Por el Departamento Editorial.
El Enfoque Basado en el Riesgo -conocido en inglés como Risk Based Approach– es una de las políticas más recomendadas por expertos y organismos multilaterales, cuando se refiere a la prevención y combate de los delitos financieros. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su Recomendación No. 1 de los estándares internacionales ha ratificado que “los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR) a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados”.
Este proceso puede ser muy complicado para el oficial de cumplimiento y requiere un gran esfuerzo, no solo para su establecimiento, sino para las continuas revisiones y actualizaciones que deben realizarse para poder ser efectivos en el monitoreo de transacciones, clientes, empleados y productos.
Un elemento fundamental en la concepción de un modelo de control basado en el riesgo es el llamado Riesgo Geográfico, el cual se refiere a las amenazas que representa una jurisdicción o país. Sin embargo, cuál país es más riesgoso y cuál es específicamente el nivel de riesgo que representan para la institución, son solo algunas de las preguntas que los encargados de esta difícil misión deben responder.
Riesgo geográfico
No existe una fórmula única y mágica para determinar que jurisdicción es más riesgos. El GAFI en su Guía Para un Enfoque Basado en el Riesgo (2014) señala que se debe analizar “Las jurisdicciones a las que el banco está expuesto, ya sea a través de sus propias actividades o las actividades de los clientes, especialmente jurisdicciones con niveles relativamente más altos de corrupción o crimen organizado, y/o controles ALD/CFT deficientes e identificados por el GAFI. Los bancos deben complementar esta información con información obtenida de fuentes internas y externas relevantes, tales como jefes de negocios, gerentes de relaciones, evaluaciones nacionales de riesgos, listas emitidas por organizaciones internacionales intergubernamentales y gobiernos nacionales, las evaluaciones mutuas ALD/CFT e informes de seguimiento del GAFI o de los organismos de evaluación asociados, así como los reportes de tipologías”.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas veces los reportes del GAFI no reflejan la realidad más actualizada de la jurisdicción, ya que los técnicos pueden haber hecho la evaluación varios meses antes de la publicación del reporte, período en el cual los gobiernos pueden haber aprobado nuevas normas, aumentado los controles y aplicado correctivos a las deficiencias encontradas por el GAFI.
Un paso fundamental en el proceso de asignación del nivel de riesgo es consultar las listas negras sobre terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y sanciones publicadas por los gobiernos o instituciones. Las más importantes -y que no pueden ser obviadas por ningún departamento de cumplimiento y/o riesgos- son la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC, por sus iniciales en inglés), la de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, la de Unión Europea, la del Banco Mundial y la del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Otra lista que ha cobrado mucha importancia en los últimos años es el índice de Percepción de Corrupción, que publica cada año la organización Transparencia Internacional, ya que permite determinar el potencial riesgo de que las personas expuestas políticamente (PEP), empresarios e individuos de las naciones movilicen dinero asociado a hechos de malversación de fondos públicos, sobornos y desfalcos. Obviamente las naciones peor calificadas, pueden representar más riesgo para una entidad financiera que las percibidas como “menos corruptas”.
Las compañías podrían considerar la reputación general de los países en cuestión. En algunos, el dinero en efectivo puede ser el medio estándar de cambio o el recurso más utilizado en el sector comercial. Incluso otros pueden ser ampliamente conocidos por ser productores de drogas o estar ubicados en zonas de tránsito de drogas.
Otros factores a tomar en cuenta
Los riesgos son generalmente mayores si un lavador de dinero puede esconderse detrás de velos corporativos, tales como fideicomisos, organizaciones sin fines de lucro, compañías limitadas o estructuras en las que es difícil identificar a los titulares beneficiarios del dinero. El riesgo es aún alto si las compañías están ubicadas en países con estrategias antilavado inadecuadas. Por eso es importante saber cuáles jurisdicciones mantienen esquemas rígidos de protección de la información corporativa, de secreto bancario o si permiten la figura de corporaciones “off-shore”.
