Por Carla Valero
En marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó el Informe Estratégico sobre el Control Internacional de Narcóticos (INCSR) donde evalúa los esfuerzos que los cientos de países realizaron el año pasado en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos financieros, y los países latinoamericanos deben reforzar varios aspectos de sus defensas contra el lavado de dinero y el terrorismo pero sobre todo continúan retrasados en la tipificación de la financiación del terrorismo.
La falta de leyes que criminalicen y castiguen la financiación del terrorismo es una asignatura pendiente en la mayoría de los países latinoamericanos y este es uno de los puntos que más preocupa a EE.UU.
Hay países que reconocen el terrorismo como delito grave, como es el caso de México, pero que todavía no ha tipificado el delito de financiación de terrorismo al igual que Argentina, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Brasil, Paraguay y Ecuador.
En el caso de Ecuador, a pesar de ser el segundo año consecutivo que el informe advierte que todavía no tiene ley contra la financiación del terrorismo, el país no está por la labor de crearla, ya que según Roberto Villacreses, investigador asociado del Instituto de Economía Política de Ecuador, “este tema tiene menor relevancia para nosotros ya que hay otros temas prioritarios contra los que estamos luchando primero como el narcotráfico”.
Así, una de las prioridades del país fue la aprobación de la ley de lavado de dinero 2005-13, que fue promulgada el 18 de octubre de 2005 y que amplía los delitos precedentes al de lavado de dinero mas allá de los relacionados con el narcotráfico.
Argentina, por su parte, tiene un proyecto de ley para criminalizar la financiación del terrorismo que se debate en el Congreso y se encuentra a la espera de su aprobación prevista para este mismo mes de abril. Aunque varios especialistas antilavado han expresado sus dudas de que esta ley vaya a ser aprobada tan pronto y también de que sea implementada adecuadamente. Según
Argentina está bajo presión por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional y otros organismos internacionales para aprobar la ley en los próximos meses. Para Horacio French, ex miembro de los servicios de inteligencia argentinos “es difícil saber para cuándo estará lista esta ley pero creo que por falta de convicción política de las autoridades argentinas este tema es sólo importante cuando lo presionan desde Europa a EE.UU.”.
Quien si ha realizado grandes avances en este ámbito según el informe es Uruguay, uno de los pocos países que ya ha incluido como delito en su legislación la financiación del terrorismo.
Según Fernando Fuentes, contador de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Uruguay, “la implementación de esta nueva ley ha sido muy positiva para el país, a pesar de que aún tenemos que seguir luchando en mejorar otros aspectos como la falta de coordinación entre agencias, para la que estamos trabajando con un equipo del Fondo Monetario Internacional”.
Los puntos débiles de las agencias de inteligencia
Los países que tienen una Unidad de Inteligencia Financiera, en general cumplen su función de análisis, investigación y transmisión de información a efectos de detectar y prevenir actividades de lavado de dinero de forma correcta—ni Nicaragua ni Venezuela cuntan todavía con una unidad propia e independiente—aunque hay algunos países que deberían destinarle más recursos como es el caso de Costa Rica y Panamá.
Por su parte, EE.UU. cree que la UIF de Bolivia es incompleta y ha hecho poco por reforzar las funciones del organismo. Además, entre sus funciones también debería obtener informes de las instituciones no financieras y no sólo de los bancos.
“El comentario sobre el refuerzo de las funciones quizás se refiere a que la unidad tiene sus funciones limitadas ya que depende de la Superintendencia de Bancos y eso supone una problema a la hora de dotarla de presupuesto”, dijo Reinaldo Yeujora, miembro de la Superintendencia de Bancos de Bolivia.
También le falta ampliar sus funciones a la UIF de Chile, la cual según EE.UU. no ha desarrollado aún un informe de transacciones sospechosas para entidades no financieras. Además, Chile tiene varias debilidades que impiden a la unidad llevar a cabo su trabajo plenamente como su inhabilidad para sancionar a entidades que no cumplen con la normativa y su falta de acceso a la información.
