La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos concluyó las regulaciones que requieren a los prestamistas no bancarios de hipotecas residenciales establecer programas contra el blanqueo de dinero (AML) y presentar informes de actividades sospechosas (SAR por sus iniciales en inglés), de la misma forma como se le exige a otros tipos de instituciones financieras.
“FinCEN está hoy cerrando un vacío legal al exigir que los prestamistas no bancarios hipotecarios y los originadores de préstamos para desarrollar los programas de lucha contra el blanqueo de dinero y presentar informes de actividades sospechosas”, dijo el director de FinCEN, James H. Freis, quien agregó que los “SAR son una fuente de información vital para la policía y las agencias reguladoras en la investigación y persecución del fraude hipotecario, así como de una amplia gama de otros delitos financieros”.
Basado en el apoyo directo que FinCEN presta para las investigaciones y procesos penales, entre ellos en relación con el Grupo de Trabajo contra el Fraude Financiero y, recientemente, el apoyo al Grupo de Trabajo sobre las Hipotecas Residenciales, los líderes de la unidad creen que la nueva normativa ayudará a mitigar algunos de los riesgos y minimizar ciertas vulnerabilidades que los criminales han explotado en el sector hipotecario no bancario residencial.
El análisis de los SAR presentados ante FinCEN muestran que los prestamistas y corredores hipotecarios independientes originaron muchas de las hipotecas que han sido objeto de sospechas por los documentos presentados en las aplicaciones.
En un paso más para luchar contra el fraude en los mercados hipotecarios residenciales, FinCEN publicó una propuesta en noviembre de 2011 que requeriría que el gobierno federal financie a las empresas Fannie Mae, Freddie Mac y Federal Home Loan Banks para desarrollar programas AML y presenten ROS.
En conjunto, estas nuevas normas y las regulaciones propuestas emitidas en noviembre proporcionan herramientas adicionales para las instituciones financieras y entes de investigación para frenar a los estafadores.
Entre las irregularidades que FinCEN ha identificado en los SAR están las declaraciones falsas, el uso de testaferros, compras/ventas fraudulentas y el robo de identidad.
Las nuevas regulaciones probablemente aumentarán de forma significativa el número de informes de actividades sospechosos relacionados a solicitudes de hipotecas; le darán a los organismos de investigación policial y reguladores datos más completos sobre delitos específicos; y proporcionará a los gobiernos y a la industria una perspectiva más completa sobre las tendencias del crimen hipotecario en todo el país.
La regla final entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal y el plazo para su cumplimiento es de seis meses.
