El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está evaluando la posibilidad de exigirle a las jurisdicciones flexibilizar sus leyes de privacidad de la información y pedirle a las empresas mantener información sobre sus dueños, como parte de la actualización que adelanta de sus estándares en contra del lavado de dinero (ALD) y del financiamiento del terrorismo (CFT).
Los potenciales cambios de las 40 + 9 Recomendaciones y guías del organismo sería un agregado a la revisión propuesta para octubre, según informó el organismo en un documento emitido el 27 de junio. Se espera que para el mes de febrero del próximo año la organización decida sobre 12 cambios propuestos para sus estándares antilavado de dinero.
En caso de que el GAFI adopte las últimas propuestas, los miembros del organismo tendrían que exigirle a las corporaciones ser responsables de “mantener información sobre sus beneficiarios finales”, con el fin de que sea accesible a los investigadores mediante sus representantes legales, las instituciones financieras o cualquier otro intermediarios autorizados.
Actualmente el ente multilateral le exige a los bancos y a los agentes conformadores de empresas que mantengan información sobre los beneficiarios finales de las empresas, pero los resultados de la última ronda de evaluaciones mutuas revelaron “un nivel de cumplimiento generalmente bajo”, precisó el organismo en el informe de junio.
“La naturaleza del lavado de dinero es ser complicado y ocultar la propiedad, haciendo muy difícil el encontrar quien es el verdadero dueño de una empresa, incluso si las autoridades tienen todos los poderes”, afirmó John Carlson, administrador principal del GAFI.
Por ejemplo, compañías foráneas que están protegidas por leyes de secretismo pueden actuar como accionistas de corporaciones domésticas, pero los gobiernos pueden exigirles a esas corporaciones domésticas que colecten y almacenen información sobre sus accionistas, para que los investigadores y autoridades fiscales puedan acceder a esos datos, indicó Carlson.
Algunas corporaciones pudieran encontrar dificultades para conseguir esa información, porque sus accionistas extranjeros pudieran estar protegidos por leyes de privacidad de la información y el negocio pudiera no tener poder legal para obtenerla, explicó William Clark, abogado de la firma Drinker, Biddle and Reath, LLP.
Si a los agentes o representantes de las empresas se les pide mantener la información de terceras partes, esto haría muy poco para acabar con las actuales “Shell companies” usadas para fines corruptos, advirtió Heather Lowe, consejera legal de Global Financial Integrity.
Hay un riesgo elevado de que las corporaciones domésticas alerten a sus accionistas cuando los investigadores hagan solicitudes de información, dándoles tiempo para mover sus bienes y esquivar más cuestionamientos, alertó la experta.
Si a los bancos se les exige mantener esa información, el pan pudiera significar un gran trabajo de cumplimiento, afirmó un oficial LSB de un banco estadounidense, quien pidió que su nombre no fuese revelado. “Nosotros estamos buscando información sobre el beneficiario final de las empresas, pero tratar de mantener el rastro de los directores que pueden ser miles, o mantener sus datos actualizados, parece que será demasiado”, indicó.
Otras recomendaciones
El GAFI también evalúa posibles cambios en las recomendaciones sobre las transferencias bancarias, el congelamiento de los bienes en los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y sobre la cooperación en las investigaciones internacionales que pueden ser saboteadas por las leyes de secreto bancario.
El grupo considera la opción de que sus miembros les permitan a sus bancos intercambiar información con otros bancos durante investigaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. El intercambio de datos, que requeriría excepciones de las leyes de privacidad, sería solo “cuando sea razonable y correcto hacerlo”.
Estas propuestas pudieran enfrentar argumentos políticos en algunos estados miembros del GAFI. El mismo Estados Unidos pudiera no firmar rápidamente un acuerdo para intercambiar datos sobre los beneficiarios finales de las empresas, según expresó Duncan Osborne, un abogado de Texas.
