Por Verónica Moyano
El Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido la última semana en París, reconoció a la República Argentina como un país cuyo sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo funciona de acuerdo a los máximos estándares internacionales en la materia, retirando de esta manera al país de la “Lista Gris” de países sometidos a seguimiento intensivo por parte del organismo.
El GAFI notificó la decisión de eximir a la Argentina de la denominada lista gris a través de una resolución que fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien destacó:
“La resolución fue adoptada por unanimidad por los países que integran el GAFI, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Rusia y China, y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, quienes por otra parte han felicitado a la Argentina por este logro”.
Al mismo tiempo, el ministro aseguró que en la resolución se destacaron los avances realizados por el gobierno argentino no sólo por la magnitud de las medidas adoptadas, sino también por la rapidez con que fueron abordadas, señalando a su vez la sugerencia del organismo de que, a partir de ello, el país pase a “integrar los equipos especializados conjuntos internacionales del Gafi que auditarán a otros países”.
Años “grises”
La Argentina es miembro pleno del GAFI desde el año 2000. Cuando en el año 2009, el país recibió una visita del Grupo, el resultado fue su incorporación a la “lista gris” de países sometidos a un intenso plan de acción y proceso de seguimiento.
A partir del año 2011, el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG), que es el equipo técnico especializado facultado por el organismo para analizar en detalle el cumplimiento de los estándares fijados internacionalmente para la prevención del lavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo, comenzó su tarea de monitorear al país en su plan de acción en la materia.
En principio, una de las principales recomendaciones para el país, tenía que ver con que se realizaran reformas estructurales en materia legislativa y un ajuste integral del sistema administrativo.
En tal sentido, el país asumió el compromiso tomando diferentes medidas que lo acercaran a las expectativas del organismo y en función de lograr la adecuación a los estándares internacionales en materia ALD/CFT.
En las conclusiones de la 25 reunión plenaria del GAFI celebrada en junio de 2013, de la que participó Argentina, se expresó que el país se presentó al proceso de seguimiento desde la aprobación de su informe de evaluación mutua en 2010, habiendo avanzado lo suficiente en la aplicación de los requisitos técnicos y las principales recomendaciones.
En vistas de los avances realizados por el país, se aprobó la visita “in situ” de las autoridades de revisión del GAFI que tuvo lugar finalmente en septiembre pasado a partir de cuyo informe, el plenario reunido en París la última semana, determinó la salida del país de la lista de países bajo seguimiento intensivo.
Medidas adoptadas por Argentina contempladas por el GAFI
Entre las principales medidas que el gobierno argentino adoptó en pos de adecuar su sistema ALD/CFT a los estándares internacionales, se cuentan:
En materia normativa
– La modificación del tipo penal de lavado de activos, adecuándolo a la figura de “autolavado” y agrupándolo en el Código Penal, junto a otros ilícitos, bajo el título de “Delitos contra el Orden Económico y Financiero”.
– Tipificación de la responsabilidad de la persona jurídica.
– Incorporación del tipo penal de financiación del terrorismo.
– Regulación de la figura del decomiso anticipado.
Todo lo anterior contemplado en las leyes 26.683 que crea el capítulo 13 del Código Penal, la número 26.734, sobre delitos financieros y la número 26.733, sobre financiamiento del terrorismo.
En materia administrativa
La Unidad de Información Financiera:
– diseñó y puso en funcionamiento el dispositivo de “matriz de riesgo” utilizado para procesar información;
– incorporó un amplio universo de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas;
– definió infracciones y multas administrativas;
– reguló el congelamiento de activos terroristas;
– intensificó su rol como querellante en casos judiciales.
La Procuración General de la Nación, por Resolución PGN 914/12 creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), planteando como objetivo institucional honrar los compromisos internacionales asumidos por el país y elevar los índices de eficiencia en la persecución de la criminalidad económica organizada.
En función de estos cambios normativos y administrativos el ministro Alak, al presentar la resolución del GAFI, consignó algunas estadísticas:
•En el 2009 había 1500 reportes de operaciones sospechosas anuales mientras que en 2014 ascendieron a 40 mil, destacando: “ésto habla de la eficacia del sistema, cómo el sistema se amplió al participar muchos más sujetos obligados y empezó a generar mucha más información para ser evaluada por la Unidad de Información Financiera y luego por la justicia”.
•En 2014, se ha llegado a imponer sanciones a diversas entidades, especialmente a las bancarias, por 265 millones de pesos.
•El número de querellas en las que la UIF tuvo participación, aumentó a 50 en 2014, mientras que en 2009 sólo había una.
•En cuanto a condenados, mientras que en 2009 la cifra era de 3, en 2014 ascendieron a 13.
Implicancias para el país
Según manifestó el ministro de Justicia y Derechos Humanos al hacer pública la resolución del GAFI que retira a la Argentina del seguimiento intensivo, tal decisión es “una muy buena noticia para el país, en especial para el sistema económico y financiero”.
“Tiene mucha relevancia, porque una resolución contraria podría haber perjudicado a la operatoria financiera de la banca especialmente de la banca nacional”.
“Además le otorga a la Argentina una certificación internacional de que su sistema de lucha contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo tiene hoy todos los requisitos que exigen las máximas autoridades financieras del mundo y de los países que han impulsado el GAFI”, agregó Alak.
