Por Bennett Voyles y Brian Monroe.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció los esperados nuevos estándares internacionales que sirven de guía para la lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT), a la vez que emitió una revisión de la lista negra de jurisdicciones que mantienen deficiencias en el combate de estos delitos.
El principal cambio aplicado por el organismo fue la consolidación de las 40 Recomendaciones ALD y las 9 Recomendaciones Especiales Contra el Financiamiento del Terrorismo en un solo paquete de 40 Recomendaciones.
“Aprovechamos la oportunidad para consolidar y simplificar las normas en la medida de lo posible, pero es esencial tener en cuenta que no ha habido una minimización de la importancia de la financiación del terrorismo”, dijo el co-presidente del GAFI, Richard Chalmers.
En esta nueva edición de los estándares, GAFI exigen un mejor monitoreo de las transacciones relacionadas a funcionarios gubernamentales domésticos y la implementación de políticas basadas en el riesgo. Voceros oficiales del organismo informaron en Paris que los cambios aplicados buscan eliminar algunos vacíos dejados en la última revisión de las Recomendaciones que había hecho el GAFI en 2003.
El presidente del organismo, Giancarlo Del Bufalo, y otros voceros indicaron que la decisión de exigirle a los miembros la inclusión de los “delitos fiscales” como un delito precedente de lavado de dinero no implica que la organización se centrará en el futuro en la evasión fiscal.
Las autoridades dijeron que no estaban promoviendo una definición específica de “delito fiscal” y que los estados miembros pudieran seguir considerando a la evasión fiscal de manera diferente. El término aparece una vez en el documento de 125 páginas publicado el jueves por el organismo.
La promoción de la utilización de un sistema de control basado en el riesgo no debe interpretarse como una sugerencia de que los países disminuyan sus esfuerzos para prevenir los esquemas típicos de lavado de dinero, sólo que deberían prestar más atención a las infracciones más graves, dijo un funcionario del GAFI.
El enfoque basado en el riesgo debería ayudar a los miembros del GAFI a reducir los costos de su lucha contra el lavado de dinero y de los regímenes de financiación contra el terrorismo, explicó Del Bufalo.
El GAFI también pidió una mayor transparencia, más cooperación internacional en las investigaciones, la aplicación coherente de las sanciones financieras y ciertos poderes para las unidades de inteligencia financiera y las agencias de aplicación de la ley, incluyendo la capacidad para obtener datos adicionales de las entidades que reportan.
El organismo reiteró su advertencia sobre las transacciones vinculadas a Irán, señalando que si una jurisdicción no “da pasos concretos” para mejorar su financiación contra el terrorismo, la organización podría pedirle fortalecer las medidas contra la nación del Medio Oriente el próximo mes de junio.
El punto de vista de la organización sobre las personas políticamente expuestas (PEP) deberá ser bienvenido por los miembros, de acuerdo con Ross Delston, un abogado de Washington, DC, y consultor de la LMA.
El grupo informa que, además de examinar la actividad transaccional de políticos extranjeros y sus asociados, las instituciones financieras deberían tomar “medidas razonables para determinar si un cliente o usufructuario es una PEP doméstico”. Si un cliente se considera de alto riesgo, los departamentos de cumplimiento deben aplicar los mismos controles que tienen para los funcionarios públicos extranjeros.
Los examinadores del GAFI esperan que los países miembros apliquen controles a los PEP domésticos mediante una aproximación “basada en el riesgo”, dijo McDonnell.
La recomendación “empuja a los países a reconocer la realidad de que todos los políticos en todos los países representan un alto riesgo”, precisó Delston. “Hasta este momento, las grandes instituciones financieras multinacionales tratan [a los PEP] de esa manera, pero la diligencia debida es extremadamente variable en las instituciones más pequeñas”.
Sin embargo, Delston considera que las nuevas recomendaciones del GAFI mantienen una deficiencia importante: el lavado a través del comercio. “Es una ruta preferida [por lavadores] y lo ha sido durante años. Es tan fácil cambiar una factura y que haya colusión entre importadores y exportadores”, afirmó el experto.
Las nuevas recomendaciones son la tercera versión de las directrices del GAFI, que se elaboraron por primera vez en 1990. Aunque la agencia no tiene poder directo sobre sus miembros, en términos generales influye en las naciones a través de consultas, evaluaciones y el mantenimiento de su lista de jurisdicciones que cumplen poco o parcialmente con las recomendaciones del grupo.
