Luego de la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizada el pasado mes de febrero, Argentina tiene un plazo de 4 meses para tomar nuevas medidas de fortalecimiento de la estructura antilavado de dinero. La acelerada aprobación de 22 resoluciones en lo que va de año por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), no han sido suficientes para contrarrestar los 10 años de inacción regulatoria y las debilidades detectadas por el GAFI, aunque el organismo ha reconocido los avances y el compromiso mostrado por el gobierno nacional.
Sin embargo, para Jose Sbattella, presidente de la UIF, hay suficiente consenso político para cumplir con las exigencias del GAFI y evitar ser incluido en la lista negra, pero aún se mantienen muchos retos en distintos sectores regulados, como el de los contadores y los bienes raíces, así como grandes divergencias sobre el futuro de la Unidad, la cual pudiera ver limitadas sus funciones y pasar a ser un ente dependiente del Congreso.
A continuación presentamos una versión editada de la entrevista realizada por Juan Alejandro Baptista al presidente de la UIF de Argentina, José Sbattella, en la cual se analizan diversos aspectos de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
-JAB: Durante 10 años la estructura antilavado de Argentina no mostró indicios de eficiencia. Hubo ausencia de condenas, reguladores inactivos y un marco legal deficiente caracterizaron al país. Hubo un criticado proceso de repatriación de capitales que generó angustias alrededor del mundo y luego que los técnicos del Grupo de Acción Financiera realizaran la visita en noviembre de 2009 como parte de la tercera ronda de evaluaciones mutuas del organismo, llegó a la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbattella en enero de 2010, en un momento en que Argentina estaba a punto de ser el primer país miembro del grupo de los 20 (G-20) en ser incluido en la lista negra del GAFI. Partiendo de ese entorno tan complicado, ¿por qué José Sbattella acepta una posición tan neurálgica en una estructura antilavado tan comprometida y con tantos retos?
JS: El diagnóstico que usted hace estaba reflejado por el grupo de acción financiera, que le estaba pidiendo el sistema argentino un proceso} de control del lavado que tuviera efectividad, porque las leyes estaban y también estaba el organismo, pero la aplicación de la ley no era asumida tampoco por los jueces, quienes no aplicaban sentencia. Tampoco la administración de la UIF asumía la posibilidad de aplicar sanciones. Esto hizo que Argentina tuviera ese diagnóstico finales del 2009. En ese momento cuando termina la auditoría, hay una decisión política muy fuerte de la presidenta [Cristina Fernández] que buscaba de alguna manera revertir la inacción en que estaba la UIF, por una visión administrativa minimalista de lo que se podía hacer con la ley. Hasta ahora la ley no la hemos cambiado, la hemos reglamentado mejor.
La presidenta nos convoca a mí y aun equipo técnico con capacidad de acción y nosotros pedimos que esa capacidad de acción se reflejara en el reemplazo de una estructura administrativa y de la conducción no sólo del presidente y vicepresidente, sino de los vocales, lo que permitió una rápida administración de la nueva realidad. Esa situación generó la posibilidad de poner las primeras multas a los 15 días de estar y reiniciar todo un proceso de unificación con la presencia de la UIF en la calle con los sujetos obligados que no había tenido. En definitiva eso fue reconocido por el GAFI.
-¿Se puede decir que hay una falta de voluntad por tener una estructura antilavado eficiente?
Nosotros lo que buscábamos con ese criterio era maximizar la aplicación de la ley, sin tener que hacer una modificación legislativa que siempre más engorroso.
-Argentina resultó bastante mal calificada en la tercera ronda de evaluaciones del GAFI, por lo tanto la sesión plenaria del mes de febrero era crucial para, porque serían revisados los progresos del país desde la inspección de noviembre de 2009. La unidad a su cargo -desde mi punto de vista- desató un proceso histórico en el antilavado latinoamericano, mediante el cual se aprobaron más de 20 regulaciones en menos de dos meses. Bajo que principios se desató este proceso de fortalecimiento de las resoluciones ALD.
Cuando terminó la auditoría del año 2009, la decisión política de la presidenta fue que la Unidad tomara una jerarquía institucional acorde a la ley y si algo faltaba, que se planteara… y lo que faltaba era un decreto presidencial que salió en diciembre de 2010, el cual de alguna manera pone a la UIF como la conductora del sistema antilavado de los sujetos obligados tanto privados como oficiales, y de esta manera se solucionó una de las principales falencias que tenía el diagnóstico del GAFI: que no existía una cabeza en el sistema que pudiera ser la responsable, para bien o para mal, de lo que pasaba en el área del antilavado, porque estaban divididas las responsabilidades en el Banco Central, en la AFIP, en la Superintendencia de Seguros, en la Comisión Nacional de Valores y no había una verdadera coordinación jerárquica de los problemas y la forma de atacarlos en conjunto. Esto se resuelve con el decreto de diciembre de 2010.
