Por Brian Monroe
Las solicitudes de información hechas por las autoridades de control legal sobre cuentas y transacciones ante las instituciones financieras para ayudar en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo han resultado en docenas de condenas en los últimos cinco años, según un informe del Departamento del Tesoro de los EE.UU. publicado el martes.
Alrededor de 17 agencias federales de control legal emitieron 826 pedidos a las instituciones financieras, obteniendo alrededor de 49.000 coincidencias positivas y 41 condenas, una tasa de alrededor del 5 %, de acuerdo con el informe de tres páginas publicado por la Red de Control de Crímenes Financieros, responsable del análisis, aprobación y emisión de solicitudes a las instituciones financieras. Las solicitudes también ayudaron a cerrar 25 casos, dijo FinCEN.
Estos pedidos de información realizados de acuerdo con la 314(a), denominados así por el artículo de la Ley Patriot que los autoriza, han sido exitosos tanto en las investigaciones de lavado de dinero como del financiamiento del terrorismo, informó FinCEN. Casi en la mitad de los casos, cuando FinCEN emite una solicitud a una agencia federal, la información lleva a un arresto o a una acusación, precisó el informe.
Ése es un buen índice de éxito, dijo Ed Bjelke, consultor ALD en Valley Stream, Nueva York, y ex examinador de la Reserva Federal. Ese control legal que pudo lograr tantas condenas con una cantidad relativamente pequeña de solicitudes equivalente a casi 10 al mes por banco durante más de cinco años es muy bueno, señaló Bjelke.
El proceso de pedir información
Bajo el programa 314(a), las agencias federales de control legal envían a FinCEN un pedido de información. FinCEN luego utiliza un sitio seguro de Internet, o faxes o mensajes de correo electrónico para enviar esos pedidos a más de 27.000 instituciones financieras simultáneamente cada dos semanas.
Las instituciones deben investigar en sus registros en busca de coincidencias de nombres de titulares de cuentas y otras informaciones y responder a FinCEN dentro de las dos semanas si han brindado servicios bancarios al individuo durante el año anterior o realizado transacciones para la persona en cuestión durante los seis meses previos.
Cuando se comenzó a aplicar el programa en noviembre de 2002, los bancos dijeron que los pedidos de información les representaba una carga de investigación muy grande. Como resultado de ello, FinCEN dejó de enviar los pedido dos semanas después, y volvió a enviarlos en febrero de 2003.
Los pedidos de información no agregan demasiada carga de investigación a la mayoría de las instituciones medianas y grandes, porque sus sistemas de transacciones deberían ser automáticos, precisó Bjelke. En ese punto, es demasiado riesgoso no tener sistemas automáticos de monitoreo.
Sin embargo, cuando se considera que los bancos grandes y pequeños están haciendo malabarismos con las listas de sanciones locales y extranjeras, si se agrega un inesperado pedido 314(a), podría agregar mucha carga, señaló Ryan Rasske, presidente de Associated Risk, consultora de cumplimiento bancario en Green Bay, Wisconsin.
La tecnología nos ha permitido realizar estas búsquedas más rápida y eficientemente, pero las instituciones más pequeñas pueden no tener ese lujo, agregó.
A juicio de Connie Fenchel, consultora ALD y ex subdirectora de FinCEN, las estadísticas publicadas por FinCEN, sin embargo, deberían ser analizadas con algún escepticismo.
Ella señaló que todavía existen muchas imprecisiones asociadas con el informe, incluido un detalle del criterio con el cual FinCEN analiza y aprueba los pedidos 314(a). Además, señaló que las condenas pueden producirse muchos años después del pedido inicial, desviando la información.
La gran pregunta según Fenchel es: ¿Podrían los investigadores haber obtenido la misma información a través de un proceso de orden judicial? ¿El programa 314(a) vale la pena o no? Nadie puede decirlo. Pero las autoridades de control legal lo están utilizando y es una buena herramienta para tener. La clave es la supervisión adecuada, para asegurar que no sea mal utilizado y se convierta en un apoyo para el trabajo de policías vagos, indicó Fenchel.
Los pedidos de la Sección 314(a) fueron un cambio importante en la forma en que los investigadores habían perseguido a las instituciones pidiéndoles información. Si una agencia federal quiere información de una institución, y no está haciendo el seguimiento de un reporte de operación sospechosa, generalmente debe obtener una orden judicial para tener acceso a los sospechosos y las cuentas.
