El Capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Activos (ACAMS-RD) recomendó al Congreso Nacional una modificación profunda de la actual Ley de Lavado de Activos (Ley 72-02), con el objetivo de adecuar el marco legal a las exigencias actuales.
La propuesta de los expertos dominicanos surge como respuesta a la reciente aprobación de una reforma parcial de la ley en la Cámara de Diputados, en donde se modificaron los porcentajes relacionados a la distribución de los bienes incautados.
Los parlamentario aprobaron el pasado 12 de julio una modificación del artículo 33 de la ley, que establece que un 30% de los bienes irán a la Procuraduría General de la República, otro 30% a la Dirección Nacional de Control de Drogas, un 25% al Consejo Nacional de Drogas y un 15% a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la prevención del consumo de estupefacientes.
El Capítulo de ACAMS emitió un pronunciamiento en el que recomienda una reforma integral en el que se aborden los siguientes aspectos:
-La evasión Fiscal no está considerado en la Ley como un delito de Lavado de Dinero.
-Los oficiales de cumplimiento no tienen una verdadera independencia, ya que reportan a un nivel gerencial, lo cual pone en riesgo el nivel de reporte sin restricciones.
-Debe estar claramente en la Ley que en las reuniones del Comité de Lavado tienen que participar los titulares y no cualquier representante, ya que estos últimos no tienen poder para decidir.
-No está claramente especificado que los sujetos obligados estén protegidos de demandas penales o civiles por aquellas personas sobre quienes hacen los reportes de operaciones sospechosas o inusuales.
-Los bienes incautados deberían ser vendidos de inmediato y depositar el producto de esas ventas en certificados de inversión, que ganen intereses hasta que se emita una sentencia definitiva.
Según indicó el director de comunicaciones del capítulo dominicano de ACAMS, Andrés Terrero, el tema del lavado de activos ha tomado un auge peligroso en la República Dominicana, por lo que sus miembros entienden que a 9 años de la promulgación de la Ley 72-02, los efectos nocivos de este flagelo que ponen en riesgo la estabilidad económica del país requieren de un profundo análisis y transformación.
La directiva del Capítulo está formada por Heiromy Castro y Arnaldo Sánchez Brugal, presidentes; Yolanda Valdez y Dennis Simó, tesoreros; Francisco González y Fermín Faña, secretarios; Mayra Dietsch y Claudia Álvarez, directores de programación; Roberto Mella y Víctor García Fadul, directores de membresía; y Andrés Tererro y Ricardo Rojas León, directores de comunicación.