Revisar los principales medios de noticias internacionales es un paso necesario para crear el índice de riesgos por países. Es necesario estar actualizado y conocer las tendencias, nuevas metodologías y conocer la evolución del crimen organizado.
El tema de los derechos humanos no debe dejarse por fuera, ya que usualmente está asociado con delitos como la trata de blancas o el tráfico de personas, que se han convertido en uno de los delitos precedentes del lavado de dinero más preocupantes por sus consecuencias sociales y económicas. En esta materia, se pude obtener una buena idea del riesgo que representa cada nación revisando la información suministrada por organizaciones como Freedom House (www.freedomhouse.org), que califica a los países de acuerdo con los derechos políticos y las libertades civiles que mantiene.
También existe un Índice del Observador de Derechos Humanos del periódico inglés The Guardian, el cual aunque no está muy actualizado, ofrece una referencia sobre los abusos de derechos humanos.
Otra referencia válida la ofrece el índice corporativo FTSE (www.ftse.com), en donde se pueden encontrar índices de distintos sectores por país, por ejemplo se pueden encontrar listado del sector bienes raíces o el desempeño del sector industrial. Por ejemplo, la serie de índices FTSE4Good ha sido diseñada para medir objetivamente el desempeño de las empresas que cumplan con las normas reconocidas a nivel mundial de responsabilidad corporativa. La gestión transparente y los criterios de FTSE4Good hacen una herramienta valiosa para medir el riesgo de clientes y/o jurisdicciones.
Es importante realizar revisiones trimestrales del índice de riesgo que se le asigne a cada país, ya que la realidad en cada jurisdicción puede cambiar significativamente con la sola aprobación de una nueva regulación o con la emisión de un nuevo reporte internacional sobre un país.
Asignación del riesgo
Una vez que esos riesgos fueron comparados y asimilados, se debe establecer una clasificación que se ajuste a nuestro planteamiento corporativo de riesgo. Un esquema muy utilizado en el mundo antilavado para medir el riesgo geográfico es el siguiente:
– Jurisdicciones Prohibidas: la empresa no puede hacer negocios ni tener relación de ninguna clase con el país. Un ejemplo pueden ser Irán y Siria, que han sido designadas por OFAC y son jurisdicciones de alto riesgo para el GAFI.
– Riesgo Alto: las transacciones no están necesariamente prohibidas, pero la compañía debería emplear una diligencia debida mejorada y un monitoreo de las transacciones de mayor nivel. .
– Riesgo Medio o Riesgo Moderado: se pueden realizar negocios normalmente, pero puede haber sectores, clientes o regiones sujetas a mayor observación o una debida diligencia ampliada.
– Riesgo Bajo: no existen dificultades conocidas para realizar negocios o mantener relaciones de cuentas en el país. La membresía al GAFI generalmente indica un riesgo bajo, pero no siempre.
Algunas clasificaciones incluyen categorías intermedias más específicas, que sirven para incluir a clientes que están en procesos de cambios. Estas categorías pueden ser: “Riesgo Medio a Alto”, “Riesgo Medio a Bajo”.
Aplicando el riesgo
Los riesgos de lavado de dinero más altos requieren controles más fuertes que aquellos garantizados por el bajo riesgo de individuos o países. Sin embargo, todas las categorías de riesgos deben ser mitigadas por la aplicación de controles, como la verificación de la identificación del cliente, las políticas CSC, el monitoreo automatizado y la capacitación.
Es vital contar con un sistema automatizado que responda y actúe considerando el riesgo geográfico, entre otros factores. El software debe permitir parametrizar y modificar los índices de riesgos, para que conjuntamente con otros elementos arroje un adecuado análisis de las operaciones.
De igual forma, es vital que los departamentos de cumplimiento antilavado, antifraude y de contraloría interna se mantengan en contacto e intercambien información sobre los riesgos y su clasificación.
