El aumento de los controles antilavado de dinero implementados por las instituciones financieras grandes está generando un movimiento de los recursos relacionados a personas expuestas políticamente (PEPs) hacia un área más vulnerable: los bancos pequeños.
Según alertaron algunos analistas consultados por Lavadodinero.com, los funcionarios públicos y políticos extranjeros están utilizando cada vez más cuentas bancarias en instituciones pequeñas para penetrar el sistema financiero de Estados Unidos, debido a que son más vulnerables a los abusos, porque adolecen de los recursos necesarios para la labor de cumplimiento.
Hablan los reguladores
Motivado por la presión de los reguladores estadounidenses, los bancos grandes han mejorado los controles sobre las PEPs, explicó un examinador de un organismo regulador, quien pidió que su nombre no fuese revelado. El funcionario agregó que los bancos comunitarios estadounidenses –pequeñas entidades creadas con capital local que operan en un área geográfica limitada-, que tienen un personal reducido y un “esquelético” equipo antilavado de dinero, se han convertido en el destino del dinero procedente de la corrupción pública extranjera.
Los bancos locales usualmente no saben que le están prestando servicios a un PEP extranjero, mucho menos se imaginan que es un funcionario corrupto, afirmó el examinador, quien también dijo: “Recientemente hemos ido a bancos pequeños que tú asumirías que son de “super bajo riesgo” de PEPs extranjeros y en 3 ocasiones hemos encontrado que tienen 2 o 3 clientes que ellos no sabían que eran PEPs”.
El funcionario del organismo regulador dijo que “nosotros no estamos eliminando las cuentas con fondos procedentes de la corrupción, sólo estamos logrando que se muevan” [de una institución a otra].
Los PEPs pudieran querer abrir cuentas en bancos pequeños por razones legítimas, como estar cerca de negocios con los que tienen relaciones dentro de Estados Unidos. Pero todavía, muchos funcionarios públicos corruptos de alto nivel “piensan que pueden utilizar un banco comunitario donde nadie es detectado como sucede en los bancos grandes”, afirmó el funcionario, quien este año descubrió una cuenta de unos familiares de un líder político africano que no habían sido identificados por los funcionarios bancarios como PEPs.
La tendencia de que los PEPs muevan sus fondos a instituciones pequeñas es “algo de lo que estamos conscientes”, dijo otro regulador bancario entrevistado, quien agregó que “le estamos pidiendo el monitoreo de estas cuentas de la misma forma en que lo hacemos siempre, porque poseen un riesgo potencial muy elevado” de estar asociadas a corrupción o lavado de dinero.
Aunque no es ilegal que un banco tenga una cuenta de un PEP, “esta consume más recursos en términos de diligencia debida y monitoreo de esa cuenta y de las otras asociadas”, explicó el funcionario.
Hablan los oficiales de cumplimiento
Un oficial de cumplimiento LSB (Ley de Secreto Bancario) de un banco comunitario del estado de North Carolina, afirmó que muchos bancos pequeños no serán engañados al abrir una cuenta de un PEP doméstico o extranjero, y le asignarán el nivel de riesgo adecuado a la cuenta.
El oficial de cumplimiento explicó que cuando abren nuevas cuentas, “le preguntamos al nuevo cliente si ha tenido o tiene actualmente un cargo público”, si la persona responde afirmativamente, le preguntamos “dónde ha tenido cuenta bancaria antes y cuáles fueron las circunstancias para dejar al banco anterior”.
De igual forma, otro oficial de cumplimiento de un banco en New Jersey –quien también exigió que su nombre no fuera mencionado- indicó que “muchos bancos pequeños saben quienes forman parte del gobierno local, estatal y conocen a los legisladores”, pero ellos igual le están preguntando a los clientes si tienen algún nexo con una función pública, porque un político de otra área pudiera tratar de abrir la cuenta lejos de su región y “eso generaría una gran pregunta: por qué él seleccionó este banco en otra zona”.
Por otra parte, los bancos también están cerciorándose de si las cuentas serán utilizadas para contribuciones políticas, “porque necesitamos saber que el dinero que está fluyendo a través de la cuenta es legítimo” y que no esté relacionado a corrupción u otra actividad ilegal. También “necesitamos saber si la cuenta está siendo utilizada por algún pariente o amigo del titular PEP… de ser así, pudiera cerrarse la cuenta”, dijo el empleado del banco de New Jersey.
Los examinadores están poniendo a nuestro banco “en la mira” con las cuentas de los PEPS, dijo otro oficial de cumplimiento de un banco de Texas que suministra servicios a dos ex embajadores foráneos, los cuales están clasificados como PEPs en el proceso de monitoreo de la cuenta.
Que el gobierno no publique una lista oficial de figuras políticas extranjeras genera una zona gris en la que deben navegar los oficiales de cumplimiento, frecuentemente de forma subjetiva, dijo Lilly Thomas, quien es vicepresidenta de la Comunidad Independiente de Banqueros de América (Washington D.C.). “El gobierno quizás nunca amarre sus propias manos con una iniciativa como esta”, afirmó la experta.
Buscar a los “asociados cercanos” de los altos funcionarios públicos –entiéndase miembros de la familia inmediata, o personas ampliamente conocidas como asociados- se convierte en una tarea difícil, de acuerdo a Thomas.
Incapaces de contar con una lista gubernamental, los bancos pagan por servicios de empresas proveedoras que hacen seguimientos a los PEPs y tienen a personal monitoreando las fuentes públicas de información sobre los políticos extranjeros, afirmó Arnie Scher, directora de BDO Consulting, quien precisó que la ausencia de una base de datos formal sobre PEPs hace que las instituciones financiares pequeñas realicen un proceso inadecuado de investigación, al remitirse solo a la lista de nacionales designados.
Hablan las instituciones
Las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) aplican solo para PEPs extranjeros, pero sugieren que lo países deben extender los requerimientos a los PEPS domésticos. A pesar de que las regulaciones de Estados Unidos no requieren una debida diligencia ampliada para los políticos locales, muchas instituciones actualmente lo hacen.
La Sección 312 de la Ley USA Patriot exige a las instituciones financieras aplicar un “escrutinio ampliado” a las cuentas de los PEPs, los cuales son definidos como a los funcionarios públicos extranjeros, incluyendo a los actuales o ex funcionarios de un gobierno, así como a sus seres cercanos.
Un reporte emitido en febrero de 2010 por el Subcomité Permanente de Investigaciones de la Cámara del Senado de Estados Unidos exige a las instituciones financieras escanear los nombre de los clientes con bases de datos confiables de PEPs extranjeros, así como colectar información sobre los beneficiarios finales de las cuentas y revisar anualmente las cuentas de los PEPs para detectar actividades sospechosas
El reporte fue un llamado a las grandes instituciones bancarias estadounidenses por mantener cuentas de grandes figuras políticas extranjeras con dinero procedente de corrupción pública.
