Una situación fuera de lo común surgió en un caso en Estados Unidos, un reconocido narcotraficante cuya organización supuestamente manejó y lavó más de US$2.000 millones, y ha sido acusado en EE.UU., ahora debe resolver cómo le paga a su abogado defensor.
Según un juez de una corte federal de EE.UU. la cuestión sobre si Gilberto Rodríguez Orejuela podrá utilizar su dinero para pagar a su abogado, o si debe utilizar los servicios de un defensor provisto por el estado, debe resolverse.
Si no se llega a una solución, el caso podría derrumbarse, dijo el juez.
“Si se violan los derechos constitucionales y el único remedio es desestimar la acusación, así será”, dijo el juez federal Federico Moreno según informes de prensa.
Orejuela ha demandado al gobierno federal alegando que la prohibición de pagarle a su abogado –José Quiñón de Miami—es una violación de los derechos constitucionales a un representante legal, confirmaron funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Orejuela, junto con su hermano Miguel, están acusados de liderar una organización de narcotraficantes que lavó e invirtió unos US$2.100 millones entre 1990 y 2002 a través del contrabando y distribución de cocaína en Estados Unidos.
Los hermanos Orejuela se encuentran en Miami a la espera de un juicio acusados de conspiración para lavar dinero y de narcotráfico.
Ambos se han declarado inocentes de todos lo cargos.
No al dinero de la mujer
Gilberto Rodríguez Orejuela pretende utilizar el dinero de la venta de una casa en Bogotá que heredó su mujer para pagar a un abogado privado que lo defienda.
Pero el gobierno federal prohíbe a individuos y entidades estadounidenses –incluyendo abogados—recibir pagos de personas tales como Orejuela, su esposa y muchos de sus amigos y allegados, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) ha designado como narcotraficantes.
La orden ejecutiva 12978 que firmó en octubre de 1995 el presidente Bill Clinton, creó la categoría de “Specially Designated Narcotics Traffickers” (narcotraficantes especialmente designados) para incluir las personas con quienes las entidades y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido llevar a cabo cualquier tipo de transacción financiera. Una vez que alguna persona o entidad es incluida en esta lista, sus activos en Estados Unidos también deben ser bloqueados.
