El ex senador de Puerto Rico, Jorge de Castro Font, se declaró culpable este miércoles de los cargos de fraude contra el estado y soborno, luego de haber negociado un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.
Según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de estados Unidos, De Castro Font aceptó ante el juez federal Francisco Besosa, el haber conspirado para solicitar pagos y comisiones a empresarios privados, valiéndose de su cargo al frente de una poderosas comisión en el Senado estatal.
El ex senador aceptó 21 de los 31 cargos presentados en su contra por el fiscal, Timothy Henwood, el 2 de octubre del año pasado. El documento de culpabilidad precisa que entre enero de 2005 y agosto de 2008, De Castro Font “directa o indirectamente solicitó entre US$500.000 y US$525.000 en pagos en efectivo y otros beneficios, como contribuciones a su campaña política que excedieron los límites permitidos por la ley, alojamientos, vuelos privados, comidas y otros bienes a individuos”.
En el documento el ex senador también reconoció haber actuado en beneficio de estos individuos que fueron extorsionados, proponiendo leyes o evitando su aprobación, y hasta persuadiendo a otros legisladores para que votaran en contra de algunas legislaciones.
Inicialmente la fiscalía solicitó hasta 20 años de cárcel por cargos en su contra. Ahora De Castro Font enfrenta una condena máxima de 9 años en prisión. La sentencia será emitida por el juez el próximo 23 de abril.
Advertencia contra corruptos
En una declaración dada a los medios de comunicación social, la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, afirmó que la conducta del ex senador es una afrenta apara los votantes de Puerto Rico que depositaron su confianza en él y en la institución que él representaba”. Agregó que este caso es “un mensaje muy fuerte a los empresarios y funcionarios que incurran en conducta delictiva, tanto cometiendo soborno como extorsionando”.
La fiscal también precisó que en futuras ocasiones no se aceptará la condición de “víctima” para aquellos empresarios o funcionarios que se dejen sobornar por otras personas, ya que se les procesará como cómplices si no denuncian a los extorsionadores.
En tal sentido, el jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la oficina de Puerto Rico, Luis Fraticelli, precisó que en este caso la mayoría de los empresarios involucrados fueron víctimas del hostigamiento sostenido por el ex senador para obtener dinero.
El documento de acusación de 52 páginas presentado por la fiscalía señala que cuando los individuos extorsionados trataron de dejar de realizar los pagos al senador, fueron advertidos por los colaboradores de De Castro Font sobre las repercusiones que tal situación podría generar.
La asistente del fiscal general, Rita M. Glavin, indicó que el Departamento de Justicia “continuará identificando y procesando a los funcionarios públicos quienes corruptamente usen su posición e influencia ilegalmente para su beneficio personal”.
El pasado 4 de diciembre, Alberto Goachet, un consultor político y colaborador del ex senador De Castro Font, se declaró culpable de participar en una conspiración para lavar dinero procedente de contribuciones y otros pagos ilegales hechos para la campaña política.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Goachet admitió que él y otros empresarios habían lavado dinero mediante el uso de facturas falsas por supuesto pagos legítimos a una consultora política propiedad de Goachet. El indiciado también admitió en el acuerdo que las facturas falsas tenían como objetivo ocultar los pagos ilegales del empresario hechos a De Castro Font.
