Por Carla Valero
[email protected]
El 10 de marzo de 2005, se produjo en la ciudad de Marbella la mayor operación contra el blanqueo de capitales conocida en Europa, luego que la policía española desarticulara una red que se dedicaba a realizar inversiones millonarias procedentes del crimen organizado.
Tras el destape de este y muchos otros casos de lavado de dinero en los últimos dos años, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AT), ha puesto en marcha una serie de iniciativas para disminuir los niveles de corrupción existentes dentro de su nueva ley de Prevención del Fraude, aprobada en noviembre de 2006.
La novedad más importante es la creación de 30 nuevas unidades de investigación que se unirán a las 11 que ya funcionan en el territorio desde el año 2005. Las nuevas van a estar repartidas por Galicia, Madrid, Cataluña y la Costa del Sol, una zona de muy alto riesgo según las últimas investigaciones de Hacienda y el Cuerpo de Policía.
Las unidades van a dedicarse en un 40 por ciento a investigar casos que tengan que ver con el lavado de dinero que se produce en el sector inmobiliario. Para ello, implementarán un control sobre la promoción inmobiliaria para detectar rentabilidades anormales. Por ejemplo, para evitar que parte de la compra de una vivienda se haga en dinero negro y no quede reflejado el precio real que se pagó por el inmueble.
Según la AT, el objetivo prioritario de estas unidades será la investigación del fraude derivado del lavado de dinero como los entramados societarios. También esperan poder analizar las operaciones en que se detecte el empleo de billetes de 500 euros y el empleo abusivo de operaciones con origen en paraísos fiscales. Esto, no va a ser una actuación propia de la AT sino que va a formar parte de una colaboración judicial entre Hacienda y Justicia.
Según José Maria Mollinedo, vicepresidente del Sindicato de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA), “además de las unidades creadas, habrá otras formadas por dos técnicos que compaginarán su trabajo cotidiano en la sede de Hacienda con la investigación de cualquier caso judicial que surja”.
Dentro de estas nuevas unidades, el grupo de técnicos del Área Operativa de Aduanas e Impuestos Especiales se centrará en el blanqueo de capitales, con especial incidencia en la desarticulación de la financiación de redes de narcotraficantes.
A pesar de que el delito por blanqueo no es el foco principal de atención de la AT ni el campo donde se destinan más empleados, según Mollinedo, “los Planes de Control Tributario que se elaboran cada año consideran como algo prioritario investigar el blanqueo de capitales”.
Atajar el “lavado inmobiliario”, un tema prioritario
Las escasas denuncias de blanqueo que presentó la AT se han producido fundamentalmente relacionadas a la investigación sobre narcotráfico y dentro del sector inmobiliario. Dichas denuncias fueron enviadas al Ministerio de Justicia donde se decidió iniciar un proceso judicial como sucedió con los casos Marbella, Andratx o Ciempozuelos, escándalos todos ellos relacionados con la construcción de inmuebles y el lavado de dinero.
Las unidades de investigación van a poner especial atención al sector inmobiliario precisamente por los últimos casos de corrupción urbanística descubiertos en la Costa del Sol, la Costa del Levante y las Islas Baleares que demostraron ser un caldo de cultivo del lavado de dinero en España.
Además, las unidades tienen el objetivo de controlar las transmisiones patrimoniales de inmuebles para lo que se utilizarán técnicas informáticas de cálculo de precios de venta. Esta acción está orientada a evitar las subrogaciones de inmuebles a terceros con dinero negro o para evitar que se produzca lavado de dinero escriturando un inmueble a un precio menor del que realmente se pagó.
Los técnicos tendrán acceso a realizar cruces informáticos en las bases de datos propias, y pedirán datos a Instituciones financieras, al Banco de España, a los Notarios, etc.
Estas unidades de investigación se dedicarán a “descubrir” el caso, y dejarán que las unidades convencionales de Hacienda sigan la pista, terminen la comprobación y denuncien en los Tribunales si consiguen los suficientes indicios razonables que permita el enjuiciamiento.
Base de datos para detección
Otra de las novedades que presenta la AT está orientada a evitar operaciones de fraude fiscal y a la creación de sociedades pantalla con las que se pueda lavar dinero. Para ello se ha creado una base de datos llamada de “negocios anómalos”, es decir, aquellos negocios que intentan dar una apariencia de legalidad pero en realidad no lo son.
Con el nuevo sistema informático, una vez que se detecte que un contribuyente está llevando a cabo un nuevo negocio anómalo, se intentará identificar si hay más personas involucradas para intentar atajar el fraude por varios flancos.
Para llevar a cabo las detecciones, se va a investigar a todas las sociedades y personas involucradas en los casos que se crean sospechosos (sean clientes, proveedores, transportistas, abogados, asesores, etc), independientemente de si son muchas o pocas y están situadas donde sea. Además, también se va a proceder, siempre bajo autorización judicial, a realizar registros, incautaciones de documentación, escuchas telefónicas, etc.
El blanqueo de capitales no estará excluido de esa base de datos y por lo tanto servirá de referencia para nuevos casos que se descubran. Dicha base va a ser documental, es decir que en ella figurarán las circunstancias que sean más relevantes de las investigaciones que hayan resultado exitosas, para que sirvan de formación a otros empleados, y de ayuda en sus investigaciones si se encuentran con casos similares.
Siguiendo la pista al dinero negro
La prevención e investigación del blanqueo de capitales es competencia del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios, quienes crearon en 1993 la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), pero la carencia de personal especializado es notoria y por eso muchas veces no se consigue la eficacia deseada para atajar estos delitos. De hecho, el escaso número de trabajadores fue puesto de manifiesto en el informe del GAFI sobre la Evaluación de España que se hizo el 6 de julio de 2006.
Como el Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, ambos de la AT, forman parte de la Comisión del SEPBLAC, según Mollinedo “es esperable y deseable que exista reciprocidad en la información entre los dos organismos, aunque no haya ningún acuerdo formal al respecto”.
La polémica ley de Prevención
El 29 de noviembre de 2006 se aprobaba en las Cortes Generales la ley 36/2006 en relación a la prevención del fraude fiscal. Una ley que se ha creado debido a los últimos escándalos de lavado de dinero surgidos en España, sobretodo en el sector inmobiliario.
Dentro del artículo 24 de la Ley se hace referencia a la figura del Notario, a quien se le obliga a incorporar en cualquier tipo de escritura la forma de pago realizada por los interesados siempre y cuando así lo indiquen los términos previstos en la legislación de prevención del blanqueo de capitales.
En la nueva ley también se modifica el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y se amplían las categorías de individuos que están sujetas a la normativa de la prevención.
El sindicato GESTHA, crítico con la ley, quiso incluir una serie de propuestas para mejorar su eficacia y que finalmente no fueron aprobadas a pesar de contar con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios.
GESTHA quería hacer un estudio del valor de la vivienda a precio de mercado a efectos de controlar el pago de impuestos. Se trataba de determinar a través de varios estudios y programas informáticos el precio real de los inmuebles.
