Por Verónica Moyano
A medida que los controles a bancos e instituciones financieras se intensifican, el campo de acción de los delincuentes se diversifica mediante la utilización de intrincadas metodologías que, por canales ilícitos buscan borrar o al menos complejizar la ruta de circulación del dinero con el objetivo de dificultar una potencial investigación por parte de las autoridades.
En la provincia argentina de Córdoba, la justicia se encuentra investigando una supuesta asociación ilícita que desde hacía varios años, a través de una financiera con “sucursales” en distintas ciudades, venía realizando maniobras donde se estima lavaban dinero proveniente de la evasión de impuestos y hechos de corrupción que captaban de particulares y empresas diversas.
La financiera en cuestión, CBI Cordubensis, ofrecía servicios tales como alquiler de cajas de seguridad, consultoría financiera, préstamos personales, empresariales, financiamiento de inversiones y operaciones bursátiles en general.
CBI Cordubensis estaba habilitada únicamente para operar en la administración de cajas de seguridad y no como entidad financiera, ya que no contaba con la autorización correspondiente de parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La maniobra
Según se desprende de la investigación judicial, la financiera funcionaba como una mesa de dinero por fuera del circuito legal, cuya función era la de intermediar entre la oferta y la demanda de fondos.
La entidad financiera, captaba fondos de particulares y empresas a quienes ofrecía una elevada tasa de interés mensual, muy por encima de la ofrecida en el sistema formal para los depósitos a plazo fijo. El dinero ingresado, retornaba al circuito en forma de préstamos también a altas tasas de interés, de manera tal que el esquema resultase por demás redituable para los dueños del negocio.
Como eje central de la maniobra tiene que haber una oferta y una demanda, que por diferentes motivos necesita mantenerse por fuera del circuito legal, ya sea para evadir controles o bien para ocultar el origen ilegal de los fondos.
Los motivos para el acceso a este tipo de “servicio financiero”, pueden ir desde la especulación por las atractivas tasas de interés ofrecidas, la imposibilidad o dificultad de justificar el origen de los fondos, evitar la exposición que significan los bancos en materia de información al fisco, hasta la desconfianza en el sistema bancario o la coyuntura económica, entre otros.
Por el lado de la demanda, los que se acercan a una mesa de dinero son en general aquellos tomadores de crédito, empresas y particulares, que por diferentes motivos no pueden acceder al sistema institucionalizado de crédito. Esto representa para la mesa de dinero una oportunidad de negocio en términos de la tasa de interés a la cual realizan estos préstamos, que, indefectiblemente, es mucho más alta que las del sistema institucionalizado.
Entre las operaciones realizadas por la financiera en cuestión, también se daba la compra de cheques a empresarios, siempre con altas tasas. El origen de esos cheques, si bien se relacionaba con empresas reales, no siempre contaba con respaldo, o bien estaban firmadas por personas no autorizadas con lo cual, se trataba de cheques “rebotados”.
Según las declaraciones de un testigo, había un fuerte ingreso de dinero de empresarios, entre miembros de la industria de la alimentación, sojeros, empresas agrícolas, de automotores y otros. En este segmento, la operatoria era principalmente el depósito de cheques por una tasa del 42 por ciento anual.
Una importante línea de la investigación se centra en la presunta participación en este esquema fraudulento, de funcionarios del gobierno provincial y municipal que pudieran haber lavado a través de la financiera dinero producto de la corrupción política, pudiendo incluso, haber puesto a “trabajar” fondos públicos.
El comienzo del fin
Una sucesión de hechos fundamentales precipitaron la caída de la financiera que devino en la investigación que lleva adelante la justicia: a fines del año pasado un importante empresario, sindicado como uno de los mayores “inversionistas” con los que contaba la entidad inició una corrida al retirar una millonaria suma.
En el mes de enero, la Argentina experimentó una importante devaluación de la moneda que afectó directamente a un esquema que por sus características sólo puede funcionar en la medida en que las variables económicas se mantengan dentro de márgenes razonables, pero que se ve fuertemente perjudicado cuando estas se disparan.
Habiendo perdido la financiera, sus principales pilares de financiación, no pudo afrontar la restitución del dinero aportado por el resto de los ahorristas a los que en un principio se les quiso abonar con cheques que no pudieron cobrar por carecer de fondos que los respaldaran, por tratarse de cheques robados o bien cuya firma era apócrifa.
En el mes de febrero, uno de los socios de la financiera apareció muerto, aparentemente por haberse suicidado, dejando cartas dirigidas a la justicia donde revelaba la trama ilícita que venía llevando adelante la entidad, aportando los nombres de importantes empresarios y políticos locales como implicados y directos responsables de delitos que van desde la evasión fiscal hasta el lavado de dinero.
Fue precisamente a raíz de este último hecho que las sospechas comenzaron a evidenciarse, aportándole nuevas pruebas a la investigación judicial que indicarían la actuación coordinada entre varias entidades que, en los papeles figuran como recaudadoras de caudales o que brindan servicios de cajas de seguridad, pero que en la realidad realizaban el mismo tipo de operaciones que la financiera en cuestión.
De tal manera, la maniobra, que en un principio se creía que era estafatoria, según se desprende de la investigación, terminó siendo una verdadera asociación ilícita y así lo interpretó la Justicia Federal.
Según la justicia, en la maniobra hubo distribución de roles y niveles de conveniencia que cada cual manejó para desplegar una actividad al margen de la ley con apariencia de legalidad, atribuyéndole los delitos de estafa, asociación ilícita y, finalmente, la intermediación financiera fraudulenta.
“Estamos hablando de la maniobra estafatoria, de alta ingeniería delictiva más grave que se haya conocido en la provincia de Córdoba y diría a nivel nacional en los últimos 40 años. Lo digo por la entidad de los montos que se han manejado y porque se desarrolló en un plano de absoluta impunidad. Todos los mecanismos de control a nivel municipal, provincial y nacional, absolutamente todos fallaron” –manifestó Carlos Nayi, abogado defensor de ahorristas damnificados en declaraciones a la prensa.
Si bien el esquema ilícito desarrollado por la firma CBI Cordubensis y de otras similares involucradas en la misma maniobra, estaría claro para la justicia, resta todavía identificar la ruta seguida por el dinero, en la que trabajan conjuntamente la justicia federal, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
