Por Fernando Martínez.
Una pareja costarricense y la coordinadora de créditos del Banco Popular de la localidad de San Ramón de Alajuela, (a 35 kms de San José) se les dictó un año de prisión preventiva, por haber presuntamente incurrido en operaciones de legitimación de capitales.
El fiscal general interino, Guillermo Hernández, dijo al diario La Nación (San José) que “lo que hacían era pedir dinero prestado al Popular para justificar los ingresos en las cuentas de ellos, pero inmediatamente los cancelaban”.
La funcionaria bancaria, con 10 años de trayectoria en esa institución financiera, brindó supuestamente asesoría a la pareja de ex esposos para que evadieran los controles financieros, hicieran inversiones y así pudieran lavar el dinero proveniente del tráfico de drogas.
La metodología
La presunta legitimación de capitales se habría dado a través de 15 créditos otorgados por la empleada del banco, para que los sujetos hipotecaran fincas. Esas hipotecas eran posteriormente pagadas con dinero suministrado por la red de narcotraficantes mexicanos conocida como La Familia Michoacana.
El hecho de que la pareja implicada pagara los préstamos antes del plazo fijado y por montos muy superiores a los ingresos reportados, encendió las alarmas del programa de monitoreo de transacciones establecido por el departamento de cumplimiento del Banco Popular, el cual emitió a principios de 2009 el Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Este reporte le permitió a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas iniciar las investigaciones, que fueron luego coordinadas con la Fiscalía.
Este caso tiene como antecedente la captura por parte de funcionarios de Control de Drogas de Costa Rica, en junio de 2010, de 19 personas relacionadas con el tráfico de dos toneladas de cocaína de la organización mexicana La familia Michoacana. Uno de los detenidos, vínculo directo del cartel azteca, traspasó los bienes (cuatro fincas y un vehículo) a la sociedad Kardani ABC, administrada por la pareja Alfaro-Mora, aseguraron los medios locales.
Las transacciones anómalas y los presuntos vínculos de los beneficiaros de los créditos con uno de los detenidos de la red de narcotraficantes, dieron mayores luces a la investigación.
Trascendió en medios costarricenses que la funcionaria de la agencia tenía un proceso administrativo abierto desde hace seis meses. No se le sancionó ni despidió, porque esto podía entorpecer el curso de un proceso que terminó en su detención preventiva.
Alto riesgo en Centroamérica
El consultor hondureño Javier Villacorta, articulista colaborador de Lavadodinero.com alertaba en diciembre de 2010 sobre la necesidad de que las instituciones financieras lleven a cabo una “debida diligencia ampliada” al momento de monitorear los movimientos de las personas que se dedican -entre otros rubros- a la administración de fincas.
En el artículo, titulado Agricultura y ganadería: rubros utilizados para lavar dinero en Centroamérica, argumenta sobre la necesidad de calificar a los empresarios vinculados con fincas, ganadería y agricultura como de alto riesgo, “porque es una actividad usada últimamente en Centroamérica para legitimar dinero (…) Los carteles de drogas de países de Norte y Sur América están reclutando a estas personas para que sirvan de testaferros en el lavado de dinero”.
El experto recomienda tomar las siguientes medidas de control, y citamos:
- Hacer una revisión de su Programa de Cumplimiento, a fin de verificar si han incluido dentro del apartado de los clientes de “Alto Riesgo”, a aquellas personas que se dedican a la explotación del rubro de ganadería y agrícola, si no los tienen deberán incluirlos de inmediato.
- En sus matrices de “Clientes de Alto Riesgo”, deberán incluir todos los datos referentes a esta clase de clientes: ubicación geográfica de la propiedad donde ejerce su actividad; clase de actividades comerciales, ya sea la principal como las marginales; tiempo desde el cual se dedica a la actividad; si tiene socios o allegados que intervienen en el negocio; los movimientos que llevará a cabo en sus cuentas, etc.
- Verificar con el cliente si tiene relación con otras instituciones financieras, (en algunos países las leyes permiten que los funcionarios de cumplimiento puedan girarse comunicados solicitando cierta información de algún cliente en común que es investigado por una de ellas, por cualquier atipicidad en los movimientos de sus cuentas); para posteriormente tener opción de consultar a un funcionario colega sobre el comportamiento de esta persona en su banco, sin violar el“Secreto Bancario”, y así formarse una mejor idea del comportamiento de este cliente cuando está siendo objeto de investigación.
- En el sistema informático de monitoreo de la institución verificar si estos clientes realizan movimientos en sus cuentas muy por encima de lo reportado en la iniciación de la relación de negocio, en estos casos deberán tenerse estas “Alertas Positivas” en investigación constante, a fin de verificar si tales movimientos están de conformidad a su actividades comerciales o agrícolas. Recordemos que son comerciantes que llevan a cabo actividades licitas de ganadería y agricultura, que algunas veces diversifican sus negocios mediante el establecimiento de empresas que se dedican a otras actividades.
- Deberá llevarse a cabo una capacitación especial a aquel personal de Atención al Cliente, como el de Apertura de Cuentas, Oficiales de Crédito y personas involucradas en hacer evaluaciones ganaderas o agrícolas (ingenieros agrónomos), con el propósito que se mantengan vigilantes de las actividades de estos clientes y puedan reportar cualquier situación que no está de conformidad al perfil del cliente.
Mala noticia
El país centroamericano fue incluido por el Departamento de Estado entre los 64 países donde hay mayor lavado de dinero, fruto de delitos como el narcotráfico, según el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos correspondiente al 2010.
En el mismo reporte Costa Rica figura como uno de los 20 países principales productores de drogas ilícitas o países en tránsito de drogas. El informe también señala la presencia del cártel de Sinaloa en esta nación.
Como metodología más típica se coloca en primer plano la compra de propiedades en efectivo a nombre de personas que se encuentran en Estados Unidos. Estas transacciones son casi siempre realizadas por abogados. Se ha tenido grandes dificultades para verificar la identidad y las fuentes de los fondos.
El ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, calificó ante la prensa tica esta situación como “una mala noticia”. “Lo más importante es que las autoridades, no obstante los escasos medios con que disponen, están dando la lucha en todos los frentes”, manifestó.
Durante el año pasado se emitieron en Costa Rica 304 informes sobre transacciones sospechosas.
