El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso esta semana incluir a los proveedores no-bancarios de productos prepagados en una categoría diferente de negocio de servicios monetarios (NSM), como parte de su iniciativa para incluir a la industria de productos prepagados bajo las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB).
Como parte de la anticipada propuesta de regulación, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) le requeriría a los proveedores y vendedores de productos prepagados presentar Reportes de Actividades Sospechosas (SAR por sus siglas en inglés). Además, los proveedores tendrían que registrarse ante la oficina de NSMs.
La medida propuesta pudiera incrementar la carga de cumplimiento para los NSMs al requerirles nuevos programas de identificación de los clientes de productos prepagados. La regla, si es adoptada, afectará a unos 70.000 vendedores y a 700 proveedores de estos productos, según los estimados del FinCEN.
El proyecto contempla cambios en la terminología usada en la industria, al reemplazar el término “valor acumulado” por “acceso prepagado”. Asimismo, sustituye al “emisor” por “proveedor” y al “revendedor” por “vendedor”.
Según la propuesta, el proveedor se identifica por el nombre de marca bajo la cual es mercadeada la tarjeta; también por la parte que se identifica como la “persona” que toma las decisiones sobre el producto, entre otros criterios. FinCEN aclaró que los bancos no pueden calificar como “proveedores” de tarjetas prepagadas.
En relación a cuáles empresas deberán implementar programas antilavado de dinero (ALD), eso dependerá de la naturaleza de los productos, la clase de negocio que son y qué tipo de tarjetas ellos ofrecen, explicó el vocero de FinCEN, Steve Hudak, quien agregó que “eso realmente dependerá de las realidades y circunstancias de cada uno”
Por su parte, Jonathan Winer, quien trabajó con el Programa ALD del Departamento de Estado norteamericano, precisó que la nueva regla clarifica qué empresas serán responsables de cumplir con los requerimientos ALD de la LSB.
El cambio en la definición y el enfoque del FinCEN es bienvenido, porque es “más preciso” y parece establecer responsabilidades ALD a las personas que controlan el dinero, indicó Michael McDonald, un consultor de Miami que se desempeñó como agente especial del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés).
Es positivo incluso considerando que este nuevo grupo de empresas reguladas “añadiría un trabajo adicional, una mayor carga y un gran esfuerzo para el IRS”, precisó McDonald. El experto señala que la agencio impositiva no contará con más examinadores, pero deberá asumir esta nueva tarea de supervisión.
Pero no todos creen que la medida es positiva. Carol Van Cleef, socia de la firma de abogados Patton Boggs de Washington D.C., advierte que la regulación propuesta “causará una significativa confusión en la industria de los productos prepagados”. La experta también cuestionó la manera como las nuevas reglas se fusionarán con las regulaciones estatales, ya que pudiera crearse una duplicación de esfuerzos al tener que reportar actividades sospechosas.
Los bancos ya deben presentar SARs relacionados a las tarjetas prepagadas y deben enfrentar un minucioso escrutinio de parte de los reguladores sobre los programas de monitoreo de transacciones de tarjetas, dijo Van Cleef. “Este nuevo requerimiento es como duplicar esfuerzos y puede generar conflictos en los SARs hasta que los participantes puedan encontrar formas de cooperación en a presentación de los reportes, lo que puede ser más fácil de decir que de hacer”.
El período de discusión de 30 días asegura que FinCEN se retardará al menos 5 meses en cumplir con el mandato de emitir reglas para la industria de los productos prepagados, ya que el organismo tenía hasta el mes de febrero de 2010 para producir la regulación, según se estableció en la Ley de Responsabilidad y Acceso a las Tarjetas de Crédito promulgada en mayo de 2009.
