Por Matt Squire
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Los oficiales de cumplimiento de los bancos consideran que la cantidad de recursos que deben destinar a los programas antilavado de dinero está dañando a los esfuerzos de sus instituciones en otras áreas de cumplimiento.


Los bancos estadounidenses con más de US$20.000 millones en activos están asignando un promedio de 33 empleados para obedecer sus obligaciones de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (LSB), según una encuesta dada a conocer la semana pasada en la Conferencia sobre Cumplimiento Regulatorio organizada por la Asociación de Banqueros Estadounidenses (por sus siglas en inglés, ABA) en Atlanta. Casi la mitad de los bancos de tamaño medio – con activos que van desde los US$10.000 millones a los US$19.000 millones – emplean a tres o más dedicados profesionales de cumplimiento LSB.


Un 58 por ciento de los casi 500 oficiales de cumplimiento encuestados dijo que sus esfuerzos de cumplimiento con la LSB han desviado recursos de otras obligaciones de cumplimiento regulatorio. Las obligaciones de reporte LSB desactualizadas deben ser modificadas para que los bancos puedan utilizar de una mejor forma sus recursos, dijo el domingo Rich Riese, director del Centro para el cumplimiento regulatorio de la ABA.


ABA, cuya sede se encuentra en Washington, D.C. y otros representantes de la industria bancaria han estado pidiendo una reducción de la cantidad de reportes de transacciones en efectivo (RTEs) que deben presentar las instituciones financieras. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley en enero pasado mediante el cual se ampliarían las excepciones a las regulaciones sobre reporte RTE.


La Ley de Secreto Bancario obliga a las instituciones financieras a presentar RTEs ante la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (por sus siglas en inglés, FinCEN) con relación a cualquier transacción superior a los US$10.000. La medida de la Cámara permitiría a las instituciones exceptuar aquellas transacciones referidas a clientes de larga data.


Según Riese, el proyecto eliminaría la mayoría de los 13 millones de RTEs presentados anualmente.  “Esto permitiría a los bancos redireccionar recursos para colaborar con el cumplimiento legal de forma más efectiva, en lugar de completar formularios innecesarios”, dijo Riese en una declaración la semana pasada.


Los funcionarios federales de cumplimiento legal han señalado que una mayor cantidad de excepciones a la presentación de RTEs comprometería sus esfuerzos para combatir el crimen y el terrorismo. El Senado, cuyos miembros acuerdan con esas preocupaciones, todavía tiene que analizar el proyecto. Los observadores de Washington dicen que el proyecto continuará sin ser tratado hasta que sea publicado un Informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental sobre las presentaciones de RTEs, lo que se espera ocurra a fin de año.


Desafíos de capacitación y educación


La encuesta de ABA también concluyó que los bancos están gastando más en capacitación y educación para el cumplimiento LSB que en cualquier otra área. Ello es así porque la potencial responsabilidad y los costos sobre la reputación por el incumplimiento LSB son mayores, dijo Riese.


Además, la mayoría de las instituciones financieras consideran a las recomendaciones escritas de los reguladores como un requisito, según la encuesta.


“Las recomendaciones son exactamente eso – no son obligaciones y existe una diferencia clara entre las dos”, dijo Calvin Hagins, director de política de cumplimiento de la Oficina de Contralor de la Moneda, después de que se dieran a conocer los resultados de la encuesta en la conferencia.  “Creo que es importante que cuando los reguladores realizan recomendaciones, esté clara la diferencia entre lo que nos gustaría ver y lo que es una obligación”.


En una encuesta informal hecha a los examinadores bancarios que asistían a la conferencia, el 56 por ciento dijo que ellos consideraban que sus recomendaciones son optativas.


Riese dijo que los reguladores deben distinguir más claramente entre las recomendaciones y las obligaciones. “Puede ser simplemente que ellos prefieran ponerlo en términos suaves y expresarlo como recomendaciones, o puede ser que haya una falla en la comunicación”, dijo Riese. “Los banqueros ciertamente sienten que las recomendaciones del supervisor son algo más o menos obligatorio”.