Las autoridades argentinas consiguieron que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) les diera un plazo de 4 meses para continuar las discusiones del proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo, que es una de las principales deficiencias detectadas por los técnicos del organismo en sus evaluaciones.
Durante la reunión plenaria del ente multilateral que se realizó en París esta semana, El ministro de justicia, Julio Alak, y el presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, destacaron los avances logrados en el fortalecimiento de la estructura legislativa y operativa en contra de la legitimación de capitales.
A pesar de la reciente aprobación de la Ley Antilavado de Dinero (Ley 26.683) y de numerosas regulaciones, Argentina continúa en la llamada “lista gris” bajo evaluación y tendrá que aprobar la ley contra el financiamiento del terrorismo antes de la próxima reunión del GAFI prevista para febrero de 2012. De no cumplir con esta exigencia, pudiera ser expulsada del grupo.
El Congreso argentino analiza dos propuestas legislativas presentadas por el gobierno nacional este mes. Un de ellas contempla una reforma del Código Penal, en los títulos referidos al terrorismo y su financiamiento, donde se establecen penas de 5 a 15 años de prisión y multas a quienes “recolectaren o proveyeren” recursos para financiar actos terroristas.
“Que Argentina sea sancionada sería grave para el país y para todo el sistema financiero, pero el gobierno está implementando regulaciones y el congreso aprobando leyes sin tomar en cuenta a la parte más afectada, que somos el personal de cumplimiento y las empresas reguladas”, declaró a Lavadodinero.com un oficial de cumplimiento de una entidad financiera, quien pidió mantener su nombre en reserva.
Durante los próximos meses un grupo de técnicos del GAFI pudiera viajar a Argentina para verificar el proceso de implementación de lo establecido en la nueva ley antilavado, esto debido a que algunos países como España, Canadá, México y Estados Unidos han pedido que el organismo implemente algún proceso de monitoreo para garantizar que las nuevas normas se apliquen y cumplan.
“En los grandes bancos y empresas reguladas argentina ya se venían aplicando muchas de las exigencias basadas en estándares internacionales de diligencia debida, pero en las empresas de menos tamaño y en los nuevas sectores regulados el proceso de implementación de esta nueva carga regulatoria es más lento”, señaló el funcionario bancario.
