Por: departamento editorial
El gobierno de Estados Unidos aprobó nuevas regulaciones para la industria financiera que exigen la completa identificación de los dueños beneficiarios finales de las empresas y entidades jurídicas con las que mantienen relaciones comerciales, como una forma de fortalecer su estructura de combate del lavado de dinero y la evasión fiscal.
La propuesta de regulación promulgada por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, su sigla en inglés) en julio de 2014, precisa los requisitos de debida diligencia del cliente, añadiendo un nuevo elemento que obliga a las instituciones financieras a conocer y verificar las identidades de las personas que verdaderamente poseen, controlan y se benefician de las empresas que planean utilizar los servicios bancarios, conocidos como “los beneficiarios finales”.
Tal como lo anunciáramos a mediados del mes de abril (“Panama Papers” empuja a Estados Unidos al fortalecimiento de las normas sobre beneficiario final de las personas jurídicas), la Oficina de Control y Gestión del Presupuesto de la Casa Blanca (OMB, su sigla en inglés) había aprobado la propuesta de regulación y tenía un plazo de 90 días para su revisión.
La norma, llamada Debida Diligencia de Clientes de las Instituciones Financieras, está diseñada para evitar que los criminales o terroristas utilicen de forma anónima las entidades para mover el dinero sin ser detectados y exige a las instituciones financieras conocer y llevar un registro de quién es dueño de las empresas que utilizan sus servicios. Puntualmente FinCEN establece que los bancos, corredores y otros sujetos financieros tendrán que verificar la identidad de cualquier persona que controle la empresa o tenga el 25% o más de las acciones cuando se le preste servicios financieros o se le mantengan cuentas.
Estandarizar las exigencias
El gobierno también pidió al Congreso medidas legislativas para acabar con la desigualdad que existe entre los Estados de la unión en relación a los requisitos de identificación de beneficiarios finales de las empresas registradas. Las autoridades consideran fundamental que todas las empresas, incluidas las conformadas en Delaware y Nevada, ofrezcan información precisa a al gobierno federal sobre las personas que controlan y/o son propietarias de las entidades.
“Sigue habiendo diferencias en nuestras leyes que permiten a los malos actores que utilizan deliberadamente a las empresas estadounidenses para ocultar el lavado de dinero, evasión de impuestos y otras actividades financieras ilícitas”, dijo el secretario del Departamento del Tesoro, Jacob Lew, en una carta al presidente de la Cámara de Representante, Paul Ryan.
En tal sentido, el Departamento del Tesoro y el de Justicia también pidieron a los legisladores acabar con los vacíos legales que permiten que algunas pequeñas empresas controladas por extranjeros no reporten información a las autoridades fiscales.
