Por Rachael Coleman
[email protected]
La familia del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán dice que un ex funcionario del gobierno compró certificados de depósitos por US$740.000 a sus nombres con dinero procedente de los negocios de café y ganadero de la familia, así como de una fundación privada de la familia. Sin embargo, ninguno de estos miembros de la familia sabe la ubicación o función de estas granjas ni posee una fotografía o documento demostrando su existencia.
La falta de evidencia—y otras discrepancias—presentaron el miércoles pasado un gran enigma para el juez federal Federico Moreno mientras escuchaba los discursos de cierre en la batalla legal para determinar si el Departamento de Justicia de EE.UU. debe confiscar los certificados que alega fueron comprados con dinero sucio.
Si bien el abogado de la familia no pudo demostrar que los fondos que se utilizaron para pagar los documentos bancarios eran legítimos, dijo Moreno, el gobierno de EE.UU. presentó poca evidencia para demostrar que los fondos eran producto de la corrupción.
“Lo más importante es saber si los fondos son productos de actividades ilícitas, si fueron robados de las arcas de Nicaragua o si provinieron de los negocios del café”, dijo Moreno que dará su fallo durante el próximo mes. “Tiene que venir de algún lado”.
El juicio de la familia Alemán, que comenzó el mes pasado en Miami, pone al descubierto las dificultades que los fiscales y jueces tienen para desenmarañar las complejas redes de corrupción armadas por las figuras políticas extranjeras, también conocidos como PEPs. Como en este caso, estas redes casi siempre incluyen amigos, familiares y asociados.
Bajo la sección 312 de la Ley USA Patriot, las instituciones financieras deben supervisar las cuentas de los políticos, familiares y allegados—algo que la ex ejecutiva del banco en Miami que vendió los certificados admitió que no había hecho.
La demanda
El fiscal Gerardo Simms intentó vincular el dinero a los crímenes que Alemán y sus testaferros cometieron durante su presidencia a través de un imperfecto rastro de registros bancarios, documentos de la corte nicaragüense y el fracaso de la familia para demostrar que los certificados fueron adquiridos con dinero legítimo.
Durante su presidencia, dijo la fiscalía, Alemán firmó cheques del gobierno para Byron Jerez, el ex director general de Rentas, quien cobró esos cheques, los cambió por divisas de EE.UU. y depositó los fondos en su cuenta. Luego compró ocho certificados de depósito en Terrabank por un valor de US$800.000 a nombre de Alemán con la ayuda de los miembros del directorio del banco y el abogado de Miami David Berley.
En 2003, la fiscalía presentó una demanda para confiscar los certificados. Argumentaron que Alemán, presidente de Nicaragua entre 1997 y 2002, y su familia compraron los certificados con dinero producto de la corrupción, una “actividad ilegal específica” bajo las leyes de lavado de dinero de EE.UU.
María Alejandra Alemán, la hija del ex presidente, presentó una contra demanda. El gobierno de EE.UU. devolvió un certificado a su nombre por US$60.000. Moreno decidirá el destino de los restantes certificados dentro de los próximos 30 días.
“Este caso representa más que tan sólo el robo de dinero y la confiscación de activos”, dijo Simms. “Todo se reduce a avaricia y arrogancia”.
Desde Nicaragua a EE.UU.
Jerez confesó en una corte en Nicaragua en 2003 que había creado compañías pantalla para las contribuciones políticas de Alemán y que había canalizado US$8 millones de dinero robado al estado de Nicaragua hacia EE.UU., donde compró los certificados y propiedades inmobiliarias. Ese año, el gobierno de EE.UU. congeló un lujoso condominio en Key Biscayne y US$150.000 en efectivo argumentando que lo había comprado con dinero robado.
A pesar de que Jerez admitió los delitos, la jueza nicaragüense Juana Méndez lo absolvió del delito de lavado de dinero, malversación, fraude y conspiración. Méndez dijo que no había suficiente evidencia para demostrar que había obtenido el dinero de los delitos que organizó con Alemán.
