El Ministerio de Justicia español acaba de crear el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales, un organismo que analizará la información digitalizada que aporten los 3.000 notarios que trabajan de forma independiente por toda España, e investigará las que considere sospechosas.
El Índice Único Informatizado Notarial, como se llama a la base de datos, contendrá toda la información de los documentos notariales autorizados o intervenidos por los notarios, debidamente clasificada por categorías.
Así, los notarios introducirán en la base de datos la información de sus operaciones en cuestionarios que serán analizados tanto digital como personalmente por los profesionales del OCP. Como ejemplo, en 2004 los notarios españoles autorizaron más de 857.000 transmisiones de vivienda y millones de documentos relacionados con operaciones societarias. Este tipo de información se incluirá en la nueva base de datos.
Una inversión en la lucha antilavado con notarios a la cabeza
El OCP es el primer organismo de este tipo que se crea en Europa. Dependerá directamente del Consejo General del Notariado y servirá de enlace con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
El cuerpo estará integrado por 80 especialistas en la lucha contra el lavado de dinero y expertos en nuevas tecnologías, y colaborará estrechamente con autoridades administrativas y judiciales.
En España, los notarios ejercen como testigos de la administración pública en el tráfico jurídico extrajudicial, para garantizar seguridad legislativa. Intervienen en trámites como concesiones de préstamos hipotecarios, testamentos y herencias, la creación de sociedades, adquisición y venta de viviendas y otras muchas cuestiones.
Además de aportar la información de todas las operaciones a través de un nuevo procedimiento informático, los propios notarios reportarán a la nueva institución operaciones sospechosas. La creación del órgano exigirá, por tanto, un papel más activo a los notarios, que dejarán de ser “meros colaboradores” de la Administración para pasar a tener una función más activa en la persecución del lavado de dinero, según la Orden Ministerial. Por primera vez se les requerirá informar actividades sospechosas.
Foco en el mercado inmobiliario
Durante los primeros meses de su puesta en funcionamiento el OCP centrará su atención en el mercado inmobiliario y la creación de sociedades. Buscan combatir una de las formas de lavado de dinero más frecuentes en España: escriturar la vivienda por un valor menor a su precio real de venta. Las escrituras consideradas sospechosas, por no ajustarse a los precios de venta del mercado de la vivienda, podrán ser investigadas más exhaustivamente por el nuevo organismo, con una petición expresa de los notarios.
En cuanto a las operaciones societarias –creación de sociedades, absorciones, fusiones, cambios de nombre, liquidaciones, etcétera-, los notarios se fijarán también en cuestiones que hasta la fecha estaban pasando desapercibidas o que no eran motivo de alarma, como la creación de varias sociedades en un mismo día, algo frecuente en la configuración de entramados complejos para facilitar el blanqueo de capitales.
Otro de los focos donde centrarán su atención las autoridades son las transacciones que tienen como origen o destino alguno de los muchos paraísos fiscales utilizados tradicionalmente por el capital español, como Liechtenstein, las Antillas holandesas, Madeira, Islas Vírgenes Británicas, Jersey o, en la propia Península Ibérica, Gibraltar.
El objetivo: mayor coordinación
Para el Ministerio de Justicia español, el nuevo órgano cumplirá una función esencial al reducir la “atomización” (división y falta de coordinación) que padecen las administraciones de las diferentes provincias de España en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Además, servirá de fuente de datos para unidades de inteligencia financiera de toda Europa, ya que al igual que el SEPBLAC, colaborará con esas unidades y organismos internacionales.
“El OCP reforzará, intensificará y canalizará la labor de los notarios con las autoridades judiciales y administrativas en la lucha contra el blanqueo de capitales. Con su actuación se estrechará el cerco a operaciones con dinero negro en sectores como el de la vivienda, el narcotráfico u otras operaciones delictivas”, dijo José Marqueño de Llano, presidente del Consejo General del Notariado.
“Los notarios hemos recibido con satisfacción la creación de este órgano –añade Marqueño-. Era un deseo del colectivo que existiera un mecanismo de este tipo. Aparte de ser un órgano auditor para el notario, actuará como asesor, ya que nosotros no somos expertos en blanqueo de capital”.
Un órgano de entrenamiento y enseñanza
Además de perseguir los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el OCP también prestará labores de asesoramiento y formación a todos los notarios que demanden estos servicios. La institución pretende convertirse, de este modo, en un referente de esta materia para todos los profesionales del sector.
El OCP no se ha fijado propósitos para este primer año de funcionamiento. La intención de su presidente Pedro Galindo es conseguir un nivel de actividad y eficiencia satisfactorio que permita a la institución actuar como instrumento judicial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El OCP es la primera institución de estas características que se crea en Europa, algo motivado por el alto volumen de delincuencia económica que registra España en la actualidad. El país se ha convertido en los últimos años en el centro de las operaciones de muchas mafias europeas (rusas, ucranianas, italianas…), con casos como el Ballena Blanca a la cabeza.
— Por corresponsal de lavadodinero.com en España, José María Olmo