Según Hernán Peñafiel, miembro del Consejo de Defensa de Chile, “la unidad sufrió un importante retraso hasta su implementación en 2006 por desconocimiento general de la necesidad de crear un órgano que cumpliera con los estándares internacionales en el ámbito del lavado de dinero”.
Uruguay a pesar de tener una Unidad creada no la tiene del todo operativa y según el informe de EE.UU. debería centrar sus esfuerzos en este ámbito.
En este sentido, según Fuentes, de la UIAF de Uruguay, “la unidad no estaba el todo operativa porque faltaba el ingreso de nuevos funcionarios tras la nueva estructura que hemos creado”.
Por otro lado, el informe sugiere que la UIF argentina debería disponer de más recursos para funcionar con la suficiente independencia. Según French, “la demora de las autoridades argentinas en poner en vigencia esta institución está directamente relacionada con el tiempo que necesitará para funcionar correctamente”.
Otras carencias por solventar
A pesar de que muchos países comparten las mismas debilidades, también hay otros elementos que los diferencian y hacen que cada país tenga sus propios retos entre los protagonistas de la lucha antilavado y contra la financiación del terrorismo.
En el informe se advierte que Bolivia debería dar pasos para reforzar los lazos de cooperación y relación con otros países y sus entidades gubernamentales para crear un sistema mejor y más efectivo capaz de prevenir y combatir los delitos por lavado de dinero y financiación del terrorismo, aunque no esta advertencia no es compartida por todos en Bolivia. Yeujora dice que no está de acuerdo con este aspecto, señala que Bolivia se ha acercado a otros organismos internacionales, al igual que a foros de capacitación y “nos hemos preocupado por cooperar con otros países”.
Argentina también tiene falta de coordinación y cooperación entre las diferentes agencias, aunque con la reciente creación de la Oficina Nacional del Coordinador este tema debería aliviarse. Además, el país también debería mejorar la falta de estrategia nacional en el ámbito del lavado de dinero.
Según French “la falta de cooperación obedece a dos factores fundamentales: la ausencia de medios para realizar sus tareas y a la falta de exigencia por parte de las autoridades nacionales en la obtención de resultados en sus trabajos”.
Por su parte, Chile tiene como debilidad que las instituciones no bancarias no están reguladas por ningún organismo, hecho que las hace muy vulnerables a las operaciones ilícitas. Además, no hay marco legal para supervisar los movimientos de dinero a través de la industria del juego.
“Existen varios proyectos de ley que se encuentran en el Congreso para que estos sectores sean regulados y somos plenamente conscientes de la importancia que tiene establecer algún tipo de control en ciertos sectores”, dijo Peñafiel.
Colombia tiene que trabajar en obtener más recursos para llevar a cabo investigaciones y poder destapar más casos de lavado de dinero y Costa Rica tiene que extender su ley antilavado y ampliarla a instituciones no financieras al igual que Brasil y México, que debe además reforzar sus controles fronterizos..
En cuanto a Nicaragua, este país debería tomar mejores medidas para cumplir con los estándares internacionales sobre lavado de dinero.
Poco ha mejorado Ecuador en un año ya que si en el 2005 no había tomado medidas para eliminar las limitaciones que las instituciones financieras tienen para suministrar información a la policía como parte de una investigación –según la ley de Difamación Criminal, se puede sancionar a bancos que aporten información sobre transacciones sospechosas a la policía si no hay una actividad criminal probada contra esa persona—en el 2006 siguió sin hacerlo. Además de contar con un marco legal contradictorio, en Ecuador existe poca cooperación entre agencias gubernamentales, según el informe del INCSR.
Según Villacreses, “es verdad que existe poca cooperación entre agencias en Ecuador porque no se realizan muchas investigaciones conjuntas ni se trabaja de forma coordinada para el intercambio de información”.
El informe del INCSR viene a resaltar unas debilidades que no son ajenas al conocimiento de los gobiernos latinoamericanos quienes bien por falta de recursos o de voluntad siempre acaban repitiendo los errores del informe publicado el año anterior.
