Por Rachael Lee Coleman
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Ha llegado a su fin la larga y lucrativa era para los líderes del narcotráfico colombiano Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Los hermanos colombianos que fundaron y manejaron el reconocido cartel de Cali—la mayor, más violenta e ingeniosa operación mundial de narcotráfico y lavado de dinero—llegaron a un acuerdo con los fiscales federales el martes para evitar futuros procesos contra miembros de su familia.
Los capos de la droga—acusados en 2003 con cargos de narcotráfico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia—se declararon culpables de cargos menores de narcotráfico ante el juez del Distrito Federal Federico Moreno en la ciudad de Miami y prometieron entregar US$2.100 millones al Departamento de Justicia de EE.UU. que representa parte del dinero obtenido con la venta de droga que ingresaron a EE.UU. y que lavaron a través de compañías farmacéuticas entre 1990 y 2002.
“¿Está usted seguro?” preguntó el juez Moreno a Gilberto Rodríguez Orejuela, de 67 años.
“Muy seguro”, contestó.
Miguel Rodríguez Orejuela, de 63 años, incluso se disculpó ante la gente de Estados Unidos y ante las autoridades durante su descargo. “Estoy haciendo esto desde el fondo de mi corazón”, dijo.
Los hermanos también acordaron declararse culpables en una corte federal de Nueva York de lavar dinero sucio a través de más de 400 tiendas minoristas colombianas. Moreno sentenció a los hermanos a 30 años de prisión, concurrentes con cualquier otra sentencia que resulte del caso en Nueva York.
A cambio, el Departamento de Justicia acordó no procesar a seis familiares con cargos de lavado de dinero y obstrucción de la justicia. En otro acuerdo, 28 familiares aceptaron renunciar a sus derechos e intereses de todas las entidades pertenecientes a los Rodríguez Orejuela en todo el mundo. Una vez que renuncien a estas propiedades, el Departamento del Tesoro acordó sacarlos de su lista de terroristas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés). El acuerdo les permite conservar activos y bienes que no han sido adquiridos con dinero de la droga.
“Se sacrificaron en favor de su familia”, dijo David Markus, abogado de Gilberto.
Marc Seitles, el abogado de la familia en Miami dijo que el acuerdo les permite a sus clientes salir de las sombras del cartel. “Tendrán una nueva oportunidad, podrán empezar una nueva vida”, dijo.
El cartel de Cali, que llegó a controlar el 80 por ciento del mercado mundial de cocaína luego de que Pablo Escobar—jefe de su rival, cartel de Medellín—fuera asesinado en 1993, ingresó más de 250 toneladas de cocaína en Estados Unidos desde la década de 1970 y lavó por lo menos US$2.100 millones. Aún así, le llevó a los investigadores 15 años y cientos de miles de horas de trabajo atrapar y castigar a los capos.
“Esta declaración de culpabilidad clava una estaca final al cartel de Cali, una violenta organización de narcotráfico que operaba al margen de la ley”, dijo el Procurador General de EE.UU., Alberto Gonzáles. “Este es un día de orgullo para la gente de Colombia y para las fuerzas de la ley”.
Operación Cornerstone
La Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. comenzó a investigar al cartel cuando un perro detectó 12.000 kilogramos de cocaína escondida en postes de concreto en un puerto de Miami en 1991. Ese descubrimiento desató la Operación Cornerstone; una investigación de 15 años que llevó a la condena de 105 narcotraficantes colombianos y a la incautación de 47.500 kilogramos de cocaína.
Los agentes grabaron conversaciones telefónicas, colocaron micrófonos y plantaron agentes encubiertos para descubrir detalles íntimos sobre la sofisticada operación del cartel y los creativos métodos para contrabandear la droga.
El cartel escondió cocaína en postes de concreto enviados desde Colombia a Venezuela y luego a Miami; en azulejos de cerámicos enviados desde Colombia a Panamá y luego a Guatemala, donde luego fue empacada en cajas con brócoli congelado y enviado a Miami.
En 1995, un jurado federal de Miami acusó a 59 miembros del cartel de Cali—incluyendo los hermanos Rodríguez Orjuela, los líderes José Santacruz Londoño y Helmer Herrera-Buitrago; nueve gerentes, 10 abogados, entre otros—de importar 200 toneladas de cocaína y lavar US$2.100 millones, mayoritariamente en valijas, entre 1983 y 1995. Otro jurado federal en Miami acusó a otros 39 miembros del cartel en 1996 de lavar dinero de la droga a través de negocios en Colombia.
Los hermanos Rodríguez Orejuela se declararon culpables en Colombia de cargos relacionados con la exportación de droga para evitar la extradición a Estados Unidos. Santacruz Londoño y Herrera Buitrago fueron asesinados.
Michael Abell, el ex jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, y William Moran, ex fiscal federal, fueron acusados de lavado de dinero mientras defendían a los hermanos Rodríguez Orejuela, y luego condenados a cinco y siete años de prisión respectivamente. Esta fue la primera vez que abogados defensores en EE.UU. eran condenados por los mismos delitos de que estaban acusados sus clientes.
Sin embargo, los agentes federales debieron armar un nuevo caso contra el cartel cuando los legisladores colombianos aprobaron una nueva legislación rechazando la extradición de cualquier persona acusada de delitos relacionados con narcotráfico antes de diciembre de 1997.
