Por Juan Alejandro Baptista. 
Como parte de las presiones económicas adelantadas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolas Maduro, el Departamento del Tesoro emitió este martes nuevas designaciones, pero en esta ocasión los afectados fueron la empresa estatal minera Minervén S.A. y su presidente, Adrian Antonio Perdomo Mata.
“El Tesoro está apuntando al procesador de oro Minerven y su presidente por ser un soporte para el círculo interno del régimen corrupto de [Nicolás] Maduro. “Vamos a perseguir agresivamente a aquellos involucrados con el comercio ilícito de oro de Maduro”, indicó el secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Según las autoridades estadounidenses, “la minería y la posterior venta de oro ha sido uno de los esquemas financieros más lucrativos del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el ejército venezolano”.
Minería ilegal paraestatal
Desde que llegó el chavismo al poder venezolano, la minería se convirtió en una de las fuentes continuas de recursos para la dirigencia corrupta, que ha creado un complicado esquema de gestión y lavado de recursos ilícitos procedentes de la explotación del oro, diamantes, coltán y otros minerales extraídos en Venezuela.
Para tal fin, el gobierno venezolano ha creado una compleja estructura controlada y dirigida por las Fuerzas Armadas Nacionales, que agrupa a mineros paraestatales, a entidades financieras estatizadas y hasta el mismo Banco Central de Venezuela. Al respecto, el informe del Departamento de Estado señala que “Minerven compra el oro de mineros y los funde en barras. Los militares luego transportan las barras para las bases aéreas ubicadas en las afueras de Caracas, para luego transportarlas hasta el Banco Central”.
Todo este proceso contempla un entramado monetario que aprovecha el control cambiario implantado en Venezuela, ya que el gobierno paga a los mineros en bolívares por el oro, el cual es luego negociado en el exterior en monedas extranjeras.
Riesgos para las entidades extranjeras
El dinero ilícito producto de la minería ilegal, al igual que el generado por corrupción en otras áreas de la administración pública, crea enormes riesgos para las empresas e instituciones financieras que manejan clientes venezolanos.
“Las instituciones financieras que mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas deben considerar enfocar sus esfuerzos en la debida diligencia adicional de los clientes de sus clientes, así como en los flujos de fondos procesados. Pueden realizar una diligencia debida adicional si las transacciones involucran a compañías extranjeras o empresas fachada de EE.UU. (el modus operandi preferido mediante el cual las PEP crean una capa entre ellas y los activos que están a nombre de la empresa ficticia)”, señaló el experto Sven Stumbauer, director de Alix Partner, en un artículo publicado en Lavadodinero.com en octubre de 2017 (leer artículo).
Ya en septiembre de 2017, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió la advertencia FIN-2017-A006 alertando sobre los métodos que altos funcionarios gubernamentales venezolanos y sus asociados pudieran usar para mover y ocultar fondos producto de actividades de corrupción. En el documento, la unidad estadounidense destacó como señales de alerta:
– Pagos relacionados con contratos gubernamentales originados por terceras partes (p.e. empresas de maletín) que no son entidades del gobierno venezolano.
– Depósitos en efectivo en lugar de transferencias bancarias en las cuentas de empresas que mantienen contratos con el gobierno.
– Transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano dirigidas a cuentas personales.
– Transacciones con contratos gubernamentales que incluyen a empresas que operan en un área de negocios no relacionados al objetivo del contrato; por ejemplo, pagos por proyectos de construcción dirigidos a comerciantes de equipos de tecnología.
“Las instituciones financieras con cuentas vinculadas a Venezuela deben considerar revisar los esfuerzos de debida diligencia que realizan y aumentar la calificación de riesgo de esas cuentas. También deben considerar escenarios adicionales de localización y monitoreo de transacciones, centrándose en la detección de pagos que podrían ser el resultado de la corrupción y las señales de alerta indicadas en el aviso de FinCEN, al reevaluar sus esfuerzos de cumplimiento con respecto a las cuentas vinculadas a Venezuela”, destacó Stumbauer.
