Una operación de fraude de farmacias en Internet que generó más de US$126 millones ilustra cómo las firmas contables y otros denominados “porteros” pueden ayudar a los lavadores de dinero. Entre agosto de 2004 y junio de 2006, la compañía Affpower, ubicada en San José, Costa Rica, vendió medicamentos a cientos de miles de clientes utilizando prescripciones médicas ilegales.
Un gran jurado federal en San Diego (USA) acusó el 27 de julio de 2007 a 18 individuos por 313 cargos de fraude, despacho de sustancias controladas, lavado de dinero y otros delitos relacionados con la operación ilegales del grupo que vendía medicinas recetadas a través del internet.
La metodología
Los clientes completaban cuestionarios sobre su salud en uno de los sitios en Internet de Affpower y la compañía pagaba a médicos habilitados para revisar los formularios y emitir recetas basándose en esas revisiones. Los doctores, que revisaban cientos de órdenes al día, recibían US$3 por cada prescripción.
Affpower tenía su servidor de computadora en Nicosia, Chipre, para evadir a las autoridades de control legal estadounidenses. Las transacciones con tarjetas de crédito eran procesadas a través de dos compañías extranjeras, incluida RX Payments Ltd., ubicada en Tel Aviv, Israel, y los fondos eran depositados en cuentas bancarias en Nicosia.
Los fondos eran lavados en cuentas en el Barclays Bank, Cyprus Popular Bank y el Bank of Cyprus en Nicosia y el Israel Discount Bank en Tel Aviv.
Una firma contable con sede en Nicosia era utilizada para distribuir los fondos a los participantes en el fraude, incluidas las empresas afiliadas, las farmacias y aquellos que reclutaban y pagaban a los médicos.
Los administradores de Affpower instruyeron a la firma contable en Nicosia para que distribuyera los fondos en cuentas de Estados Unidos en Florida, Texas, Oregon, California y Nueva York. Los bancos utilizados por la banda fueron: Wachovia, Bank of America, Washington Mutual, Citibank, Wells Fargo Bank, USAA Federal Savings Bank, U.S. Bank, State Bank & Trust, Community Bank y el American Bank de Texas.
“Lo que sucede ahora es que los lavadores de dinero no lavan más dinero”, dijo Kenneth L. Bryant, director administrativo de Bryant & Associates LLC, consultora de cumplimiento en Carolina del Norte. “Ellos tienen sus contadores y abogados que abren cuentas, porque actúan como protectores de los delincuentes y de la actividad ilegal”.
Ninguna de las instituciones financieras fue acusada de acciones indebidas en este caso, sin embargo, el Israel Discount Bank recibió la orden de las autoridades estadounidenses de pagar multas relacionadas con incumplimiento antilavado dos veces en los últimos años.
Débiles controles
Las autoridades internacionales y las estadounidenses identificaron controles laxos en algunos proveedores de servicios corporativos, como en los contadores y abogados, lo que calificaron como una deficiencia clave en las leyes y regulaciones antilavado de dinero (ALD) de Chipre.
Moneyval, la organización de revisión europea, publicó una evaluación del régimen ALD de Chipre en febrero de 2007 donde se indicaba que el país obliga a los denominados porteros a presentar reportes de transacciones sospechosas, pero sólo se presentaron cuatro de esos reportes desde 2002.
“Dada la fortaleza de Chipre como centro financiero, los evaluadores esperaban que otros sectores además del bancario hubieran presentado reportes”, decía la evaluación de Moneyval.
Roger Louis Cazalet, presidente del Comité Francés Antilavado de Dinero, dijo en la edición del 26 de Julio del Financial Times que Chipre no está combatiendo el lavado de dinero y que el país podría convertirse en un refugio para los lavadores de dinero cuando el país adopte el euro en Enero de 2008. Cazalet destacó los requisitos ALD laxos del país para los abogados y contadores comparados con los aplicados a los bancos.
El Departamento de Estado de EE.UU., en su Reporte sobre la Estrategia Internacional sobre el Control de Narcóticos publicado a comienzos de este año, recomendó que Chipre fortaleciera sus regulaciones ALD, incluyendo a los abogados, contadores y otros proveedores de servicios corporativos. El Reino Unido, Rusia y la Unión Europea obligan a esos profesionales “porteros” a presentar reportes de operaciones sospechosas. No es el caso de Estados Unidos.
Durante años ha existido preocupación sobre la obligación de los porteros para que mantengan programas antilavado de dinero, dijo Bryant. La reputación de la industria contable de EE.UU. se ha visto dañada desde su participación en escándalos financieros como el del proveedor de energía Enron Corp., y las investigaciones sobre sus tácticas “increíblemente agresivas” para lograr acuerdos financieros para sus clientes, afirmó Fred Graessle, fundador de Integrity Assurance, consultora en temas de cumplimiento ubicada el Estado de Indiana, y ex agente especial del FBI.
“Si se va a ir al centro del lavado de dinero, los porteros son la gente que estaría familiarizada con el movimiento del dinero y que estaría en la mejor posición de reportar eso”, dijo Graessle.
Oposición de la industria
La aplicación de las obligaciones de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a los porteros enfrenta una férrea oposición de los grupos sectoriales. La Asociación Estadounidense de Abogados (por sus siglas en inglés, ABA) se opuso a toda iniciativa que obligue a los abogados a presentar ORS. Rich Miller, asesor legal general del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados, señaló que tales requisitos serían innecesarios para la industria contable.
“Tanto los abogados como los contadores tienen códigos de ética muy severos que excluyen la realización de actividades ilegales de cualquier tipo, y no veo la necesidad de más leyes que rijan a estas dos profesiones que los obligarían a hacer algo más”, dijo Miller.
Las firmas contables podrían perder sus habilitaciones por violaciones éticas advirtió Miller, así también como se expondrían a juicios e investigaciones criminales. “No se trata solamente de los códigos de ética que se les aplican, sino que en la medida en que estén violando cualquier ley, estarían expuestos a sanciones criminales”.