En el mismo juicio en Nicaragua, Mendez sentenció a Alemán a 20 años de prisión por lavado de dinero, fraude y mal uso de fondos públicos debido a que había creado compañías pantalla en Panamá y había malversado US$8,7 millones del estado entre 1997 y 2001. En mayo una corte de apelaciones en Nicaragua bloqueó su extradición a Panamá y Estados Unidos por posibles cargos de lavado de dinero.
“Claramente Alemán es responsable de robo y lavado de dinero”, dijo Simms.
El abogado de la familia Alemán George Evans dijo durante el juicio que Jerez se negó a testificar porque “no quiere autoincriminarse” y que Alemán no pudo testificar porque está cumpliendo una condena domiciliaria. Moreno señaló que los documentos de la corte de Nicaragua y las confesiones de Jerez son lo “mejor que pueden presentar” los fiscales en la corte de EE.UU. para vincular la corrupción con los certificados.
La familia niega que los certificados—puestos a sus nombres, sin su conocimiento, por parte de la persona que ayudó a su patriarca a robar de las arcas del gobierno—tengan nada que ver con el escándalo.
“Esta corte no tiene que aceptar esa condena”, dijo Evans.
‘Su único activo’
Alemán transfirió la propiedad de los seis certificados comprador por él en 1998 y 1999, a su mujer, María Fernanda, y sus hijos, Carlos y Arnoldo, en 2002. Cinco días después, volvió a cambiar la titularidad de esos certificados, valorados en US$618.000 a su suegra Norma Flores, cuñada, Ana Flores y cuñado, José Grullón.
Evans señaló que Alemán transfirió la titularida de los certificados para “prevenir que funcionarios nicaragüenses tomen los fondos para una vendetta política”, pero los cuñados y suegros de Alemán se contradijeron en sus testimonios.
Durante una entrevista, María Alejandra señaló que los certificados pertenecen a su padre. “Sus únicos activos son su rancho y estos certificados”, dijo.
El testimonio no pareció conmover a Moreno.
“¿Si alguien deja un bolso en el aeropuerto y te lo llevas, es tuyo?”, preguntó.
‘Difícil de creer’
Durante el juicio, la familia Alemán constantemente testificó que los certificados fueron comprados con dinero de los negocios cafeteros y ganaderos de la familia “para promover la democracia en Nicaragua”—a pesar de que ninguno conocía las fuentes ni los negocios o su ubicación. Los suegros de Alemán, Flores y Grullón, incluso llegaron a decir durante el juicio que los certificados les pertenecían.
“Me cuesta creer que la familia nunca creó una marca con sus granos de café u otros productos, nunca creó una corporación ni dio a conocer dinero proveniente del café” al gobierno nicaragüense, dijo Simms. “No existe el dinero del café, son sólo rumores”.
La familia insiste en que sólo la hermana de Alemán, Amelia, a quien Alemán describió en una declaración jurada en 2003 como la “administradora de los activos de la familia Alemán”, tenía pleno conocimiento sobre los negocios de la familia. Tras su muerte en 2002, la familia no pudo localizar ni un solo registro de esos negocios, dijo Evans.
Tres de los certificados por un total de US$300.000 fueron pagados con fondos de la Fundación Democrática Nicaragüense, según Evans, algo que los fiscales describen como un fondo de la familia. A pesar de que la familia sostiene que fueron donaciones las que financiaron la cuenta, no ofrecieron ninguna evidencia de éstas.
Moreno admitió que “huelen sospechosos esos fondos en EE.UU”, pero añadió que no es responsabilidad del gobierno de EE.UU juzgar el uso de sus fundaciones privadas.
“¿Incluso si supiera que esto no está ayudando a la democracia en Nicaragua, qué hago con ello?”, preguntó Moreno. “No es mi dinero”.
Ana Consuegra, ex ejecutiva de Terrabank, quien abrió las cuentas de los certificados, testificó en mayo que el banco nunca estudió la fuente de los fondos para establecer su legitimidad.
Aun así, María Alejandra, argumenta que las cosas son como ellos dicen. “¿Cómo pueden ellos pensar que un padre pueda abrir una cuenta de certificado a mi nombre con dinero sucio?”, dijo en una entrevista. “Mi padre es víctima de la persecución política”.
“Espero que el juez falle a nuestro favor”, dijo. “No vamos a aceptar otra cosa”.