Métodos ingeniosos
Los investigadores comenzaron una nueva investigación del cartel en 1999, cuando descubrieron que los hermanos Rodríguez Orejuela continuaban con sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero desde sus celdas en la prisión colombiana con la ayuda del hijo de Miguel, William Rodríguez Abadía. Rodríguez Abadía se hizo cargo de las operaciones financieras de la organización luego de que su padre fuera arrestado en 1995 y modernizó los arcaicos métodos de transportar el dinero en efectivo en valijas.
En 2003, un jurado federal acusó a 11 miembros del cartel de Cali, incluyendo los hermanos y Rodríguez Abadía, de narcotráfico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia en una acusación que fue ampliada un año después con una orden de confiscación por US$2.100 millones.
Mientras tanto, en 2003, OFAC añadió a 62 compañías pantalla y 213 individuos en su lista de narcotraficantes especialmente designados, que el presidente Bill Clinton creó en 1995.
“La vulnerabilidad de la familia Rodríguez Orejuela han sido sus finanzas” dijo el director de la OFAC Adam Szubin el martes pasado. “Con el constante descubrimiento y bloqueo de los activos del Cartel de Cali, hemos incapacitado a una otrora poderosa organización de narcotraficantes”.
El gobierno colombiano extraditó a los hermanos a Estados Unidos en 2004 y 2005. Colombia ya ha extraditado a más de 300 narcotraficantes hacia EE.UU. desde que levantó sus extradiciones en 1997.
El caso tuvo un inesperado giro de eventos este año cuando Rodríguez Abadía llegó a un acuerdo en marzo aceptando una sentencia de 22 años por conspirar para importar más de 150 kilogramos de cocaína a cambio de prestar testimonio contra su padre y tío. El fiscal federal Alex Acosta describió ese alegato como “un gran golpe” que llevó al acuerdo de este martes.
Según documentos de la corte, Rodríguez Abadía lavó por lo menos US$300 millones –producto de la venta de cocaína—a través de 400 negocios, incluyendo laboratorios legítimos y ficticios y otras compañías, principalmente en Colombia, pero también en España, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Bahamas y Florida.
Los documentos de corte muestran que los Rodríguez Orejuela y su equipo también utilizaron otros método para el lavado de dinero. Escondieron dinero en efectivo dentro de congeladores comerciales—en agregados de US$8 millones—para entregar en Colombia por avión. Un abogado venezolano que viajaba en avión llevaba por lo menos US$500.000 en valijas desde Nueva York a Puerto Rico y Venezuela, donde otros miembros del cartel recogían el dinero y lo enviaban a Colombia. Guillermo Pallomari González, quien luego se convirtió en el testigo estrella para la fiscalía, lavó dinero a través de la cadena de farmacias propiedad de los Rodríguez Orejuela que él administraba. Harold Vélez Restrepo, que poseía una financiera y un concesionario de automóviles en Colombia y que también fue acusado, también ayudó a operativos del cartel a comprar hogares utilizando nombres falsos.
Rodríguez Abadía “supervisó la creación de otras corporaciones y la adquisición de falsos créditos comerciales” financiados con dinero de la droga que su padre proveyó a instituciones prestamistas y arregló para “justificar la compra y nuevo dominio comercial de negocios de la familia a nombre de nuevas corporaciones”, según la oficina del Procurador Federal en Miami.
Rodríguez Abadía sobornaba a funcionarios gubernamentales, potenciales testigos y conspiró con otros para asesinar a posibles testigos contra ellos—todo esto bajo la dirección de su padre y tío, según la acusación de 2004.
Financiación del terrorismo
El cartel de Cali no sólo es reconocido por el contrabando de drogas y efectivo. También fue vital para las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización terrorista según la OFAC que se sabe se asoció con el cartel.
A pesar de que la FARC inicialmente limitó su papel a cobrar un impuesto a los productores, distribuidores y traficantes de narcóticos en los territorios colombianos que controla, el grupo luego se involucró directamente con la producción de cocaína para incrementar sus ganancias, según la acusación. Entre otras cosas, establece los precios que se le paga a los granjeros colombianos para obtener la pasta de coca, el material utilizado para producir cocaína y para su transporte a los laboratorios de la jungla bajo el control de FARC, donde se convierte en toneladas de narcóticos y se envía al extranjero.
Como resultado, FARC provee más del 50 por ciento de la cocaína del mundo y más del 60 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos, estipula la acusación, y gasta millones de dólares sucios para comprar armas.
Un jurado federal en Nueva York acusó a 50 líderes de FARC en marzo de importar cocaína por un valor de más de US$25.000 millones hacia EE.UU. y otros países. El Departamento de Justicia está buscando la extradición de tres líderes de la FARC que ahora se encuentran bajo custodia de las autoridades de Colombia.
James A. Shedd, consultor y ex agente especial de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) que trabajó en Bogotá dijo que la red que une al cartel con el grupo rebelde es tan importante como los mismos casos.
“Es una situación muy fluida, flexible”, dijo: “FARC realmente no los necesita [a Cali] para lavar el dinero, lo pueden hacer por su cuenta”, pero la FARC le permiten a Cali y a otros carteles tener territorios para producir hojas de coca y establecer laboratorios a cambio de un impuesto. “Se usan entre ellos”.
