Por Verónica Moyano.

     Compras sospechosas de bienes raíces, uso de entidades comerciales y cantidades millonarias de dinero a nombre de personas expuestas políticamente (PEP) son solo algunos de los componentes de la investigación que adelanta la Fiscalía de la Nación de Perú contra el expresidente Alejandro Toledo, quien presuntamente habría incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

     Según declaraciones del fiscal, José Peláez, son dos las investigaciones que involucran a Toledo: por un lado la de la Fiscalía Nacional donde se investiga al exmandatario por enriquecimiento ilícito y una segunda encabezada por la 48 Fiscalía donde se investiga a Eva Fernenbug, suegra de Toledo, por lavado de dinero.

     Las irregularidades y la dificultad para justificar los gastos y movimientos de dinero, originaron que a fines de junio de este año la Fiscalía determinara el levantamiento del secreto bancario y tributario de Toledo, quien gobernó Perú entre los años 2001 y 2006. Además, en los últimos días el ministerio Público incluyó en la investigación a la esposa de Toledo, Eliane Karp, quien sería corresponsable de los delitos que se le imputan a su marido.

Transacciones sospechosas

     A Fernenbug se le adjudica el movimiento de US$ 17 millones desde Costa Rica a Perú a través de la empresa Ecoteva Consulting Group, una firma radicada en el país tico que la tuvo como presidenta hasta marzo de 2013. Dicha sociedad anónima fue creada en enero de 2012 por un abogado de nombre Melvin Rudelmann que, según lo que manifestó en su declaración, sólo habría tenido una función notarial: “Nunca custodié dinero, no tengo relación con los fondos que ellos tuvieron. A Toledo lo conocí hace dos años por un amigo en común, pero no somos amigos. No ha estado en mi casa. Mi pecado fue hacer esa sociedad”, manifestó el abogado.

     El reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) peruana reveló que con dinero de la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica para operaciones inmobiliarias en Lima llevadas a cabo por Eva Fernenbug, también se pagó hipotecas de dos propiedades del matrimonio conformado por Alejandro Toledo y Eliane Karp.

     Según se desprende de la investigación, los recursos se movilizaron mediante una transferencia desde el Banco Scotiabank de Costa Rica hasta el Banco de Crédito Perú y con ellos se procedió a comprar una casa por US$ 3.750.000 en julio del año pasado y una oficina por US$ 882.400 en septiembre de ese mismo año.

Perfil del Cliente: una clave en la investigación

     Según la información que se desprende de la investigación, tres factores fueron determinantes para abrir la investigación:

·         El origen y la cantidad de los recursos de Eva Fernenbug, una señora jubilada de 85 años que realizaba compras de propiedades millonarias, con un dinero cuyo origen no puede justificar.

·         La relación de parentesco entre Fernenbug y el expresidente, lo que la convirtió en una persona expuesta políticamente (PEP) de “alto riesgo”.

·         La empresa Ecoteva se presenta en la actualidad como un “Shell company”: sin bienes, cuentas registrales, ni teléfonos a su nombre.

     Al comparecer ante el congreso peruano, el expresidente Toledo intentó explicar el origen del dinero señalando que su suegra había comprado los inmuebles con dinero que le pagó el gobierno alemán por haber sido víctima del holocausto. Sin embargo, luego señaló que lo hizo a través de un crédito bancario contando con el aval del empresario Josef Maiman.

¿Ingenuidad o ignorancia?

     El exmandatario admitió que su error fue no haber convencido a su suegra de que no hiciera sus inversiones en Perú para evitar la connotación política que generó. Esta explicación pudiera resultar por lo menos ingenua, teniendo en cuenta que todas las transacciones y operaciones financieras que realicen PEPs en cualquier institución doméstica o internacional sujeta a normativas antilavado serán examinadas exhaustivamente y sometidas a un proceso de debida diligencia reforzada.

     La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú define como PEP a aquellas “Personas naturales que cumplen o hayan cumplido funciones públicas destacadas en los últimos dos (2) años, sea en el territorio nacional o en el extranjero y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Incluye a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y al cónyuge”.

     Es de destacar que Toledo es el segundo exmandatario peruano al que se levanta el secreto bancario, luego que a inicios de mayo se tomara una medida similar contra Alan García (1985-1990 y 2006-2011) por supuesto desbalance en sus ingresos y la compra de una mansión valorada en US$ 800.000.

Narcocongresistas

     El expresidente Toledo no es el único PEP que está siendo investigado en el país sudamericano; la Procuraduría Nacional Antidrogas de Perú investiga a siete congresistas, un presidente regional y tres alcaldes y policías, luego de la denuncia presentada por el sociólogo Jaime Antezana que los involucra en lavado de dinero del narcotráfico.

     La denuncia generó gran revuelo tanto en el ámbito político como ante la opinión pública que ya venía conmocionada y expectante por las investigaciones que involucran a Toledo y su familia. Si bien Antezana anticipó que su intención no es la de difamar al Congreso, sino procurar que se investigue la relación del narcotráfico con el poder político, la denuncia hasta el momento sólo ha derivado en una cantidad importante de juicios penales en contra del sociólogo iniciados por los implicados.

     Los próximos días serán cruciales para la investigación, cuando Antezana presente la documentación probatoria de su denuncia ante la justicia peruana.