Cuando en el año 2012 las autoridades mexicanas comenzaron a investigar a un entramado de empresas virtuales por transacciones sospechosas relacionadas a jets privados, autos de alto nivel, yates y otros bienes de lujo, no se imaginaron que las pesquisas develarían un complicado esquema de “fraude carrusel” asociados a los principales partidos políticos de México.
El riesgo de que el dinero de procedencia ilícita se infiltre en la política se ha convertido en un problema fundamental a resolver por los gobiernos interesados en erradicar el flagelo del lavado de dinero en el mundo. Es sabido que las organizaciones criminales, en su búsqueda de nuevos canales donde introducir el producto de sus actividades delictivas ha concentrado su atención en los sectores de poder como la política, donde encuentran un interesante marco protector frente a los controles y que a su vez también pudiera permitirles un mayor poderío en sus actividades.
En los últimos tiempos, la mayoría de los países del mundo que se atienen a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) concentra sus esfuerzos en reformas en sus legislaciones donde se distingue a las Personas Expuestas Políticamente (PEP´s) y partidos políticos entre los sujetos obligados con mayores responsabilidades en función del ALD y CFT, para evitar que las organizaciones criminales tengan acceso a una situación de poder tal que imposibilite el accionar de las autoridades para evitar, detectar y castigar sus actividades.
La situación de los partidos políticos y su financiamiento es objeto de consideración especial en este sentido, debido a que no en todos los países dicha actividad se encuentra regulada bajo una estricta política ALD y CFT. Es el caso de El Salvador, donde su Congreso discute por estos días la inclusión de los partidos políticos dentro de las reformas incorporadas a la ley antilavado y es precisamente este punto el que mantiene en suspenso su sanción definitiva, por citar un ejemplo de una discusión actual; pero en otros países ni siquiera se ha considerado el tema.
Sin embargo, mientras el debate de la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados en la prevención del flagelo mundial que significa el lavado de activos continúa, la realidad es que los criminales siguen utilizando al sistema político para blanquear el dinero sucio producto de sus actividades.
México y un claro ejemplo de situación
“Era muy raro e inusual” que un país persiguiera a miembro de jerarquía de un gobierno o a un jefe de estado, indicó Lucinda Low, socia de la firma internacional de abogados Steptoe & Johnson. Pero al darse la situación de que las instituciones financieras descubren más transacciones sospechosas y los países quieren llevar a juicio a los sospechosos, la cantidad de casos de ese tipo probablemente suba este año, expresó la experta en una información publicada por Lavadodinero.com en 2012.
Esto quedo confirmado cuando a principios de diciembre pasado, a raíz de un informe periodístico realizado por el periódico Reforma, salió a la luz de la opinión pública una investigación que está llevando adelante la Procuraduría General de la República (PGR) en donde se vincula a importantes partidos políticos mexicanos con una red de lavado de dinero.
Según lo que se pudo conocer, los partidos políticos involucrados serían el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) que habrían recibido para la campaña presidencial del 2012 aportes millonarios de una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y lavado de dinero.
Las operaciones sospechosas consistentes en transferencias importantes para costear jets privados, autos de alto nivel, yates y otros bienes de lujo por parte de un entramado de empresas virtuales relacionadas a Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, llevaron a que en el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, junto con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) iniciaran la investigación original. A raíz de ella, se descubrió que empresas relacionadas con Edicom eran “contratadas” por entidades gubernamentales, grandes contribuyentes e incluso particulares por un servicio a cambio del cual recibían su correspondiente factura, que también llegaba acompañada de la devolución de la mayor parte del dinero que habían abonado al que se le “deducía” el porcentaje de IVA y el cobro de comisión; una metodología conocida como “fraude carrusel”.
Fue a través de esta investigación que se llegó al nombre de Raúl Álvarez Longoria como principal referente de los delitos analizados, quien habría sido además el que inyectara 10 millones 116 mil pesos a los monederos electrónicos Monex, a través de los que financiara el PRI su campaña presidencial que terminó colocando a su candidato Enrique Peña Nieto en la presidencia de la república. Sin embargo, no fue el único ya que el nombre de Ricardo Mauro Calzada, con comprobada relación con Álvarez Longoria, aparece también vinculado a los delitos investigados quien, según el Instituto Federal Electoral (IFE) habría proporcionado 13.1 millones de pesos a los monederos del Partido Revolucionario Institucional. Un dato significativo es que estos aportes formaron parte de los 44 millones de pesos que recibiera el PRI a través de los monederos electrónicos y cuyo destino el partido no pudo especificar ante el IFE.
Según consta en la investigación, las empresas cuestionadas también habrían recibido sumas millonarias de dinero de parte de casinos, grandes consorcios, familiares de políticos y funcionarios, tanto del PRI como del PAN, para ser transferidas a paraísos fiscales. Pudiera ser este último dato el que permita comprender el porqué de las dilaciones, absoluciones y cambios de carátula en la causa donde se anuló la investigación por lavado de dinero para redefinirla dentro del rango de delitos fiscales, esto último luego de conocerse que la empresa Edicom también habría aportado a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota del PAN, partido al cual pertenece el por entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Tales revelaciones levantaron fuertes reacciones del resto de los partidos que exigen que la investigación llegue al fondo, se individualice a los principales responsables y se les aplique penas carcelarias.
“Lo que tenemos a la vista es que se tiene ya una investigación sobre empresas que sí eran fantasmas, que vendieron facturas, hicieron una triangulación de recursos de origen de dudosa preferencia y que finalmente fue lo que pudo dar origen al tema de las tarjetas Monex. Si de esta investigación dan como consecuencia responsabilidades de particulares, servidores públicos o incluso la gente del PRI, obviamente se tienen que tomar cartas en el asunto, y si cometieron un delito, pues tienen que ir a la cárcel” – manifestó el presidente de la comisión que en la Cámara de Diputados investiga el caso Monex, el perredista Roberto López en declaraciones a la prensa.
Nueva ley antilavado
A partir de la entrada en vigor en México de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anilavado), en octubre del 2013, las actividades vulnerables establecidas en dicha ley tienen la obligación de registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la presentación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando los montos de los actos u operaciones que realicen los clientes o usuarios con dichas actividades vulnerables sean iguales o superiores a determinadas cantidades previstas en la mencionada Ley Antilavado para el caso concreto. Si bien los partidos políticos no están detallados como una categoría específica dentro de las actividades vulnerables descriptas en la ley, sí se hallan englobadas en las Reglas de Carácter General como asociaciones y sociedades sin fines de lucro que reciben aportes y donativos con obligación de reportar sus actividades al ente regulador y cualquier operación de carácter sospechoso a la UIF.
Números alarmantes
De acuerdo al informe desarrollado por Global Financial Integrity (GFI) bajo el título “Flujos financieros ilícitos de países en desarrollo: 2002-2011”, que contempla dinero ilícito producto de la corrupción política, evasión fiscal y lavado de dinero, entre otros delitos:
•México pierde más de 46 mil mdd por evasión fiscal y lavado de dinero en un período de 10 años.
•De 2002 a 2011 México se convirtió en el tercer gran exportador de flujos de dinero ilícito en el mundo, sólo después de China y Rusia en un ranking conformado por 144 países emergentes.
•A nivel global, la delincuencia, la corrupción y la evasión de impuestos han generado pérdidas por un total de 946 mil millones de dólares en los países en vías de desarrollo. Dicha cifra representa un aumento del 13.7% en comparación con el conteo correspondiente al 2010.
