Por Matt Squire
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Los esfuerzos infructuosos de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) por crear una base de datos para compartir información resultaron en una pérdida de US$5 millones el año pasado.
FinCEN eliminó hardware, software y las tareas asociadas a los mismos por su base de datos del Sistema denominado BSA Direct Retrieval and Sharing para el año fiscal culminado el 30 de septiembre de 2006, según un informe de auditoria publicado la semana pasada por la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro.
El proyecto – un sistema de recuperación de información que permite a los reguladores y las autoridades de control compartir información de la Ley de Secreto Bancario (LSB) – sufrió múltiples incrementos de costos de más del 50 por ciento. Inicialmente presupuestado en US$8,9 millones en su lanzamiento en julio de 2004, el costo esperado del sistema subió a US$15,1 millones en febrero de 2006.
Cuando el BSA Direct fue cancelado por el entonces director de la agencia Robert Werner en julio de 2006, FinCEN ya había gastado el 95 por ciento de ese presupuesto, o unos US$14,4 millones, y estimaba que necesitaba unos US$8 millones adicionales para completar el sistema, y otros US$2,5 millones para operaciones y mantenimiento.
El proyecto BSA Direct fue criticado en un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado en diciembre de 2006. El informe indicaba que FinCEN había omitido coordinar el proyecto con el Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés, IRS), que actualmente recibe y mantiene información LSB para la agencia en su Centro de Cómputos de Detroit.
Pero Ross Delston, fundador de la consultora GlobalAML.com, de Washington, D.C., dijo que FinCEN necesita incrementar su propia experiencia en tecnología de información y tratar nuevamente de crear el sistema de uso compartido de información.
“Han habido muchos casos en el gobierno estadounidense donde los grandes proyectos de bases de datos no dieron resultado, porque generalmente hay un desequilibrio de conocimientos”, dijo Delston. “Generalmente las agencias gubernamentales no tienen suficiente experiencia IT interna para manejarse de manera efectiva con los contratos y los incrementos en los costos son típicos”.
“La cancelación de contratos gubernamentales no es poco común”, dijo la vocera de FinCEN Candice Pratsch en un mensaje de correo electrónico. Pratsch no hizo comentarios sobre si el proyecto cancelado terminaría en otras cancelaciones en el futuro. La firma Electronic Data Systems Corp. fue contratada para crear el sistema.
Los gastos asociados con la cancelación contribuyeron en un 12 por ciento al incremento en los costos operativos netos de FinCEN. Sus costos netos de operaciones aumentaron a US$101 millones el año pasado de los US$90 millones del año fiscal 2005. La mayor parte del incremento surge de las inversiones en actividades para compartir información.
El informe indicaba que FinCEN gastó US$51 millones, o el 50 por ciento, de sus costos operativos en los esfuerzos dedicados para hacer que los servicios de la iniciativa electrónica del gobierno federal fueran más accesibles al público.
En 2006, FinCEN gastó alrededor de US$75,4 millones en fondos asignados y unos US$28,4 millones de otras fuentes de financiamiento, incluyendo alguna financiación proveniente de la Oficina de Administración de Personal y del Servicio de Rentas Internas. La agencia registró un incremento de US$2,3 millones en su saldo neto después de los costos netos para el año fiscal 2006.
El informe también indicaba que FinCEN es parte de un proceso judicial pendiente en el cual una decisión adversa es “razonablemente posible”. Las posibles pérdidas asociadas con el proceso legal están estimadas en US$190.000, más los daños compensatorios. Las potenciales pérdidas no están reconocidas en el balance de FinCEN del año fiscal 2006.
FinCEN también registró una reserva de US$700.000 por cuentas en litigio en 2006 y en 2005 para compensar sanciones monetarias civiles que están llevadas a cabo judicialmente por el Departamento de Justicia. “FinCEN no realizará comentarios sobre los procesos legales pendientes”, dijo Pratsch.