-¿Cuál considera usted que es la resolución más trascendente de todas las que se aprobaron?
Las resoluciones tenían que ver con que una vez producido el decreto, hubo que elaborar cada una de las resoluciones que estaban orientadas a cada uno de los sujetos obligados. Lo que hemos mostrado es que existe la posibilidad concreta de fiscalizar e inspeccionar y yo calculo que los procesos de inspección están generando sumarios, algunos de los cuales terminarán en multas de los sujetos obligados.
-¿Cuáles pudieran ser los sujetos obligados más presionados por estas nuevas resoluciones?
Había algunos sectores que contradictoriamente estaban pidiendo que se les auditara, como es el caso de las organizadoras de fondos; porque las emisoras de fondos tenían problemas porque no tenían una auditoría que pudiera mostrar, incluso a nivel internacional era mal visto que no fueron auditadas, así que ellos se pusieron a disposición para que se realizara una revisión de su accionar y demostraron como cada empresas tiene su oficial de cumplimiento y demás. También estaban la transportadora de caudales que con el tema de que la Argentina es una sociedad de efectivo, entonces tenían que tener un control de los clientes mucho más fino, porque hay particulares y empresas que también mandan dinero por el transporte de caudales. Todo eso estaba prácticamente sin fiscalizar y eso significo crear el área de fiscalización y hacer todo el sistema transparente. Estamos trabajando en todas las áreas nuevas como inspección, supervisión y sumarios, además de las querellas en las causas judiciales. Más de la mitad de la organización ya está en la calle, a diferencia de antes que se trabajaba puertas adentro.
-¿Cuáles son los retos que enfrentan ahora la unidad y el país luego de la sesión plenaria del grupo de acción financiera?
El mayor reto es que Argentina presentó un proyecto de ley de modificación de la tipología del delito de lavado de dinero en junio del año pasado, que no había tenido tratamiento legislativo y que una de las exigencias que hizo el GAFI es que para junio próximo tuviéramos aprobada la legislación que incluyera como delito autónomo al lavado de dinero, situación que hoy está bajo la figura de encubrimiento. Es la acción política que también ha tomado el gobierno y a diferencia de otro momento, actualmente la situación en las cámaras no legislativas no es favorable al oficialismo, y por lo tanto estamos supeditados a que exista un consenso en el Congreso para poder sacar esta legislación antes de junio.
-¿Existe actualmente el consenso en las cámaras para que esta ley sea aprobada?
Nosotros creemos que la tipología del delito de lavado como figura independiente no tendrá problema en ser aprobada. Sí hay algún problema en otros aspectos de la ley que toca las atribuciones de la UIF. La verdad esto tiene que ver con la política de nuestros países, porque nadie se quejaba cuando la unidad estaba pacífica y tranquila, no tenía presencia, y resulta que ahora que está poniendo sanciones, está en la calle y aparece en las noticias cuando toma alguna acción, a algunos sectores esto le ha molestado e incluso han llegado a plantear que la unidad tiene un poder desmedido y que genera situaciones de riesgo, porque tiene mucho poder y atenta contra la privacidad de los agentes económicos, una serie de situaciones que antes no se habían planteado. Entonces hay una serie de proyectos que plantean cambiar la unidad por una agencia dependiente del Congreso, digamos que esa es la parte negativa para nosotros de la discusión que nos viene. Pero lo más importante que es la inclusión del lavado como delito autónomo, allí no tenemos problema.
-Ahora que menciona la relación entre la UIF y la política, me gustaría conocer su opinión sobre un aspecto que es la debilidad que han mostrado las estructuras antilavado de los países latinoamericanos ante el poder político y gubernamental. Colombia y la misma Argentina fueron escenarios hace pocos meses de conflictos donde se evidenció que el tecnicismo ALD muchas veces es más débil que el poder político. ¿Cómo hace Jorge Sbattella para mantener a su UIF operativamente inmune el poder político?
