Después de una espera de tres años, la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. –FinCEN—emitió las regulaciones finales que obligarán a muchas compañías de seguros a establecer programas antilavado y reportar actividad sospechosa.
“Hubo un momento en que la industria les rogaba [a los reguladores] que emitieran las regulaciones finales”, dijo Victoria Fimea, ejecutiva de la firma de seguros Fort Deaborn Life Insurance Co., con sede en Chicago, que previamente representó a la industria en el grupo Bank Secrecy Act Advisory Group del Departamento del Tesoro.
Fimea y otros se mostraron aliviados de que FinCEN decidiera no incluir en la regulación final a: seguros de vida de corto plazo, seguros de vida con cobro de beneficios, seguros de vida grupales, algo que buscaba con mucha fuerza la industria.
“Creo que las compañías de todo tipo y tamaño estarán satisfechas con lo que ha hecho el Departamento del Tesoro”, dijo, y añadió que la regulación aclara cuáles productos están exentos.
La Sección 352 de la Ley USA Patriot—que fue promulgada el 26 de octubre de 2001— obliga a FinCEN a establecer regulaciones antilavado para una serie de instituciones financieras, incluyendo las compañías de seguros. El Grupo de Acción Financiera Internacional también recomienda a los países que algunos productos de la industria de seguros deben estar sujetos a regulaciones antilavado.
Para abril de 2002, FinCEN había postergado la regulación final para estudiar más de cerca una industria que previamente no había sido objeto de la mayoría de las regulaciones antilavado. En septiembre de ese año, FinCEN emitió “regulaciones propuestas”, un paso previo a las regulaciones finales.
Algunos tipos de productos dentro de la industria de seguros, tales como las anualidades variables, caen dentro de los requerimientos antilavado para los corredores de valores.
Requerimientos
La regulación final afecta a las compañías de seguros que comercializan productos que para FinCEN conllevan un “alto riesgo” de ser utilizado para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, tales como las pólizas de seguros de vida con una devolución de dinero en efectivo cuando es cancelada, contratos anuales, y otros productos que pueden convertirse en dinero en efectivo, o ser utilizados como base para una posterior inversión.
Las regulaciones entrarán en vigor en 180 días, o aproximadamente 6 meses, luego de que sean publicadas en el Registro Federal, lo que se espera que suceda en los próximos días.
Las regulaciones obligan a las compañías a:
–Crear un programa antilavado –escrito—basado en el riesgo que sea aprobado por la alta gerencia, e integrar a los corredores y vendedores dentro del programa, obtener información relevante de los clientes, utilizar la información para identificar “señales de alarma” y presentar informes de actividad sospechosa
–Nombrar un oficial de cumplimiento responsable de administrar el programa antilavado
–Proveer entrenamiento a todo el personal
–Llevar a cabo pruebas independientes para monitorear y mantener un adecuado programa
La obligación de identificar y reportar actividad sospechosa se aplica sólo a las compañías de seguros, no a sus agentes y corredores. FinCEN dijo que un nuevo formulario de actividad sospechosa –Formulario 108 de actividad sospechosa para compañías de seguros—será implementado.
Bajo la regulación, el umbral de reportaje es de US$5.000, ya sea para una transacción individual o la suma de varias.
Las compañías soportan el peso
FinCEN dijo que recibió comentarios de la industria tanto a favor como en contra de obligar a los corredores y agentes a establecer sus propios programas antilavado. Sin embargo, la agencia decidió que el mayor peso recayera sobre las compañías debido a que cuentan con más recursos y muchas ya tienen algún tipo de programa antilavado.
La tarea de la industria ahora, dijo Fimea, es resolver cómo implementar el entrenamiento para una industria tan diversa donde agentes independientes pueden vender productos de una decena de compañías.
Fimea agregó que la mayoría de las compañías esperaba que la decisión de FinCEN colocara las obligaciones sobre las compañías. Durante los seis meses antes de la implementación la industria tendrá “que poner en práctica un mecanismo para que nuestros agentes estén por un lado entrenados, y por otro lado no estén todo el día tomando cursos de cumplimiento”.
Fimea estima que la industria deberá llevar a cabo profundas charlas sobre los elementos esenciales del entrenamiento. FinCEN dijo que una compañía puede entrenar en forma directa a sus agentes y corredores. Pero también pueden contratar a otra compañía competente.
A pesar de que el seguro no es el primer vehículo que se viene a la cabeza cuando se discute lavado de dinero, los criminales lo han utilizado mucho. Una acusación de 2002 en Miami señala que narcotraficantes movieron hasta US$80 millones de dinero de la droga en forma indirecta hacia productos de seguros que se vendían en varios países.
A pesar de que el monto de dinero lavado a través de los seguros es discutible, Fimea dijo que las regulaciones finales seguramente terminarán ayudando a las compañías en su lucha contra el fraude.
“Una vez que entra en vigor un programa antilavado, se busca todo lo que sea sospechoso. Algo puede no ser lavado de dinero, pero puede ser fraude”, dijo Fimea.
