Dos casos de confiscación civil contra ex funcionarios del banco Riggs, de Washington, D.C., han sido puestos en compás de espera mientras se resuelve una investigación que podría culminar en la presentación de cargos criminales por lavado de dinero y malversación de fondos.
Los juicios por confiscación presentados en octubre y diciembre fueron las primeras acciones judiciales que surgieron de las acusaciones de lavado de dinero que involucraron a los ahora difuntos negocios de embajadas y banca privada de Riggs.
El blanco de estas acciones, Simon Kareri, era el gerente de cuentas de embajadas de Riggs para las naciones de África Occidental de Guinea Ecuatorial y Benin hasta enero de 2004. En los casos de confiscaciones presentados en la Corte del Distrito Federal en Washington, D.C., los fiscales buscan el embargo de US$1 millón y de la propiedad que tiene en el estado de Maryland, valuada en US$700.000.
Pero en enero la fiscalía obtuvo la aprobación a su pedido de mantener pendiente el procedimiento hasta que se resuelva la investigación criminal de Kareri, su esposa, Nene Fall Kareri yJadini Holdings Ltd., una compañía offshore que ella controlaba.
“Entre los cargos que los acusados pueden enfrentar como resultado de la investigación, se encuentran: (a modo de ejemplo) hurto, malversación o utilización incorrecta de fondos del banco por parte del empleado bancario, fraude bancario y lavado de dinero”, indica la petición.
En uno de los procesos de confiscación se acusa a Kareri de malversación de US$700.000 de una cuenta en Guinea Ecuatorial que él administraba en Riggs a una cuenta en el SunTrust. La otra tiene como objetivo una propiedad que los fiscales alegan que Kareri adquirió utilizando casi medio millón de dólares que había recibido en “retornos” del contratista de la construcción, Hardutt Singh, suma que supuestamente recibió por haber recomendado el contrato de construcción de la embajada de Benin en Washington.
Kareri transfirió US$110.000 de esos fondos de su cuenta en el SunTrust a través de una serie de certificados de depósitos. Luego lo destinó a la propiedad que el gobierno ahora busca confiscar.
