Más de US$ 1.000 millones en ganancias jugando en casinos obtuvo la ex alcaldesa de San Diego, Maureen O’Connor, durante un período de 9 años. Sin embargo, mucho más fue lo que perdió gracias a su compulsivo vicio de las apuestas para el que además de su fortuna personal utilizó fondos de una fundación caritativa. Este caso refleja la importancia de monitorear permanentemente el movimiento transaccional de las organizaciones sin fines de lucro (ONG) y es propicio para presentar algunas señales de alerta asociadas a sus operaciones.
O’Connor fue acusada el pasado mes de febrero en una corte federal estadounidense de fraude a una organización caritativa y lavado de dinero, debido a los movimientos bancarios que realizó con el dinero de dicha entidad.
Entre los años 1986 y 2002, O’Connor se desempeñó como alcaldesa de San Diego, la segunda ciudad más grande de California. Sin embargo, su fortuna no provenía de su actividad política, sino de la herencia que le dejó su difunto esposo, quien era un empresario de la industria de restaurantes cuyos bienes superaban los US$ 50 millones.
A partir del año 2000, la ex alcaldesa desarrolló un fuerte vicio por los juegos de azar. Según las declaraciones de impuestos, sus ganancias fueron enormes, pero también sus pérdidas. Por tal razón, O’Connor contrajo enormes deudas con casinos de Atlantic City, Las Vegas y San Diego.
“A principios de 2008, como se refleja en los registros bancarios, la acusada tenía deudas pendientes con varios casinos. Con el fin de mantenerse a flote financieramente y continuar con su juego de altas apuestas, la acusada liquidó sus ahorros, vendió numerosos bienes inmuebles y subastó valiosos objetos personales. También obtuvo crédito hipotecarios sobre su residencia personal en California”, señala el sumario de la corte.
Uso y abuso de una ONG
Según el documento de conformación de la entidad caritativa R.P. Fundation, su objetivo era “recibir y mantener uno o varios fondos de bienes muebles o inmuebles, utilizar y aplicar la totalidad o una renta promedio exclusivamente con fines caritativos, educativos, literarios y científicos”.
Cuando los problemas financieros de O’Connor se agravaron, la ex alcaldesa consiguió en la fundación una fuente de recursos para pagar deudas y seguir jugando. Por tal razón, ordenó telefónicamente diversas transferencias entre septiembre y diciembre de 2008, desde la cuenta bancaria de la ONG hacia su cuenta personal por un monto total de US$ 1.039.000.
Luego, entre enero y marzo de 2009, O’Connor realizó nuevas transferencias y cobró un cheque emitido a su nombre con fondos de la fundación, que totalizaron otros US$ 1.049.000. Estas transacciones, que totalizaron US$ 2.088.000, son violatorias de los objetivos explícitos de la ONG y de su estatus de “sin fines de lucro”.
Con el objetivo de evitar pagar impuestos por el dinero procedente de la fundación, la jugadora lo declaró como un “préstamo”, pero esto no evito la acusación en su contra por ser una acción violatoria de los estatutos de la ONG.
Un juez federal le dio un plazo a O’Connor para que devuelva el dinero a la R.P. Fundation. De no hacerlo, enfrentará grandes multas e irá a la cárcel.
Recomendaciones de cumplimiento
Toda ONG debe ser sometida a una rigurosos procesos de identificación y de monitoreo de actividades. Es crucial para las instituciones financieras someter a las cuentas de las organizaciones de caridad a un monitoreo exhaustivo para reconocer los “indicadores” o las “señales de alerta” que requieran una mayor revisión. Algunos de esos indicadores se detallan a continuación:
- Transferencias cablegráficas o movimientos de dinero de las organizaciones de caridad a beneficiarios personales.
- Transferencias cablegráficas de las organizaciones de caridad a beneficiarios ubicados en países conocidos como bancos o paraísos fiscales, países de alto riesgo de lavado o jurisdicciones de alto riesgo asociadas a grupos terroristas.
- Ocultamiento corporativo: transferencias entre cuentas bancarias de las organizaciones de caridad y los directores o el personal de la organización de caridad sin ninguna razón aparente.
- Falta aparente de actividad de recaudación de fondos (p.e., carencia cheques por montos pequeños o donaciones típicas).
- Transacciones sin propósito económico lógico (sin relación entre la actividad de la organización caritativa y las otras partes involucradas en la transacción).