Una muestra de a dónde vamos es la resolución que faltaba que era la de determinar el universo de personas expuestas políticamente (PEP). Esa resolución en todos los países es un problema, porque depende de criterios más amplios o restrictivos quién cae dentro de las personas políticamente expuestas. Hay que decir que, por ejemplo, Estados Unidos tiene sólo como PEP a funcionarios políticos extranjeros, todavía no quisieron poner a los funcionarios nacionales. En el caso nuestro, cuando tuvimos que discutir esto, planteamos un criterio amplio, que incluso usa Colombia como criterio general, que ingresa a todo el poder ejecutivo comenzando desde el director hasta el presidente y vicepresidente, todo el legislativo y además ingresa el poder judicial; también ingresan los sindicalistas, que es una iniciativa de Argentina y supongo que va a ser copiada por otros países; se incluye los empresarios que son dirigentes de cámaras empresariales, porque son figuras públicas y de alguna manera tienen que rendir cuentas de su acción públicamente. El criterio amplio hizo que se generara una serie de roces, porque también entraban los jueces, y no es que uno esté en contra de los jueces, sino que lo normal es que uno quiera escuchar la declaración jurada del origen de los fondos y esto generó roce. En este proceso tuvimos pleno apoyo al poder ejecutivo.
Hoy no ha parecido una cuestión restrictiva o de protección corporativa y en ese sentido estamos seguros de que colaborando como estamos en las principales causas estamos dando una muestra de que si nos convoca la justicia no importa de dónde venga el procesado, estamos colaborando y hacemos lo que dictan los jueces y esto se ha notado en casi todas las causas más importantes y en cinco estamos como querellantes.
-¿Cuál cree usted que puede ser actualmente el sector de la economía argentina más vulnerable al lavado de dinero?
Nosotros tenemos por la historia una gran masa de transacciones que se realizan en efectivo, que tienen que ver con lo que se heredó de la dolarización, porque el dólar funcionó como moneda y su sistema de acumulación se sigue utilizando y se ahorren dólares, nos guste o no nos guste. La segunda situación es que la crisis del 2001 hizo caer la confianza del sector bancario y financiero, entonces el nivel de bancarización es bajo, por lo cual el dinero en efectivo que circule es mucho y eso sí atrae la posibilidad de que ingrese dinero en efectivo y no llame la atención. Estamos tratando de hacer una estrategia nacional de bancarización creciente y de aumentar los riesgos de lo que significa todo el transporte y el traspaso de la frontera y de todo el manejo de efectivo, incluso las operaciones inmobiliarias, tratando de que todo tenga un respaldo bancario o algún documento claro del origen de ese dinero. Ese intento de bancarización es una estrategia a largo plazo. Creemos que allí en ese esquema de manejo de dinero se esconde parte del dinero de la evasión impositiva en Argentina, que es para mí uno de los principales problemas de generación de dinero ilícito. Luego siguen los otros delitos: el de tráfico de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas. Todo eso mezclado con mucho efectivo nos obliga a tener una estrategia de bancarización creciente en todas las transacciones.
-En líneas generales, se puede decir que todas las unidades antilavado latinoamericanas mantienen unos esquemas de supervisión bien sólidos del sector financiero y bancario, pero uno de los retos grandes que enfrentan las unidades en la supervisión y control de los sujetos obligados no financieros. Ustedes han dado algunos pasos como el sector de las joyerías, en el que ha mostrado iniciativas muy interesantes en este sector que en otros países está muy abandonado. ¿Cuál es la estrategia que piensa desarrollar la UIF para tener más control sobre sujetos obligados como los escribanos, los juegos de azar y los profesionales independientes que hasta ahora han sido difíciles de controlar y supervisar?
Con respecto al juego de azar, lo más importante que hemos hecho y lo estamos terminando es el padrón nacional de los locales y las empresas que están dedicadas a eso, porque van desde empresas que se dedican en algunas provincias al juego por Internet y que no estaban antes en el esquema de fiscalización, hasta las que tienen los bingos y los casinos provinciales. Para esto tenemos de auxiliares a las loterías estatales de las provincias, que han pasado a ser también parte del sistema de control, por lo menos para llevar el listado de los sujetos y las principales obligaciones. En todos los lugares donde aparece un intermediario del Estado, nosotros lo utilizamos como instrumento de información de la Unidad.
