Por Matt Squire
El gobierno de Estados Unidos no ha tomado las medidas apropiadas para solucionar el uso creciente de los sistemas de pago móviles para lavar dinero y financiar al terrorismo, según un informe del Departamento de Estado norteamericano.
En su Reporte sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos publicado el viernes, el Departamento de Estado identificó a los pagos de puntos de ventas que utilizan los teléfonos celulares y otros aparatos, conocidos como “m-pagos”, como una amenaza creciente de lavado de dinero y financiación del terrorismo, especialmente en los países en desarrollo.
“Ya hay indicadores de que los lavadores de dinero y aquellos que financian al terrorismo aprovecharán los nuevos sistemas de pago del m-pago”, según se indica en el informe. “Las jurisdicciones responsables deben encontrar un equilibrio entre la conveniencia de los m-pagos, especialmente en el mundo en desarrollo, y la necesidad de protegerse contra el abuso”.
Los expertos en cumplimiento dicen que la tecnología de pago móvil está dejando atrás el marco regulatorio existente.
“La tecnología de pago móvil está avanzando más rápido que la capacidad regulatoria para mantenerse a su nivel”, dijo Greg Baldwin, socio de la firma de abogados Holland & Knight, de Miami. “Si el gobierno va a publicar una guía, va a tener que ser junto con las instituciones financieras para hacer controles y monitoreos efectivos”.
El pitufeo digital
La práctica del “pitufeo de valor digital” a través de los m-pagos, que pasa por alto las obligaciones de reporte de la Ley de Secreto Bancario permitiendo a los usuarios cambiar dinero sucio por valor digital en tarjetas de valor acumulado o por pagos móviles de crédito, “representa una amenaza muy clara”, dice el informe.
Los proveedores de servicios de M-pago están clasificados como negocios de servicios monetarios (NSMs) y deben inscribirse con la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés). El Departamento de Estado indicó que existen “pocas salvaguardas” en el país contra el abuso de los sistemas de m-pagos. “La mayoría de los negocios de servicios monetarios no cumplen con la obligación de inscripción y hay poco control de las regulaciones”, precisa el informe.
Los reguladores bancarios y varios departamentos federales de EE.UU., en su Estrategia Nacional de Lavado de Dinero de 2007 publicada en Mayo pasado, dijeron que FinCEN preparará y publicará una guía para los productos y sistemas de pago de valor acumulado. Sin embargo, el Departamento de Estado precisa que han habido “pocos progresos en la formulación y publicación de guías y nuestras contramedidas tradicionales ante el lavado de dinero no son adecuadas para solucionar la creciente amenaza que presenta el abuso de los m-pagos”.
El vocero de FinCEN, Steve Hudak, no pudo brindar un plazo para la redacción de alguna guía por parte de la agencia. “FinCEN está destinando importantes recursos para evaluar cualquier amenaza que los nuevos sistemas de pago, como los m-pagos, puedan presentar”, dijo Hudak en un mensaje de correo electrónico fechado el lunes. “Seguimos intercambiando información con nuestros colegas locales de control legal y de las UIF internacionales para solucionar estos temas”.
Una iniciativa global de los gobiernos para combatir el abuso del m-pago puede no mantener el ritmo actual con las innovaciones en la tecnología móvil, explicó John Wood, director ejecutivo de Playfair Group, una consultora ALD. En lugar de ello, agregó Wood, los gobiernos necesitan un socio del sector privado para solucionar el problema.
“Aunque el instinto de los gobiernos sería mirarse a sí mismos [para encontrar una solución], probablemente estaríamos entre 5 y 10 años de distancia si se tratara de una convención internacional”, afirmó Wood en una entrevista. “Para entonces la tecnología estaría tan adelantada que no tendría sentido”.
Los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y otros países también presentarían problemas en la práctica, señaló Wood, “por lo que una sociedad del sector privado con el gobierno parece ser el enfoque más sensible a seguir. Tiene que haber un reconocimiento en el sector privado que sea en su mejor interés para hacer esto. Existen soluciones tecnológicas que serían mucho más fáciles de implementar en el sector privado a que una medida gubernamental los obligara a ello”.
