En los días en que las transacciones en efectivo reinaban en los esfuerzos de EUA en el campo del lavado de dinero, la “estructuración”, el crimen por el que los “pitufos” (“smurfs”) se ganaron su nombre, era el crimen du jour. En 1986, el Congreso convirtió en delito, bajo el Acta del Sigilo Bancario (“ASB”, en inglés, Bank Secrecy Act o “BSA”) el realizar una transacción en efectivo de tal forma que la institución financiera no registre un Informe de Transacciones en Efectivo (“ITE”, en inglés, Cash Transaction Report o “CTR”). Posteriormente, amplió el delito al incluir el registro del Informe de Instrumentos Monetarios y en Efectivo del Servicio de Aduanas (Título 31, USC Sec. 5324). Ahora parece ser que la rosa ha perdido su esplendor, a pesar de que la estructuración es un elemento importante del último método de lavado del gobierno, el Mercado Negro de Intercambio de Pesos.
Un análisis de Alerta de Lavado de Dinero sobre los datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos demuestra que los fiscales federales han perdido interés por los casos de estructuración. Enjuiciamientos por estructuración Los datos del Departamento de Justicia, los que fueron recopilados gracias al Acta de la Libertad de Información y mantenidos por la Cámara de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), demuestran que el número de enjuiciamientos por estructuración ha caído en más de un 70% desde 1992 hasta 1998, de 243 casos a 71, a pesar de una enmienda al ASB de 1994 que quitaba al gobierno la carga de probar que el acusado estaba estructurando “premeditadamente”.
TRAC, un centro de investigación de la Universidad de Syracuse, fundado en 1989, es auspiciado a través de donaciones del Fondo de la Familia Rockefeller, la Fundación New York Times y la Fundación John S. y James L. Knight. Sus datos sobre estructuración provienen solamente de aquellos casos judiciales en que la estructuración es la acusación principal, tal como fueran presentados por los fiscales. El Departamento de Justicia se ha resistido a revelar la información que demuestra cuáles son los delitos secundarios en los casos que trata.
TRAC inició acciones legales al Departamento y la información fue recientemente entregada pero no está aún en el sistema TRAC. Ratzlaf Entre 1987 y 1993, los juicios en donde la estructuración era la acusación principal crecieron de 2 a 224 (Money Laundering Alert, Septiembre´ 1994). En enero de 1994, la Corte Suprema de Estados Unidos dio un duro golpe a ese tipo de procesos judiciales al decidir que para condenar a una persona, el gobierno debe probar que el acusado sabía que esa conducta era ilegal (Ratzlaf v. U.S., Caso No. 92-1196, U.S. Sup. Ct., Enero 11, 1994).
Al año siguiente los juicios por estructuración cayeron en un 28% a 161. Posteriormente el Congreso sancionó el Acta de Supresión del Lavado de Dinero de 1994, eliminando el requisito de “premeditación” del delito de estructuración. A pesar de ello, los juicios con la estructuración como delito principal cayeron en un 69% desde 1994 a 1997, de 161 a 50, aunque se incrementan levemente en el año 1998 a 71. Casos por referencia también caen Pero esas no son todas las malas noticias para los fiscales que actúan en este tipo de juicios. Un análisis de ALD demuestra también una dramática reducción de los casos referidos por reguladores e investigadores federales a los fiscales. En 1995, los casos referidos cayeron a 416 de 612, una caída del 32%. La tendencia ha continuado.
Desde 1992 hasta 1998, ha existido una reducción general del 58% de los casos de estructuración referidos, cayendo de 752 a 302. El Servicio de Aduanas, el FBI y la División de Investigación Criminal del IRS eran las principales agencias que referían casos de estructuración. El IRS refirió 2.211 casos entre 1992 y 1998 pero con tendencia hacia la baja. En 1992 refirió 533 casos, número que declinó en un 78% en 1998 cuando refirió solamente 118 casos. Los juicios de los casos referidos por el IRS también declinó de 37 en 1992, a 15 en 1997 antes de subir a 27 el año siguiente.
El FBI refirió 1.030 casos de estructuración durante esos 7 años, de los que la Justicia enjuició solamente un 9%. Los casos referidos por el FBI subieron de 90 en 1992 a 273 en 1995, pero cayeron a 116 en 1998. Los juicios de los casos referidos por el FBI cayeron en forma continua de 28% en 1992 a 5% en 1998. El Servicio de Aduanas refirió 200 casos entre 1992 y 1998, de los que un 64% fueron llevados a proceso judicial.
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), una de las cinco agencias de supervisión de las instituciones financieras, hizo 76 referencias entre 1992 y 1998. Ninguna otra agencia hizo más de 75 referencias. Estructuración y SARs Carroll L. Andre, una asistente del Fiscal General en Memphis, dijo a ALD que la reducción de referencias pueden ser atribuida al sistema de Informe de Actividad Sospechosa que, desde abril de 1996, ha instruido a los bancos a informar la estructuración y otros delitos a la Red de Control de Crímenes Financieros (en inglés, FinCEN) del Departamento del Tesoro. Anteriormente, muchos bancos reportaban las estructuraciones a la oficina local del Fiscal General, dijo.
Falta de Recursos El poder judicial no hizo comentarios sobre la reducción en de los procesos judiciales. Los fiscales alegan que la falta de recursos es la causa principal. La información recopilada da la “razón de desistimiento” para cada caso que la Justicia declinó procesar. La “falta de recursos para la investigación o enjuiciamiento” aparece como la primera razón en 14% de los 2.855 casos referidos y no procesados.
Otras razones incluyen “mínimo interés federal o sin valor residual”, la “falta de evidencia de intento criminal”, la “débil o insuficiente evidencia admisible” y la “política de la oficina”. El número de juicios por estructuración se desplomó en más de un 70%, de 243 a 71, entre 1992 y 1998. Las estadísticas de TRAC revelan una significativa reducción en los casos de estructuración referidos por las agencias de control legal y reguladores que podrían ser la causa de la reducción en la cantidad de juicios.
