal, al mismo tiempo que la Unidad de Inteligencia Financiera brindará información a los operadores de justicia sobre los movimientos irregulares de fondos y cuentas de personas naturales o jurídicas que puedan estar siendo utilizados para financiar tal delito.
Según lo expresado por Espinoza a medios locales, para poder descubrir a las organizaciones criminales y darles el tratamiento correspondiente en función de su grado de criminalidad, “es necesario que el Congreso dicte leyes para que la UIF tenga acceso al secreto bancario, reserva tributaria, a realizar supervisión en casas de cambios, casinos, cooperativas de ahorro y crédito”.
Cabe destacar que el Perú es uno de los pocos países en que la Unidad de Inteligencia Financiera, herramienta clave en la lucha contra el lavado de activos, depende de la Superintendencia de Banca y Seguros. Observación ésta realizada en el marco de la V Conferencia de la ONU de Estados Partes de la Convención contra la Corrupción que congrega a Legisladores de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (Gopac en inglés), donde se destacó además que en la mayoría de los países participantes en el evento, la UIF depende de la Contraloría y de la Fiscalía de la Nación, que son instituciones encargadas de luchar contra la corrupción y no del organismo regulador del sistema bancario.
Números crecientes:
Según información brindada recientemente ante el Congreso del Perú por la procuradora antidrogas, Sonia Medina:
• El lavado de activos en Perú mueve unos US$ 6,500 millones al año y el narcotráfico bordea los US$ 2,000 millones.
•La procuraduría antidrogas maneja 18.856 procesos por tráfico ilícito de drogas, 59.602 procesos por tráfico ilícito en pequeña escala y 289 por lavado de activos.
•Se encuentran en proceso judicial 1.211 personas y 535 casos se encuentran en investigación preliminar.
•El patrimonio incautado en los últimos años asciende a 243 bienes inmuebles y 348 bienes muebles, y el dinero incautado llega a US$ 417 millones y 16 millones de soles.
