Por Colby Adams.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalizó este miércoles la regulación mediante la cual le exige a los bancos estadounidenses que le soliciten a las instituciones financieras extranjeras con las que mantienen relaciones de corresponsalía información sobre las cuentas relacionadas con individuos o empresas iraníes, cuando las autoridades así lo exijan.

La nueva norma se mantuvo muy similar a la propuesta presentada en abril, la cual fue bienvenida por los bancos pero criticada por algunos legisladores estadounidenses que la consideran muy débil para ser efectiva. La regulación precisa cómo la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) puede pedirles a las entidades bancarias estadounidenses que tengan información de sus corresponsales sobre las transacciones relacionadas a Irán.

La información, que incluiría un período de tres meses de transacciones de la institución extranjera, sería utilizada por FinCEN como parte de los esfuerzos de inteligencia que apuntan a la red financiera global iraní.

Bajo la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas y Desinversión de Irán de 2010 (CISADA por sus sigla en inglés), el FinCEN tiene la opción de requerir que los bancos de EE.UU. auditen a sus contrapartes extranjeras, certifiquen que no tienen relaciones con Irán o que solamente pregunten si mantienen alguna relación con individuos o empresas iraníes.

Steve Hudak, vocero del organismo regulador, no quiso comentar en un aspecto específico de la norma, pero afirmó que FinCEN “intentó crear la mejor regulación posible”.

En los casos en que las instituciones financieras extranjeras no quieran revelar si tienen o no cuentas relacionadas a Irán, los bancos de Estados Unidos tendrán que notificar esta negativa al FinCEN, pero no estarán obligados a finalizar su relación comercial con la entidad foránea.

“Incluso en las situaciones en las cuales un banco extranjero no responda la solicitud hecha por su corresponsal estadounidense, es información será todavía muy valiosa”, porque pudiera generar el departamento del tesoro imponga restricciones a las cuentas de corresponsalía utilizadas para apoyar las actividades del gobierno iraní, indicó un comunicado de FinCEN.

Venezolanos en la mira

Como es de esperárselo, los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras de los países que mantienen más relaciones comerciales con irán será los primeros en la lista de los investigadores estadounidenses.

“Venezuela es el primer target de Latinoamérica. Los bancos y entidades venezolanas que mantienen cuentas en Estados Unidos deben ir preparándose, deben decidir si entregarán la información en caso de que les sea solicitada o si asumen el riesgo de no atender la solicitud de su banco corresponsal”, indicó un oficial de cumplimiento de una institución con sede en Nueva York.

“Todo dependerá del volumen de negocios que tengan con sujetos o empresas iraníes designados bajo la CISADA, pero no colaborar con las autoridades estadounidenses puede ser mucho más riesgoso y puede producir el cierre de sus cuentas en EE.UU., lo cual los obligaría a buscar otro centro financiero internacional”, indicó el experimentado funcionario bancario, quien pidió mantener su nombre en reserva.

En el 2010, el Red Cell intelligence Group emitió un reporte con 45 bancos internacionales que intencionalmente han ayudado a entidades iraníes sancionadas a tener acceso a dólares estadounidenses, euros, libras británicas y yens, violando así las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ese reporte afirma que dos bancos de Turquía -Türkiye Halk Bankasi y Türkiye is Bankasi- sostienen relaciones con el Export Development Bank of Irán (EDBI), entidad que es dueña del Banco Internacional de Desarrollo, que tiene sede en Caracas (Venezuela). El Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra al EDBI de su subsidiaria venezolana en octubre de 2008.

En mayo de 2011, Estados Unidos impuso sanciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a otras 6 empresas internacionales de hidrocarburos por actividades que apoyan el sector energético de Irán, violando así las restricciones comerciales impuestas al país islámico desde 1996.