Respecto a los escribanos, aumentamos los requerimientos para que presentaran los reportes sistemáticos, porque no nos deben denunciar solamente alguna sospecha mediante un reporte de operación sospechosa, lo que sí tienen como obligación continua es reportar las operaciones que van desde determinado monto y tener un registro de las operaciones. Hemos registrado un total de 7.000 a 8.500 escribanos nacionales, que se han inscrito para hacer los reportes sistemáticos, situación que no se había producido antes. Si tenemos una situación con los profesionales de las ciencias económicas, porque allí sí hay más resistencia en función del secreto profesional y estamos intentando encontrar un método que sea menos conflictivo para ver si empiezan los reportes a producirse.
-¿Se refiere a los contadores específicamente?
Sí, hay toda una visión de que con los clientes tienen un secreto y la verdad es que estamos tratando de darle la vuelta para que el reporte no sea totalmente subjetivo, sino que tengan balances que han aumentado mucho el valor (por ejemplo, situaciones de aumento patrimonial que no estén explicadas), entonces sin necesidad de que medie alguna denuncia se reporten como sistemáticas.
-Muchos expertos han comentado que hay poco control sobre el intercambio de bienes raíces en Argentina, incluso si no me equivoco, en Argentina el registro de la compra y venta de los bienes raíces depende de cada provincia, parece que no hay una estrategia de registro unificada lo cual representa un gran desafío a la hora de mantener estrategias de supervisión y control para que no sean utilizados los bienes raíces como medios para legitimar capitales. ¿Qué piensa hacer la Unidad con el sector inmobiliario?
En este caso nosotros estamos impulsando la unificación de los registros inmobiliarios a nivel nacional y esto hace posible que a lo largo de todo este año se esté convocando a todos los registros provinciales de la propiedad y de personas jurídicas para coordinar la base de datos en una sola unidad de información. Esto independiente de que como son sujetos obligados, cada una de estas entidades tiene que tener un responsable de información que esté enlazado directo con nosotros. Lo que estamos mejorando con la unidad central es la rapidez de respuesta, pero no quiere decir que hoy no tengamos respuestas si lo necesita la UIF en una causa judicial, porque hay un responsable de informar en cada uno de estos organismos, algunos están automatizados y otros son más manuales, pero el tema es que el grupo de acción financiera nos está pidiendo la capacidad delictiva más ágil y eso lo que estamos buscando.
-¿Usted considera que es utópico buscar controlar completamente la legitimación de capitales?
En la práctica nosotros estamos haciendo lo posible para que se eleve el riesgo y que cada vez les salga más caro el movimiento ilegítimo, teniendo claro que la opción económica en definitiva es la que de alguna manera los puede mover [a los criminales] a tratar de ir normalizando a aquellos que están operando en negro y pasar a operar en blanco. Esto tiene que ver también con estrategia de persecución de la evasión impositiva de toda la cuestión de la legalización del dinero. Lo que si pensamos en el corto plazo estamos en condiciones de hacer uso y de transformar una plaza con mucho dinero en efectivo en una plaza con menos dinero en efectivo y más transacciones bancarizadas y de esa manera obligarlo a dar explicaciones.
Creemos que sí es posible combate contra el lavado pero tenemos también un drama muy fuerte con los paraísos fiscales, porque Argentina y casi todos los países latinos somos exportadores de capitales y si vienen a hacer negocios vienen por corto tiempo. El gran drama nuestro es la fuga hacia los paraísos fiscales, hacia la banca offshore, entonces esa es la segunda parte que a nivel internacional vamos a trabajar para que quede claro que esa opción deba ir restringiéndose, cuestión de que no sea tan fácil salir hacia esos paraísos y que los reciban. Allí haremos presión internacional, como lo ha hecho nuestra presidenta.
-¿Usted su entonces a las presiones internacionales para que sean eliminadas las jurisdiccionales secretismo y paraísos fiscales?
Claro, porque se había empezado con la crisis a tratar de regularlos, pero desde el punto de vista operativo lo que se ve es que las regulaciones, incluso en los propios países más importante como Estados Unidos o Inglaterra, funcionan como si fueran un paraíso. En Delaware, Estados Unidos, la mayoría de las empresas argentinas que tienen que sacar algo rápido se instalan con una sucursal allí y mueven su dinero y no hay restricción del Estado federal. Con el argumento del federalismo se dejan hacer estas transferencias sin control, entonces nosotros estamos cumpliendo con el GAFI, pero a su vez vamos a tratar de impulsar que estas regulaciones existan. La crisis [financiera] fue una de las mayores muestras de lo que significa la libertad para trasladar capitales que pueden quebrar o fundir países de un día para otro.
